El embargo espurio ejecutado por la Exxon-Mobil contra PDVSA, le ha revelado con una crudeza inusitada a los venezolanos de hoy, la contradicción política central que caracteriza al sistema capitalista contemporáneo en su fase imperial, expresada ésta, en la acción de las grandes corporaciones transnacionales (CT) intentando permanentemente imponer sus intereses, pasando por encima la voluntad soberana de los estados nacionales. Cuando éstas no logran sus propósitos echando mano al viejo ardid del soborno y las negociaciones amañadas -tejidas en la sombra mediante la “eficiente” manipulación de políticos, burócratas, contratistas o profesionales apátridas corruptos que le sirven de soporte- aplican su poder crematístico en las instancias jurisdiccionales u organismos regulatorios internacionales para controlar sus decisiones. Si ninguno de estas dos estrategias, establecidas en su código de conducta surte el efecto esperado, pasan del chantaje sutil a la presión directa, a través de la amenaza de intervención militar, la cual como sabemos han aplicado históricamente los estados que las “cobijan” y en el siglo XX, de manera notable, ha sido ejercida por el imperialismo estadounidense en América Latina y el Caribe. Por último –tal como ocurrió en la invasión y ocupación de Irak- en nombre de la preservación de su “seguridad nacional”-que ellos “confunden” con la seguridad internacional- a sangre y fuego, proceden a realizar dicha intervención, no sin antes realizar una labor de ablandamiento de la opinión pública mundial -a través de sus enormes tentáculos mediáticos- para justificar su acción en nombre de la defensa de la “libertad” y la “democracia occidental”.

El gobierno bolivariano ha sido consistente en la formulación y aplicación de una política de defensa y rescate de la soberanía –comprometida seriamente por las políticas neoliberales del pasado reciente- sobre los recursos naturales y en general, del derecho de los pueblos y estados a decidir su futuro, ubicándose en la misma línea doctrinaria que trazó Juan Pablo Pérez Alfonso. Desde el mismo momento que se instaló en Miraflores, el gobierno revolucionario marcó una pauta nacionalista y antiimperialista, con su política exitosa de rescate de una OPEP agonizante, herida de muerte por el alineamiento del gobierno venezolano de entonces -conducido en esa oportunidad en materia petrolera por Erwin Arrieta, Luis Giusti y sus “meritócratas”- con el interés estado norteamericano y de las grandes transnacionales, el cual siempre se orientó a envilecer el precio del petróleo mediante la sobreproducción por una parte, y por la otra, al estímulo de las contradicciones internas en el seno de dicha organización, a través del fomento de la competencia entre los países miembros -en medio de una “guerra de precios”- por el acceso al mercado de los grandes consumidores. Esa misma política suicida sirvió de justificación para impulsar un agresivo y ambicioso plan de inversiones destinado a incrementar el volumen de la producción petrolera, financiado con la aplicación de un endeudamiento masivo de la industria para hacerla privatizable a precio de gallina flaca y la entrega a las CT del control de yacimientos petrolíferos importantes ubicados en la faja petrolífera de Orinoco y en campamentos ya explotados y supuestamente “marginales”, con el argumento de que el Estado y PDVSA no tenían ni la capacidad tecnológica ni la financiera para adelantar las cuantiosas y costosas inversiones requeridas para extraer y procesar el crudo, “no quedando por ello otra opción que aceptar las condiciones leoninas impuestas por las petroleras a cambio de que realizaran las inversiones requeridas”.

Los tecnócratas de PDVSA con la “sapiencia” de que hacían gala en esa oportunidad, defendieron vehementemente la tesis la “apertura petrolera” -que fue como bautizaron el paquete petrolero desnacionalizador- manejando tres “hipótesis”. La primera, que los precios del petroleros se mantendrían bajos y estables por muchos años; la segunda, que países petroleros emergentes como Vietnam y China estaban compitiendo fuertemente por captar las inversiones de la CT con esquemas de contratación aún más “flexible y abierto” que el que estaban ofreciendo a Venezuela y; la tercera, que la baja potencialidad de los llamados “pozos marginales” hacían riesgosas e inciertas las inversiones directas de PDVSA y por lo tanto, que más bien éstas debían concentrase, en la explotación de los crudos medianos y livianos con reservas certificadas y de menores costos de producción. ¿Qué ocurrió después de la puesta en marcha de la apertura petrolera?. Primero, los precios del petróleo se incrementaron hasta niveles inimaginables debido, no solo a factores imponderables, sino también, a causas previsibles como el crecimiento sostenido de la demanda energética de países emergentes como India y China y, las limitaciones estructurales de la capacidad de refinación entre otros; segundo, la presencia en la faja del Orinoco tenía para las CT un sentido estratégico y por ello buscaban allí fundamentalmente su posicionamiento en la primera reserva petrolífera del mundo, aunque su participación fuese relativamente modesta como en efecto lo fue, con lo cual no necesariamente estaban renunciando a la explotación de yacimientos en Vietnam, China u otros; tercero, los mal llamados “pozos marginales” estaban “buchones” y en lugar de 100.000 b/d o 200.000 b/d terminaron produciendo un volumen que supera los 600.000 b/d, con lo cual podríamos estar en presencia de un inmenso fraude a la Nación inducido por los tecnócratas de PDVSA, que la Fiscalía y la Contraloría debería investigar a fondo. En resumen, ninguno de las “hipótesis” fueron confirmadas por la realidad, lo cual como mínimo es una evidencia de la incapacidad gerencial y la falta de solvencia técnica de la cúpula “meritocrática”, la cual le ha producido una severa lesión al patrimonio de la Nación.

