En Colombia el gobierno ofrece dinero a quien delate, capture o de muerte a guerrilleros, bueno, no los llaman así, los llaman como dicta la moda del imperio: “terroristas”.

En otras palabras, el Estado fija un precio por la cabeza de seres humanos, premia la traición, la delación y el asesinato.

Entre las muchas noticias de “terroristas” abatidos, la mayoría era en realidad el asesinato de muchachos reclutados como paramilitares, vestidos con ropa militar, asesinados para ser presentados y cobrar así la recompensa.

Estos hechos, que son básicamente escándalosos y que podrían ser objeto de un amplio debate público internacional, apenas son noticia una sola vez y luego desaparecen sin que ningún medio les de seguimiento.

Este mutismo mediático no sólo oculta este proceso de compra y venta de almas, también es testigo silencioso de otros fenómenos sociales como el sicariato, la parapolítica, el paramilitarismo, los desplazamientos de campesinos por la violencia, el crecimiento desmesurado de los índices de desnutrición y pobreza, los delitos perpetrados por militares estadounidenses y el incontenible desarrollo del narcotráfico que marca la vida de las clases más pobres y hasta la del presidente Álvaro Uribe.

En Colombia el poder lo ejerce directamente Estados Unidos. Los narcotraficantes colombianos que no están vinculados a la estructura de este poder y son detenidos, no son juzgados por tribunales colombianos. Son extraditados a Estados Unidos y rinden cuentas antes sus jueces “naturales”. En la prensa internacional tampoco se discute este tema.

Entonces, ¿qué elementos inciden para que el escándalo no se produzca mientras Colombia sucumbe en manos de la parapolítica, la paralegalidad, la paraeconomía y el áspero simulacro de democracia’

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique de España, dijo en una ocasión que luego del poder económico o financiero -que mueve los hilos del mundo- se ubica el poder mediático.

“Es el aparato ideológico de la globalización, el sistema que en cierta medida constituye la manera de inscribir en el disco duro de nuestro cerebro, el programa para que aceptemos la globalización. Este sistema ideológico es el aparato mediático en su conjunto. Es decir, lo que dice la prensa, lo repite la televisión y la radio, y no sólo en los noticieros, sino también en las ficciones, en la presentación del tipo de modelo de vida que se puede presentar”.

Ese poder mediático es el que domina los sectores más rancios de la oligarquía y del aparato político colombiano, el que decide -en concordancia con el Gobierno- sobre lo que se debe o no informar. Mientras el Estado, agradecido por los favores recibidos, concede ciertas ventajas fiscales, económicas y de participación política, a espaldas del sistema judicial nacional.

No obstante, aunque callen los medios y amparen un río de hehos ilegales e inmorales, hay ciertos hechos que alcanzan el rango de noticia aislada en los principales diarios del planeta.

Cazarrecompensas

En Colombia existe un sistema de asesinatos similar al del viejo Oeste de Estados Unidos, cuando las autoridades ofrecían pagar recompensas a quienes dieran captura o muerte a delincuentes buscados por la ley.

El 1 de julio de 2007 el diario estadounidense El Nuevo Herald publicó que “11 diputados colombianos asesinados en cautiverio y en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), murieron, al parecer, en medio de fuego cruzado entre captores que los cuidaban y cazarrecompensas que buscaban cobrar los 2.5 millones de dólares que el Gobierno ofrecía por cada uno de los ocho miembros del Secretariado de esa organización”.

El Nuevo Herald atribuyó estas declaraciones a fuentes militares y analistas vinculados al ministerio de Defensa, quienes añadieron que el Gobierno también mantiene ofertas de aproximadamente 800 mil dólares por líderes de las Farc de segundo nivel, 100 mil por los de tercero y 70 mil por los de cuarto.

Sobre este tema, el diario español El Mundo publicó que “once diputados colombianos secuestrados en 2002 han resultado muertos a consecuencia de un tiroteo con un grupo militar sin identificar”. El Heraldo de Honduras, reseñó que los parlamentarios “fueron asesinados en cautiverio, en un confuso episodio”.

Sicariato

En septiembre de 2008, un artículo publicado por Radio Caracol denunció que el sicariato se convirtió en una de las mayores preocupaciones de las autoridades en la ciudad de Medellín. Ese año hubo más de 400 muertes violentas.

