Tal cual lo prescribe nuestra Constitución, los venezolanos vivimos en una democracia participativa y protagónica desde que fue aprobada en referéndum en 1999, por lo que cada uno de nosotros para poder hacer de ese mandato constitucional, letra viva, tenemos el derecho irrenunciable de exigir y lograr que seamos escuchados por quienes fueron votados en elecciones libres para el ejercicio de los poderes públicos, más allá de sus colores políticos.
De manera que ante esa contundente realidad y dentro del nuevo período legislativo que se inicia en enero/16, los venezolanos todos debemos seguir consolidando tan sagrado derecho de forma tal que nadie se atreva a quebrantarlo, obviarlo o suprimirlo mediante cualquier tipo de argucias edulcoradas que pudieran ser planteadas dentro de un plan perverso dirigido a reformar ese marco constitucional.
Pero es que además de la obligación que tenemos de tomar las previsiones necesarias para garantizar la invulnerabilidad de ese sagrado derecho, nos corresponde batallar, a brazo partido, para fortalecer, mejorar y ampliar aún más los beneficios sociales que han recibido las mayorías nacionales desde que Chávez asumió la presidencia en 1999 y que hoy por hoy le son reconocidos al país por diversos organismos de la comunidad internacional, como la UNESCO por haberle ganado la guerra al analfabetismo, por ser hoy el segundo país en América en tener la más alta matrícula universitaria y el quinto en el mundo, por acabar con el hambre y por ello ser premiado por la FAO en cuatro años consecutivos (2012/13,14 y 15), por ser uno de los pocos países más felices del mundo, según sondeos de la universidad de Columbia y paremos de contar los miles de beneficios más que pudiéramos relacionar (pensiones, becas, construcción y refacción de miles de viviendas como nunca antes sucedió en nuestra Patria, etcétera).
De manera que asidos de ese mandato constitucional y convencidos como lo estamos de que el país todo condena de forma inclemente la corrupción, venga de donde viniere, le requerimos a la Contraloría General que de inmediato y en el término de la distancia ordene de forma sorpresiva, sendas fiscalizaciones a por lo menos tres contrataciones suscritas este año y escogidas al azar en cada uno de los entes descentralizados que construyen obras públicas, adscritos a los despachos del Ejecutivo Nacional y, por supuesto, que se nos den a conocer los resultados de esa gestión contralora a través de un medio de alta cobertura nacional, de manera que el pueblo todo los conozcan.
Vale agregarle a esa petición, que el máximo órgano de control revise la lista de los nuevos pensionados del VSS, pues vemos que más de 150 de ellos, los residenciados en el Distrito Capital, por ejemplo, se les identifica con cédulas cuyos números superan los 22 millones, lo cual apreciamos como muy extraño…
¡Sería formidable que el 2016 se iniciara con una cruzada implacable contra los corruptos!
