Desatada la imaginación hasta los límites de las agallas, llegaron los Comandos y terminaron resbalándose sobre conchas de chipichipi en las playas de Venezuela. Muchos memes hemos disfrutado sobre este evento, que ha pulverizado la idea de un pueblo llano estúpido y expectante, incapaz del ejercicio de su derecho a vivir en paz.
Supresión de la soberanía nacional, pseudorrealidad, dictadura representativa de intereses foráneos, y anulación de derechos humanos. Esta es la suma de la política en manos del G-4, alianza de partidos que ejercen la actividad más visible de la oposición. Esta alianza, en sí misma, muestra su composición ideológica y la estructura corporativa que la forma: prófugos de la justicia que habitan en embajadas y en países miembros de la OTAN, autoproclamados y gente de distinto pelaje delictivo.
La contratación de la empresa sicaria Silvercorp define, como acto en sí mismo, el concepto que tiene el G-4 sobre la Soberanía Nacional: una simple venta para el aprovechamiento del territorio y de sus habitantes. La frase "Todas las opciones sobre la mesa" está recogida exactamente en el conjunto de cláusulas del contrato suscrito por WhiteDog, JJ Rendón, Vergara y Gudró. Las opciones de asesinar al Presidente de la República, a los principales funcionarios, y masacrar al pueblo llano que se enfrente a la situación; las opciones de recibir pagos con petróleo tal como lo hace el Estado Islámico, y la inimputabilidad de los mercenarios y otros operadores en el territorio;... Las más de cuarenta páginas del contrato Silvercorp-Rendón constituyen la visión mayamera de la soberanía de los estados.
La pseudorrealidad es algo fuera del control, incluso, de los propios medios de comunicación; las líneas editoriales están supeditadas absolutamente a los intereses de sus propietarios. Esa es una larga historia que ahora suma la de las redes sociales, creadoras de guerras psicológicas en las calles ficticias de las ciudades virtuales. Toda verdad es relativa en tanto depende del nivel de caradurismo o descaro del agente que declare. JJ Rendón, por ejemplo, no tiene prurito en decir que firmó un contrato a modo de "exploración"; es decir, está en el horizonte de las posibilidades considerar las opciones de asesinato, masacre, y robo, invasión, venta al extranjero de los bienes de la nación y explotación masiva de recursos, sobrepasar derechos humanos y apropiarse indebidamente de cualquier cosa por encima de todo y de todos, al mejor estilo del Tercer Reich. Eso es sólo una contratación exploratoria y, tratándose de un contrato previo, ¿cuál es el problema? Su rostro de delincuente caradura no da marcha atrás en cuanto a haber considerado la firma de un contrato semejante con tales componentes. La realidad carente de moral.
El apremio de los más poderosos grupos transnacionales por asir el petróleo venezolano, aún no supera al de los intereses empresariales internos. Quizá, según la narrativa de Panampost, el problema que sobrepasó a Yordan Gudró, el dueño de la empresa mercenaria, fue conseguir el financiamiento de empresarios dispuestos a empeñar su nombre, marca y poder, para sacar a Maduro. Esto seguramente tiene muchas lecturas, pero es relevante que los empresarios no colocaron su nombre delante de los operadores políticos: su papel es ir detrás. Una contratación de esta naturaleza imponía grupos empresariales foráneos, que en nada significan alianzas favorables en un territorio acostumbrado desde hace varios años al mercado cautivo propio que ha sido generado por el bloqueo económico. Y esto último es un fenómeno provocado por la misma oposición y que ha resultado de su conveniencia. El G-4 ha sido una aplanadora en esta materia, pues suscribe y defiende la democracia representativa y, lo que es aún peor: la representatividad de intereses extranjeros. El robo de CITGO para su entrega a EEUU, a cambio de míseros montos que han vuelto ricos a unos pocos, es un claro ejemplo de este ejercicio doctrinario.
Por último, el tema de la anulación de los derechos humanos como parte de la Doctrina Silvercorp del G-4, se revela en la inimputabilidad de los mercenarios y de cualquier operador político que requiera protección frente a la posible masacre del pueblo venezolano. Sin embargo, esto es una continuidad de la política de desconocimiento de los derechos civiles de los venezolanos por parte de la oposición más extremista. En esta materia, y entre otras acciones recientes, el Autoproclamado ha mostrado claramente la relación proporcional entre la clase política impostora y el pueblo llano: a un inútil diputado vendepatria le asigna indebidamente y sin cualidad para eso, un sueldo mensual de 3000 a 5000 dólares, pagado de presupuestos desconocidos; frente a esto, el Autoproclamado promete un bono único de 100 dólares que quizá, posiblemente, y si sobra de los montos robados al país, entregará en algún momento futuro a los trabajadores de la salud en Venezuela. Sobre esto último, estos diputados vendepatria que cobran indebidamente entre tres mil y cinco mil dólares, ¿conocen de qué presupuesto sale este supuesto sueldo? ¿Cómo, siendo diputados y hacedores de leyes, justifican la asimetría salarial, indebida y proveniente de fondos desconocidos, existente entre ellos y el resto de los trabajadores venezolanos?
¡¡N O V O L V E R Á N!!