En febrero de 2009 el periodista colombiano Héctor Veloza Cano, redactor especializado en justicia del diario El Tiempo, se refirió a estos asesinos a sueldo en una entrevista concedida a La Nación de Argentina.

“En Colombia es común el sicariato. Existen las llamadas oficinas de cobro: bandas al servicio del narcotráfico que tienen como misión hacer ajustes de cuentas (...) Es posible que se les utilice para cobrar un seguro o para venganzas, pero en el 99% de los casos, los sicarios están al servicio del narcotráfico”, manifestó.

El Tiempo también reseñó que en los primeros siete meses de este año van 1.081 homicidios, casi 40 más que todos los registrados durante 2008 (1.044), según datos avalados por la Secretaría de Gobierno de Medellín, para una media de 5 asesinatos por día. La mayoría de los fallecidos son miembros de las mismas bandas que avalan el sicariato.

Uribe y el narcotráfico

El problema del narcotráfico en Colombia tiene tanta profundidad y complejidad, que hasta el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ha sido señalado como parte del problema.

Uribe aparece en un documento desclasificado confeccionado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) en 1991, donde se enumeran a los narcotraficantes más peligrosos del continente americano (disponible en www.scribd.com).

En el documento, Uribe se ubica como el narcotraficante número 82, justo después de Pablo Escobar Gaviria, y el informe reseña que se ha dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno.

Sobre sus nexos con Escobar, la periodista colombiana Virginia Vallejo, ex amante del capo de la droga, publicó años atrás un libro donde confesó pormenores de su relación con Escobar y dice haber conocido al actual Presidente, a quien su amante le tenía mucho aprecio. Los principales medios privados del mundo no hacen eco de este asunto.



Adicionalmente, en abril de 2008 las autoridades de Colombia detuvieron en Bogotá al ex senador Mario Uribe Escobar, primo del Presidente, acusado de presuntos nexos con paramilitares. La cadena RCN se refirió a la petición de asilo político que Uribe Escobar solicitó a la embajada de Costa Rica, pero dejó pasar su posterior arresto cuando la solicitud le fue negada.

Parapolítica

El diario El País de España informó en abril de 2008 que 28 congresistas colombianos fueron detenidos y otro grupo investigado por presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización ilegal paramilitar responsable de la llamada parapolítica.

En esa ocasión, El Nacional informó que al menos 56 congresistas o ex congresistas, la mayoría de la coalición oficialista, son investigados por la Corte y la Fiscalía por sus presuntos vínculos con las paramilitares AUC, estando detenidos cerca de 30 de ellos.

El caso más sonado fue la renuncia de la ex ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araujo, el 19 de febrero de 2008, quien dimitió tras fuertes presiones, luego que la Corte Suprema de Justicia ordenara detener a seis congresistas por presuntos vínculos con grupos paramilitares, entre ellos su hermano el senador Alvaro Araujo Castro.

La Corte también solicitó a la Fiscalía investigar al ex ministro Alvaro Araujo Noguera, padre de la canciller, acusado de su presunta participación en un secuestro y en la conformación de grupos paramilitares, y por el delito de concierto para delinquir, publicó el diario español El País.

Paramilitarismo

La Organización No Gubernamental (ONG) Indepaz denunció, en 2008, que existen 76 grupos paramilitares identificados, con 8 mil 924 efectivos, ubicados en 25 departamentos del país. Estos grupos se dedican al narcotráfico, secuestro, extorsión y parapolítica. El gobierno de Uribe ha sido acusado por su relación con paramilitares y dicen que el 80% de los parapolíticos son uribistas.

El diario El Tiempo, en mayo de 2007, señaló que varios documentos del Pentágono desclasificados revelaron que, desde los años sesenta, Washington propicio la creación del paramilitarismo en Colombia como medio para combatir las “guerrillas comunistas”.

“Esta estructura debe usarse para presionar las reformas que se necesitan, llevar a cabo funciones de agentes dobles, de contrapropaganda y, según sea necesario, desarrollar actividades paramilitares, de sabotaje y terroristas contra conocidos comunistas”, dice el texto.

Desplazados

Un informe de las Naciones Unidas (ONU) de junio de 2009, dice que en todo el planeta hay 42 millones de desplazados, y Colombia está entre los más sufridos, junto a Irak, la región de Darfur (Sudán), el Congo y Somalia.

