Al Estado en su interés de explotar el petróleo desde la perforación hasta la refinación les importa un comino las condiciones mínimas de seguridad en las condiciones de trabajo como el derecho a respetar las convenciones colectivas. Las comunidades vecinas a los sitios de refinación tanto en Amuay y Cardón, como en Puerto La Cruz y El Palito, unas planificadas y otras no, son un monumento al riesgo por parte del Estado al admitir viviendas al lado de unas “bombas de tiempo” necesarias para mantener la voracidad capitalista de ingentes ingresos por la venta de petróleo y sus derivados. Las condiciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo o las paradas regulares y planificadas en las refinerías, son las peores en muchos años y no se pueden esconder. Las actas y notas de denuncias de los delegados de prevención, salud y seguridad laborales son constantemente burladas e incumplidas sus correcciones por la burocracia roja rojita designada por PDVSA.
En el caso de la tragedia sucedida en Amuay, se palpa inmediatamente que desde hace muchos años, desde la cuarta república y la quinta actual, nunca se debió permitir disponer de concentración humana cercano a un sitio tan peligroso como esa área de almacenamiento. La PDVSA de la “revolución bolivariana y socialista” ha permitido que tanto la ubicación de un destacamento militar como un campamento de sus familiares, así como el área de viviendas en el campamento de Judibana, se encuentren adyacentes al patio de tanques y en particular a donde se ubican las esferas de gas (Alta Presión) de la refinería. ¿Necesitábamos que lo que pasó sucediera para saber de las condiciones de alta peligrosidad para sus habitantes? Para el gobierno bolivariano es el petróleo y sus derivados lo que importa porque con sus dólares se sostiene el Estado de los capitalistas.
El ministro y presidente de PDVSA, Ramírez, confirmó que media hora antes se había detectado la fuga de gas pero no dijo si alguien dio orden de desalojo de todos los que vivieran cercanos al sitio, menos apenas conocida las señales de presencia de gas sentidas desde mucho antes en los que habitan el campamento. Para los burócratas de PDVSA en la refinería de Amuay tal plan de desalojo no estuvo contemplado pues lo prioritario era su funcionamiento y no la vida de los que viven en riesgo aledaños a ella. Las responsabilidades legales como penales deben ser establecidas y en ese sentido no se puede designar una comisión dirigida por los mismos responsables, eso es pagarse y darse el vuelto. Es primordial crear una comisión que responda a los agraviados y no a los victimarios.
Esa comisión debe ser elegida por los propios trabajadores y las comunidades afectadas, debe tener todos los derechos en acceder a todas las instancias y registros para alcanzar la verdad y se sepa quiénes son los violadores de la seguridad que causó tantas muertes en ese momento y de otros tantos trabajadores en los últimos años. A los trabajadores petroleros es obligatorio que PDVSA les garantice la seguridad pues laboran en una bomba de tiempo, del mismo modo debe proceder a reubicar a un sitio seguro las viviendas, servicios o comercios aledaños a la planta.
El “saboteo” está por toda Venezuela
Las carreteras abandonadas y repletas de cráteres por muchos años desde antes de la campaña electoral, las malas condiciones del transporte colectivo por tierra y aire, los hospitales, las escuelas, la vivienda, los servicios más básicos como la energía eléctrica, el agua potable, el gas, las plantas industriales, el armamento en las prisiones y fuera de ellas, todos son el pan de cada día del “saboteo” para todos los venezolanos de las comunidades. Permitir continuar esta situación es avalar el crimen al suceder tantas bajas por estas condiciones de riesgo.
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