Simultáneamente al desarrollo de la política de rescate de la OPEP, el gobierno bolivariano avanzó en darle una nueva direccionalidad a la industria petrolera nacional, mediante la promulgación de la Ley de Hidrocarburo en la cual se sentaron las bases para lograr la reversión de la apertura y el rescate de la soberanía petrolera. Esto último, hizo que se precipitara la confrontación del gobierno con la élite burocrática de PDVSA colonizada por las CT y sus aliados, los medios de comunicación devenidos en factores políticos activos, las cúpulas de FEDECAMARA, la CTV y los partidos políticos residuales de la IV República, los cuales no se resignaban a perder sus privilegios ni la migajas recibidas por los verdaderos “rectores” tras bastidores de la industria. El golpe del 11A, el sabotaje petrolero del 2003, los eventos de plaza Altamira, la guarimba y la sucesión de acciones desestabilizadoras que se desencadenaron después que el Presidente decidió designar la Junta Directiva de PDVSA en el 2001, se inscribieron en esa ofensiva literalmente reaccionaria, que ubicó en el mismo bando de la Exxon-Mobil y sus “hermanas menores”, a los actores opositores internos señalados.

La denuncia de los contratos operativos de los campos “marginales” y la recuperación del control por PDVSA de los proyectos de la faja -asociaciones estratégicas- y su sustitución por empresas mixtas con participación de las CT respectivas, a través de acuerdos resultantes de un largo proceso de negociación sustentado en el respeto a la constitución, las leyes, los contratos firmados por el Estado y los derechos económicos de los socios, en términos generales, constituyeron una estrategia inteligente y exitosa del gobierno revolucionario y, lo que quizás mejor demuestra esta afirmación es que sólo los consorcios estadounidenses Exxon-Mobil y Conoco-Phillips dejaron de firmar los contratos de conversión a empresas mixtas y las negociaciones con ésta última aún están en proceso y según parece van por buen camino, quedando por fuera solo la primera.

La actitud de la Exxon-Mobil de violentar el contrato al acudir a una instancia jurisdiccional –sin competencia jurisdiccional para tratar el litigio- para solicitar el embargo de activos de PDVSA hasta 12.000 millones de dólares, no habiéndose agotado la negociación y el arbitraje previsto en el mismo, tiene una connotación más política que económica. Primero, porque esa cifra está muy por encima de lo que realmente le corresponde a la CT como indemnización y; segundo, porque los activos que respaldan a PDVSA tienen un valor certificado al menos diez veces superiores a esa cifra, siendo una operadora del negocio petrolero en el ámbito internacional poseedora de cuantiosas inversiones internas y externas sometidas a regulaciones “offshore”, con suficiente capacidad y solvencia para responder por sus obligaciones internacionales, lo que evidencia la falta de sustento de la medida. Lo único que justifica ésta acción desproporcionada de la Exxon-Mobil es la combinación de intereses entre el gobierno imperialista de Bush interesado en hostigar al gobierno bolivariano -en el marco de la estrategia desestabilizadora en marcha del “soft coup” o golpe suave- y, la Exxon-Mobil interesada en enfrentar la política de soberanía petrolera del gobierno bolivariano mediante la creación de un “efecto demostración”, que opere como una amenaza sobre los países petroleros que intenten aplicar políticas similares de rescate de sus recursos naturales.

La confrontación entre Exxon-Mobil y PDVSA forma parte de la contradicción entre el poder del capitalismo global representado por la CT y los Estado Nacionales Soberanos, la cual se expresa permanentemente en diversos escenarios a escala planetaria. Las CT presionando sin descanso para imponer sus designios amparadas en la ideología neoliberal –precursora de supranacionalidad de las regulaciones comerciales bajo su égida- cuyo discurso es convertir al mundo en un gran mercado bajo sus dominios, mediante la demolición del “viejo” edificio de la soberanía nacional de los países del tercer mundo, liquidando de una sola vez la aspiración de éstos al desarrollo humano sostenible, a la superación de la pobreza, la exclusión, la desigualdad social y a su liberación definitiva del yugo imperialista neocolonial, mediante la construcción de proyectos nacionales integrados en el marco de la cooperación sur-sur.

Ante esta confrontación, en la que se compromete la soberanía del Estado y del pueblo venezolano sobre el manejo de su petróleo y de sus recursos naturales en general, ningún venezolano que realmente sea tal -independientemente de sus diferencias con el gobierno- podría dudar jamás que su puesto de lucha siempre estará en la trinchera de su patria para enfrentar a los que pretenden pisotear nuestra dignidad de pueblo libre y soberano. Frente a la agresión imperialista no podemos tolerar medias tintas y quienes han asumido posiciones en contrario, deben ser señalados, reconocidos y juzgados como traidores a la patria

gamarquez2@yahoo.com