Con tres millones de personas desplazadas por la violencia del conflicto interno, Colombia es uno de los países que más desarraigados tiene en el mundo. Eso dice la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en su informe anual de 2008.

En junio de este año Radio Caracol confirmó esta información y añadió que entre 130 mil y 140 mil Colombianos están viviendo refugiados en Ecuador y otros 118 mil aproximadamente en los tres estados fronterizos de Venezuela.

El Mundo de España reseñó a EFE en julio pasado y publicó que hasta 380 mil colombianos se convirtieron en desplazados sólo en 2008, lo que supone un aumento de más del 24% con respecto a 2007. Agrega que entre 3 y 4 millones de personas viven desplazadas en su propio país y otro medio millón ha huido a países vecinos, convirtiéndose en refugiados.

El Tiempo destacó días atrás que el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en Colombia, Christophe Beney, señaló que además de la cifra de desplazados, la Fiscalía reporta unas 40 mil personas desaparecidas y un importante número de víctimas por detonaciones de minas antipersonales.

Desnutrición

El senador colombiano Gustavo Petro señaló en su momento que 20 mil niños murieron de desnutrición en el año 2006. Radio Caracol informó en 2007 que según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a índice de desnutrición, con al menos 5,9 millones de casos.

No obstante, en marzo de este año, Radio Caracol nuevamente refirió que, según la FAO, el 12% de los menores de cinco años en Colombia sufren de desnutrición crónica, 1,3% de desnutrición aguda y 7% de desnutrición global, es decir que están muy por debajo de su peso de acuerdo a su edad. En conclusión, más del 20% de los niños y niñas menores de cinco años padecen algún tipo de desnutrición.

Pobreza

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) del Gobierno sostiene que actualmente de los 44 millones de colombianos, cerca de 20 millones son pobres. Hasta diciembre de 2008, la pobreza en el país llega al 46%, la pobreza urbana es de 39,8% y la rural es de 65,2%. En relación a la pobreza extrema el índice se ubica en 17,8%.

Las cifras del Dane se asemejan a las del informe de la FAO, reseñado por Radio Caracol este año, que refleja que el 49,2 por ciento de la población del país se considera pobre y que la pobreza extrema en el país bordea el 14,7 por ciento, es decir cerca de 7.4 millones de la población nacional, se consideraba indigente.

Por su parte el diario La República del Perú, informó en mayo pasado que unos cinco mil niños mueren cada año en Colombia por desnutrición y doce de cada cien (12%) sufren de hambre, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Unicef también calcula que para 2009 en Colombia hay unos 35 mil niños y niñas vinculados a la explotación sexual. Según el mismo estudio la cifra se ha triplicado en los últimos tres años, y la edad en que se induce al abuso se ha reducido incluso por debajo de los 10 años.

Todo esto a veces se informa, pero sólo se menciona como una noticia más, algo que pasa, qie es así, pero no se discute.

Inmunidad estadounidense

En el año 2006, una niña de apenas 12 años de edad fue ultrajada, maltratada y violada por dos efectivos militares estadounidenses. La agencia de noticas EFE informó que los implicados en este hecho estaban en labores relacionadas con el Plan Colombia.

Con asesoría de la Corporación defensora de Derechos Humanos (Reiniciar), la madre de la menor vio como en el pasado mes de abril, la Fiscalía colombiana argumentó que el proceso contra los militares había sido trasladado a EEUU, porque en Colombia gozan de inmunidad.

El Universal de Venezuela, confirmó la información de Fiscalía, argumentando que no se pudo realizar la investigación porque los acusados estaban protegidos con la inmunidad.

No obstante, Radio Caracol se refirió al hecho de la siguiente forma: “La investigación por la presunta violación de una niña colombiana en Melgar por parte de militares en los Estados Unidos se encuentra paralizada por dificultades de procedimiento, aseguró el canciller Jaime Bermúdez”.

El debate en el Senado de Colombia, sobre el caso de la menor violada, fue levantado por falta de quórum. Aún así, no se descartan otros casos de abusos que serían ocultados por los medios y las víctimas serían acalladas por el Gobierno.

Todo esto esposible por los acuerdos militares “entre iguales” firmados por Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, si un militar colombiano comete un delito en Estados Unidos, será juzgado por tribunales de Estados Unidos.

