Por estos días los trabajadores/trabajadoras universitarias, comienzan a mostrar signos de agitación en nuestras universidades públicas, propiedades del pueblo venezolano, y administradas en su mayoría por la contrarrevolución, por ahora. La razón de esta intranquilidad, tiene que ver con la inclemencia como viene afectándoles las medidas económicas devaluacionistas adoptadas, meses atrás, por el Gobierno Revolucionario, cuyas incidencias más fuertes ya comienzan hacer mella en el presupuesto popular, quien ve con asombro como día a día todo sube, sin que sus salarios lo hagan en la misma proporción. Esta situación los ha llevado a retomar la lucha por las deudas acumuladas que dejó la gestión del ex ministro, Luis Acuña, algunas de las cuales ya tenían fecha de acuerdo de pago, como por ejemplo la de la actualización de la UT de los tiquet de alimentación 2009: febrero de 2010, sin que se le haya dado cumplimiento; para junio, está planteado honrar la deuda por concepto de retroactivo de la prima de antigüedad 2009 y lo referente a la corrección de la fórmula opsu, para el cálculo de los bonos de vacación y de aguinaldo. Además de lo referente al aumento salarial, el cual no recibe este sector de trabajadores/trabajadoras desde 2008, lo cual refleja lo mellado que deben encontrarse los salarios de este sector de la clase trabajadora.
Aunado a estos factores, el descontento de los obreros/obreras universitarias se acrecienta por un beneficio Constitucional, que va aparejado con su esfuerzo diario y tiene que ver con los intereses que les genera en la banca la colocación de sus Prestaciones Sociales, lo que se conoce como el Fideicomiso, algunos compatriotas lo llaman el “Fidel”. El Fideicomiso viene a ser la retribución anual al esfuerzo de dejar intactas sus Prestaciones Sociales, en la banca nacional, específicamente, en el Banco Central de Venezuela, ente financiero que resguarda íntegramente los dineros provenientes de nuestra clase trabajadora de los entes públicos, ofreciéndoles remuneraciones de las más altas del mercado financiero nacional, un promedio sobre el 17%, correspondiente al período 2009-2010, Tasa de Interés Aplicable al Cálculo de los Intereses sobre Prestaciones Sociales, determinó el BCV para estas inversiones.
Si algo caracteriza una Revolución, cuando es verdadera, es que todo lo que esté a su alcance, está en proceso de revisión y proclive al cambio para mejor. En el caso que hacemos mención, no podía ser menos. La Opsu, al igual que el conjunto de las instituciones que conforman el Estado burgués, que aún subsiste, es una institución con un alto componente de neoliberalismo, recuérdese que fue de dicha institución de donde surgió el Tabulador Salarial Neoliberal de Luis Fuenmayor, así llamado por los trabajadores/trabajadoras universitarias; de allí emergió lo que se conoce como la “fórmula Opsu” para el cálculo de los bonos de vacaciones y aguinaldos que se les aplicó a los trabajadores/trabajadoras universitarias desde el 2000 en adelante, expropiándoles de una parte considerable de este beneficio, lo que llevaría al SinatraUCV a dirigirse al MINPPTRASS y solicitarle una revisión de la misma, la cual ya se hizo y se evidenció, según Dictamen emanado de ese ministerio, que efectivamente sí se estaba expoliando este beneficio en perjuicio de ese sector de los trabajadores/trabajadoras, lo que originó una deuda que, a la fecha, no ha sido honrada por el Estado Revolucionario. Pues bien, es de ese organismo público de donde salen las instrucciones para cancelar los beneficios del sector laboral universitario, en este caso el Fideicomiso obrero, es por ello que, a mediados de marzo el hoy director de la Opsu y Ministro del sector universitario, Prof. Edgardo Antonio Ramírez se dirigió a las autoridades universitarias remitiéndoles el “instructivo para el pago del 8,5 %, como anticipo a cuenta de los intereses de antigüedad generados por el personal docente y de investigación, personal administrativo, profesional y técnico adscrito a las Universidades Nacionales y el Fideicomiso para el personal obrero, correspondiente al año 2010…”
En dicho instructivo les informa que el 8,5% tiene basamento en decisiones del CNU correspondientes al Acta Nº 217 (personal docente y de investigación) de fecha 20-02-1990 y el Acta Nº 275 (personal ATS) de fecha 26-11-1993; el beneficio se corresponde, como siempre ha sido, a un mes de salario integral. Para el sector obrero, corresponderá el Fideicomiso y como bien lo establece dicho instructivo: “Las tasas de interés son la estipuladas en la Ley Orgánica del Trabajo (1991) y calculadas por el BCV en función de los intereses pasivos del mercado de ahorro del país, las condiciones del mercado monetario y la economía en general. Para las tasas a partir del 19 de junio de 1997 (fecha de vigencia de la nueva LOT) y años subsiguientes, se tomó la tasa promedio pasiva de depósitos a plazo de 90 días de los 6 principales bancos comerciales del país, publicadas por el BCV…”, más claro no canta el agua, Rafael Caldera y su ministro Teodoro Petkoff, todavía penden como una espada de Damocles sobre las espaldas de los trabajadores/trabajadoras de la Patria, así como en el pasado, les barrió con sus prestaciones sociales, con esa Ley antitrabajador/trabajadora, en común acuerdo con la CTV y Fedecámaras, hoy continúa haciéndolo pero, esta vez, con sus Fideicomisos. Por qué se toman en cuenta las tasas de la banca comercial, si el dinero está colocado en el BCV? Por qué la tasa promedio pasiva de depósitos a plazo de 90 días, si ha estado colocado 365 días?, la tasa, según ese factor, es apenas del 14% contra el 17% de los intereses generados por prestaciones de antigüedad colocados en el BCV. Es el fantasma de Rafael Caldera y su gobierno neoliberal, que todavía aprieta la yugular de nuestros trabajadores/trabajadoras universitarias, en provecho del gran capital. Urge que los sindicatos revolucionarios se avoquen a dar una revisión exhaustiva de esta problemática que, en última instancia, afecta el patrimonio de la familia universitaria, una nueva metodología debe surgir de estas revisiones en conjunto: Sindicatos-Gobierno Revolucionario, más justa, más social y que beneficie a ambos, en fin, a la Patria. Asimismo, debemos alertar a la Asamblea Nacional sobre la urgencia de una nueva Ley Orgánica del Trabajo, cónsona con el nuevo Estado de Justicia Social enarbolado por la Constitución Bolivariana. Conociendo el compromiso revolucionario del Ministro Edgardo Antonio Ramírez, estamos convencidos que eso será así, solo queda que los sindicatos revolucionarios tomen la palabra y asuman la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras universitarias, la mesa está servida…
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