Cada vez que abrimos la pantalla del ordenador y buscamos, aparecen bien a través de las páginas Web que habitualmente consultamos- como Aporrea- o a través del correo que nos envían nuestros camaradas y amigos, noticias increíbles que nos hacen parecer que habitamos un insólito país donde lo que considerábamos como parte de un mundo virtual se hace de repente una realidad inesperada. Realidad que nos afecta a todos de una manera u otra, y más aún cuando proviene o se origina en el seno de las instituciones u organismos que deberían ser respetados por nosotros mismos.
Uno de esos organismos o instituciones lo constituye el Tribunal Supremo de Justicia, el cual por su rango, fuerza y valor constitucional, debería de ser un modelo ejemplar y de orgullo para la Nación. Así debería de ser pero no lo es, sus magistrados llegan a considerarse como protegidos por una deidad divina, que los alienta y les permite burlarse de todos nosotros los venezolanos, incluyendo al propio Presidente de la República. Se ríen a carcajadas de nosotros y tienen la potestad de reírse aún más. No les importa nuestra opinión ni la que se emane de nuestras instituciones como el Poder Legislativo, que de paso fue la AN la que los seleccionó a ellos para ejercer los cargos que ocupan, o la del Poder Ejecutivo al que nunca se le ocurrió presentar dentro del paquete habilitante una Ley que permitiese destituir de sus cargos a los magistrados corruptos, falsos e ineficaces.
Estos son los funcionarios públicos que en lugar de velar al lado de otras instituciones, como son las Fuerzas Armadas Bolivarianas, por la seguridad, estabilidad e integridad de la Nación, más bien conspiran y atentan contra esta tierra que desgraciadamente los vio nacer.
No escapa la Fiscalía General de la República con su combo de jueces del cuanto hay pá eso, de una situación similar a la del TSJ. En su seno existen jueces capaces de engavetar procedimientos judiciales que atenten contra la estabilidad la Nación.
Por un billete maldito se les compra su identidad y sus conciencias. Ya de esos casos tenemos para rato y los que faltan... Se acordará bien el señor Presidente de la República, los casos pendientes de gobernadores y alcaldes que parecen gozar de una inconmensurable impunidad, semejante a la de los dueños de los medios de comunicación que enferman y han enfermado a un porcentaje considerable de nuestra población. Han sabido disociar con la mentira y la perversidad a la gente que luego manejan a su antojo. Todo esto está bien sabido por la mayoría de los venezolanos, aunque siempre existe la posibilidad de disociar, sólo que el engaño no le funcionará fácilmente ni eternamente.
Me voy a permitir tratar el caso del TSJ que hoy para mí fue noticia. Me he enterado que el ciudadano Presidente de la República, se ha comportado con dignidad revolucionaria al abstenerse de asistir a la sección solemne de apertura del Año Judicial 2009; sección que tuvo lugar el día 27 de enero del presente año en la sede de ese tribunal.
Es de suponer que su actitud fue de una protesta tácita contra la política que se ha desarrollado en el TSJ. Según opiniones diversas, el comportamiento de la Sra. Luisa Esteba Morales Lamuño de Acosta al frente del TSJ deja mucho que desear y se comenta que ahora el funcionamiento del TSJ es peor que en años anteriores.
El propósito de éste artículo, no es el de dilucidar detalles sobre el comportamiento particular de algunos jueces o magistrados del TSJ, es más bien el de alertar al gobierno Nacional y a la ciudadanía en general, acerca de la clase de institución con la que actualmente contamos para defender legalmente nuestra Patria.
Me he enterado también, de que en la Sala Constitucional se maniobró con destreza y picardía para lograr la forma de evadir los pagos del impuesto sobre la renta por parte de los Magistrados del TSJ. Es bueno recordar que el ciudadano común, aún con la más alta preparación que pueda llegar a tener, no cobrará nunca en la vida la bicoca de 500 millones de bolívares por concepto de aguinaldos y eso también sucedió con los Magistrados del TSJ en el pasado mes de noviembre.
No se como le parecerá a usted señor Presidente esa “bella” bonificación de fin de año, Creo que usted no tiene una bonificación semejante a fin de año.
Yo leo sus artículos señor Presidente, no se si alguna vez lea usted uno de los míos.
Quizás algún alto personero del gobierno lo pueda leer por mera curiosidad y consideré que es útil transmitirle sobre el contenido del mismo.
Desde hace ya bastante tiempo (Dos años) específicamente el 25/02/07, en un artículo titulado “El talón de Aquiles” publicado en éste diario “Aporrea”, me permití abordar el tema de la revocación o expulsión legal de los magistrados del TSJ o de los jueces que laboran para la Fiscalía General de la República, en el caso de que ellos se vean comprometidos con algún delito que afecte la integridad de la Nación o cuando se demuestre que están involucrados en hechos notables de corrupción, o pretendan hacer juicios amañados por prebendas políticas o por dinero.
Esa vulgaridad del “Cuanto hay pá eso” bebe ser penalizada fuertemente por la ley con cárcel y decomiso del dinero proveniente de bajas artimañas.
Ese sería un buen inicio para una verdadera campaña contra la corrupción. Es imprescindible entender que no se le puede dar chance al corrupto para que abandone el país y se burle a carcajadas de las autoridades y de todos nosotros los venezolanos.
Para implementar los mecanismos necesarios de hacer justicia, la AN debe obligatoriamente ocuparse de la elaboración de una Ley que le permita sacar de su cargo a cualquier Juez o Magistrado de la FGR o del TSJ, cuando se le compruebe el delito cometido. Al definir la AN con toda precisión el tiempo que ellos deben estar en sus funciones, la AN estaría también en el deber de valorar el comportamiento de esos funcionarios y así determinar si deben ser reelegidos o destituidos.
Si ella los seleccionó para los cargos que ocupan, pues ella también debe tener el derecho de revocarlos cuando cometa delitos o por su ineficacia o ineficiencia.
Sólo dos cosas hacen falta para obtener el éxito e instaurar dentro de la AN una ley que funcione de verdad contra ese tipo de delincuencia: BOLAS y DECISIÖN.
No pueden existir en un proceso revolucionario privilegios que estimulen el delito y la corrupción ni privilegiados que se beneficien y luego se burlen de nuestras instituciones públicas, del poder del Estado y que tengan además, la facultad hasta de conspirar y atentar contra la estabilidad democrática con toda impunidad.
Piénsenlo bien señor Presidente y demás miembros de los poderes del Estado, si es que se puede permitir que la justicia sea manejada por grupos oposicionistas que atenten contra la seguridad del Estado. Piénsenlo bien. Hacer justicia da votos.
alexriver870@hotmail.com