Actualmente, Colombia otorgará siete nuevas bases militares a contingentes estadounidenses, y los militares seguirán gozando de inmunidad como la tienen en todas las bases militares extranjeras distribuidas en el mundo.

Narcotráfico

Durante los últimos años el Congreso de Estados Unidos ha incrementado el presupuesto destinado al financiamiento del Plan Colombia, alcanzado para 2009 la cifra de 720 millones de dólares. Si bien el Plan Colombia supuestamente tiene como objetivo la erradicación del narcotráfico, ocurre que a más Plan Colombia, mayor es la producción de drogas. Las cifras de la la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lo confirman.

Desde la firma de ese acuerdo, hasta la fecha, han pasado once años. Según la UNODC, durante ese período Colombia se ha convertido en el mayor productor de cocaína del mundo y amenaza con ser también la mayor fábrica de heroína de América Latina, mientras paralelamente Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína.

El Espectador de Colombia reseñó en junio pasado que Colombia sigue siendo el primer país del mundo en cultivo de planta de coca y producción de cocaína. Sin embargo, agregó que ambos aspectos disminuyeron “bastante” en 2008 respecto a 2007, atribuyendo este último dato a la ONU.

Contrariamente, La República de Uruguay reseñó este año también que, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) de la ONU, los cultivos de coca en Colombia se incrementaron en 27%. Esta información también fue publicada por Radio Caracol en la misma fecha.

Asesinatos de periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que entre 1993 y 2007 han sido asesinados en Colombia 125 periodistas. En 57 de los casos se comprobó que los asesinatos están relacionados con el oficio, otros 49 fueron por causas ajenas a la actividad y en 21 casos aún no se ha establecido el móvil.

De estos expedientes sólo se han impuesto condenas en 16 o 12 casos, todos a autores materiales, otros 16 procesos se han archivado, están suspendidos o hay resolución inhibitoria y 25 casos quedaron en la recolección de pruebas.

Sobre el tema, la SIP dice que “la escandalosa impunidad en los casos de crímenes es un factor que alimenta la violencia contra los periodistas”. Además, exige “mayores esfuerzos para que se haga justicia y no se siga debilitando la libertad de prensa”.

Pero la SIP, lejos de hacer algo, permite que la mayoría de los grandes medios de este club no diga nada frente al asesinato de los periodistas. Después de todo, ellos son los patronos y los asesinados son sólo empleados de medios que no logran ingresar a este “selecto” club distorsionado por la CIA.

Para cubrir el escándolo que podría producir estos asesinatos, el perfil de 16 periodistas asesinados, elaborado por la SIP, señala que estaban “vinculados a pequeñas emisoras o periódicos de pequeñas poblaciones en las distintas regiones colombianas, con una importante presencia de los grupos armados”.

Una investigación a cargo de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP determinó, no sólo que 70% de los asesinatos vinculados a la profesión de periodismo están en la impunidad, sino que ningún autor intelectual ha sido condenado y encarcelado.

Monopolio mediático

Pero el Gobierno colombiano es un aliado estratégico de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de las principales transnacionales mediáticas privadas del mundo. Por tal motivo, en el ámbito comunicacional siempre han contado con el apoyo de la prensa internacional.

El actual presidente de la SIP es Enrique Santos Calderón, periodista colombiano codirector del diario El Tiempo desde 1999. Pertenece a la oligarquía tradicional que durante muchos años ha estado a la cabeza de este medio.

Su abuelo fue Enrique Santos Montejo “Calibán” y el hermano de éste fue el ex presidente Eduardo Santos Montejo, quien fuera dueño del diario. Igualmente, es hermano del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y primo hermano del actual Vicepresidente del Gobierno colombiano, Francisco Santos Calderón.

Esta familia es socia del grupo español Planeta, dueña de varias cadenas de radio y la planta televisiva Antena 3. Su grupo editorial es propietario del tercer canal de televisión de Colombia, City Tv, de cadenas de cine y de innumerables portales de internet.

Adicionalmente, es dueña del 48% de la Revista Cambio y comparte la propiedad de TV Cable Bogotá, la mayor empresa de servicio de televisión por suscripción en Colombia, junto a la familia Pastrana y los grupos Santo Domingo y Ardila Lulle, quienes también son propietarios de RCN.

Definitivamente, tienen acciones en los principales conglomerados comunicacionales colombianos, monopolizando la libertad de prensa a favor de sus intereses y haciendo que los tentáculos de este poder lleguen más allá de las fronteras colombianas.

