“La nacionalización arrodillada”, tituló una nota fuertemente crítica del ex ministro de hidrocarburos Andrés Soliz Rada, el autor del decreto de nacionalización del 1º de mayo del 2005. El gobierno de Evo retrocedió frente a la presión de las multinacionales, borrando en gran parte los avances del decreto de nacionalización del 1º de mayo del 2006. También cedió una y otra vez frente a la oligarquía de Santa Cruz y repuso en el poder al prefecto derechista Manfred Reyes Villa, depuesto por la insurrección de Cochabamba. ¿Adónde va Evo?
La firma de los contratos petroleros con las multinacionales Petrobrás, Repsol YPF, la francesa Total, la norteamericana Vintage, Chaco, British Gas, Andina, Matpetrol, Canadian Energy, Dong Won y Pluspetrol fueron un retroceso respecto al decreto y a las promesas del gobierno. A tal punto que el ministro Andrés Soliz Rada renunció por este motivo. La presión más fuerte provino del gobierno de Lula, que actuó como mandadero de las multinacionales, incluyendo a Petrobrás que, lamentablemente, está también asociada a las multinacionales imperialistas.
Según Soliz Rada: “Los ingresos promedio para el país, con los nuevos contratos fluctuarán entre el 51 y el 74 %, manteniendo, con pocas variantes, el nivel establecido por la Ley 3058 del 2005 lo que implica un retroceso respecto del frustrado Decreto de Na-cionalización de 1º de mayo del 2006, y está muy lejos del 96 % de renta petrolera que, según el gobierno, se había logrado con los acuerdos mencionados. Lo cierto es que el gobierno avanzaría más si sus altos dirigentes mintieran menos”.
Soliz Rada había propuesto que las acciones que compraba YPFB (la empresa estatal boliviana) se pagaran con las multas que habría que cobrar a las multinacionales por los años de fraude al Estado boliviano, por haber operado con contratos ilegales y por otros fraudes comprobados. Pero Evo Morales dejó de lado estos legítimos reclamos y pagó por las acciones. Los contratos se firmaron después de un escándalo, cuando se descubrió que un técnico del Ministerio estaba cambiando algunas cláusulas a favor de las multinacionales.
En resumen, los nuevos contratos permiten a los pulpos mantener áreas exclusivas de explotación, de exploración y operación por un periodo prolongado; pueden inscribir las reserva en sus balances; obtienen el reconocimiento de las inversiones que dicen haber realizado (sin que se verifiquen); YPFB esta asociada en forma minoritaria en los yacimientos en explotación. La propiedad efectiva, la posesión y el control de los hidrocarburos continúan en manos de las multinacionales. El único avance real es que tienen que pagar más impuestos.
¿Es lo mismo que los gobiernos anteriores?
Todo esto no significa que no haya algunos avances. El gobierno de Evo Morales no es igual al de Sánchez de Losada o al de Carlos Mesa. También es distinto a los gobiernos de Kirchner o Lula, entregados al imperialismo. El gobierno de Evo es el subproducto de un poderoso proceso revolucionario que comenzó en el 2000 con la guerra del agua en Cochabamba, que derribó al presidente Sánchez de Losada con la insurrección de octubre del 2003 y que derribó a su sucesor Carlos Mesa en otra rebelión en el 2005. Las elecciones y el triunfo de Evo Morales en la primera vuelta, fueron impuestos por una colosal movilización de masas. Una de las consignas más sentidas de esa movilización fue y es la nacionalización de los hidrocarburos.
Esto dio origen a un gobierno encabezado por un indígena, con un gabinete adonde hay dirigentes sociales, con fuertes lazos con el campesinado y en especial con los cocaleros, y que a la vez trata de conciliar cada uno de sus pasos con la oligarquía, manteniéndose dentro del capitalismo y enfrentando al imperialismo solo en forma muy parcial. Esto es lo que el vicepresidente García Linera llama “capitalismo andino”. Pero, por supuesto, este camino está plagado de contradicciones y choques, porque no se puede quedar bien con todos. Bolivia sigue manteniendo tropas en Haití, que reprimen al pueblo haitiano.
Respecto al tema hidrocarburos, después del retroceso que significaron los contratos, este 6 de mayo, el gobierno decretó la nacionalización de las refinerías de Petrobrás, pagando por ellas el mismo precio al que las compró Petrobrás en la década del 90.