Por ello, Santos no denunciará el hostigamiento al que es sometido el pueblo colombiano, acosado por el gran monopolio mediático que quiere obligarlos a pensar tal como ellos ordenen.

La familia Santos ha manejado el país tomando como catapulta El Tiempo, el único diario colombiano de circulación nacional y además ha estado siempre al servicio incondicional de la casta dirigente. Por si fuera poco, en cada departamento poseen un diario para mandar, hacer y deshacer: El País en Cali, El Colombiano en Medellín, Vanguardia Liberal en Bucaramanga, Diario La Frontera en Cúcuta y El Heraldo en Barranquilla.

Adicionalmente, si el pueblo colombiano escapa a los medios de los Santos, les queda como opción el monopolio radial y televisivo del grupo español Prisa, propietarios de Caracol. Las cadenas RCN y Caracol son voceros casi oficiales del Gobierno de turno, admiradores de los empresarios avaros, los ricos comerciantes y, en general, de los dueños del capital.

Las condenas



La sede principal de la SIP está en Miami, Florida (EEUU). El peso que tiene Estados Unidos en este organismo es tan fuerte que, generalmente, las decisiones que se toman deben contar con la aprobación de la administración norteamericana. Por ello, difícilmente saldrá una condena hacia Colombia desde allí, por ser la nación suramericana un aliado estratégico de Washington en América Latina.

La alianza estratégica queda demostrada en cifras: el Congreso aprobó al Departamento de Estado 520 millones de dólares para el Plan Colombia, otros 200 millones al Departamento de Defensa para el mismo objetivo militar y está pendiente un adicional de 200 millones de dólares para fortalecer su “guerra contra el terrorismo y el narcotráfico” en Latinoamérica.

Otros 46 millones se aprobaron para mejorar las instalaciones de la base de Palanquero en Colombia, una de las siete nuevas instalaciones militares que Bogotá ha puesto a disposición de EEUU para que incremente su alcance militar a toda la región suramericana, donde existen Gobiernos adversos a su política neoliberal.

Igualmente, Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, mientras Estados Unidos es el principal consumidor. En otras palabras, si cae la economía de aquel, también caerá la de éste.

Entonces, EEUU controla los organismos internacionales y la política comunicacional en el continente, son los precursores del paramilitarismo, buscan a través del Plan Colombia manejar el negocio de la droga y promueven el militarismo en la región, como forma de política de dominación.

Mientras tanto, Colombia necesita el financiamiento que recibe anualmente por concepto del Plan Colombia (casi mil millones en 2009), porque ese es el dinero que invierte para potenciar el negocio del narcotráfico y su narcoeconomía, como denunció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y así también puede complacer a EEUU, su principal comprador.

El periodista Hernán Carrera, en un artículo publicado en ABN, explicó que anualmente se mueven algo más de 50 millones de kilos de sustancias ilícitas, objeto de persecución feroz y guerra a muerte. Esta cantidad reporta aproximadamente 500 mil millones de dólares de ganancia, según expertos de la ONU, Fondo Monetario Internacional y Drug Enforcement Administration (DEA).

Carrera reseña que Catherine Austin Fitts, ex funcionaria del gobierno de Bush padre y actual directora de un fondo de inversiones en Wall Street, calculó que por cada dólar sumado en el renglón ganancias de una transnacional, se produce un incremento de 6 dólares en el valor de sus acciones.

Entonces, “si se multiplican por seis los 500 mil millones del narcotráfico, cedidos en préstamo a bajo interés, o incluso en canje simple por acciones, son 300 billones de dólares, perfectamente legales, cambiables, usables, a mutuo beneficio. Un monto que no conviene dejar al alcance de potenciales competidores”.

De allí se comprende la real importancia del negocio de la droga en el mundo, un elemento que mueve la economía y la política colombiana y que no conviene reflejar a la luz pública. De allí se entiende la represión de la libertad de expresión en Colombia, porque une escándalo mediático de enormes proporciones, indudablemente, resquebrajaría la indivisible alianza colombo-estadounidense.

La SIP, en manos de Washington, mueve los hilos del imperio mediático, empleando influencias políticas y financieras -por ser EEUU la primera potencia económica mundial- para regular las informaciones y la actividad periodística, en detrimento del bienestar y los gritos de justicia de millones de colombianos.


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