También decretó la nacionalización de la fundición de estaño de Vinto (Oruro), de la que se había apoderado COMSUR, de GSL, y transferido a Glencore, del delincuente Mark Reach, socio del ex presidente Sánchez de Losada. Anunció que controlará la mayoría del paquete accionario de la Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL), hoy en manos de Euro Telecom, de Italia, y ha abandonado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Pasos positivos que muestran cierta independencia del país.
Los mineros de Huanuni lograron un triunfo estratégico para el futuro de la minería estatal, que la COMIBOL (empresa minera estatal) contratara a 4000 nuevos mineros (ex cooperativistas) como trabajadores regulares de la empresa. Ahora son 5000 mineros en Huanuni, mina que funciona bajo control obrero, que da ganancias al estado y permite la recuperación de la clase obrera minera. Este triunfo no fue gratuito, lo lograron luego de un choque armado con un saldo de 16 muertos y 100 heridos, con los mineros cooperativistas, manejados por intereses empresarios privados, y después de imponer que se fuera el ministro de Minas que había puesto Evo, agente de los intereses privatistas.
También se logró una ley de reforma agraria, con una gran movilización y marcha campesina indígena desde el oriente, que permite el reparto entre campesinos de tierras fiscales y tierras improductivas. Es un triunfo, aunque no soluciona el problema agrario, porque la mayor cantidad de tierras sigue acaparada por latifundistas.
¿Adónde va Evo?
La respuesta a los hechos de Cochabamba en enero y la ilegalización de las huelgas en mayo, mostraron que el gobierno de Evo Morales y García Linera no está dispuesto, de ninguna manera, a romper los moldes capitalistas y de acuerdo con la oligarquía (ver notas páginas 31 y 9).
Respecto a la Asamblea Constituyente, el gobierno cedió casi totalmente a la presión oligárquica y probablemente ésta termine su mandato sin haber acogido ninguna demanda popular significativa (ver nota página 33).
Los 100.000 docentes y 20.000 trabajadores de salud que se declararon en huelga en mayo, querían un aumento del 20%. Por encima de la inflación del 6%, pero que apunta a una recuperación del salario, algo elemental en cualquier proceso de cambio social progresivo. El gobierno no solo les dijo que no, sino que ilegalizó las huelgas y amenazó con despidos masivos. Fue aplaudido en su actitud por los diarios de derecha, que generalmente lo atacan despiadadamente.
El 1º de mayo, al cumplirse un año del decreto de nacionalización, Evo Morales hizo un acto en Plaza Murillo (frente a la casa de gobierno en La Paz). Antes del acto concurrió a una marcha que hizo la COB (Central Obrera Boliviana), presionando para que concurrieran a su acto. Sin embargo la COB realizó su propio acto en Plaza San Francisco (a 3 cuadras del acto de Evo). El presidente anunció un sueldo mínimo de 525 bolivianos. Pedro Montes, máximo dirigente de la COB señaló: “Este incremento es una vergüenza, en vez de mejorar el estándar de vida de los trabajadores, lo empeora mucho más por el aumento del costo de vida. Es insignificante, es una burla a la clase trabajadora. Exigimos un incremento que por lo menos permita vivir dignamente”. Mario Bustamante, dirigente de la COB, denunció que “el anuncio de nacionalización fue un engaño, el gobierno firmó nuevos contratos pero no recuperó los recursos naturales”. Evo contestó que “no se puede expropiar a las multinacionales, pues necesitamos inversiones” (diario El Deber).
Cada vez se hace más necesaria una alternativa política de los trabajadores que retome con toda la fuerza la lucha por la “agenda de octubre”. La insurrección de Cochabamba, la huelga general del pueblo de Camiri en febrero reclamando la nacionalización total de hidrocarburos, las luchas de los mineros de Huanuni exigiendo la nacionalización de la minería, las huelgas por salarios de docentes y trabajadores de salud y los reclamos de la COB, muestran el camino a todo el pueblo trabajador boliviano. Solo con la movilización independiente se podrá derrotar a la oligarquía de la Media Luna e imponer una profunda revolución agraria, la expulsión de las multinacionales, trabajo y salarios dignos para todos.
*Correspondencia Internacional, publicación de la Unidad Internacional de Trabajadores-Cuarta Internacional
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