El pasado 8 de mayo, la ACFIMAN presentó un documento intitulado "Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios". Este escrito fue calificado por sus presentantes como un informe técnico elaborado con la asesoría de expertos en la materia, el cual se suma a varias otras publicaciones informativas sobre aspectos biológicos y epidemiológicos del SARS-CoV-2, coronavirus causante de la pandemia de la Covid-19. El informe claramente señala estar dirigido a la orientación de los ciudadanos y a aquellos sectores sociales con atribuciones en el diseño e instrumentación de políticas públicas para el mejor manejo sanitario de la epidemia, es decir el gobierno.
La Academia hizo lo que debe hacer según su misión y visión. Lo que deben hacer también las universidades y otros centros académicos venezolanos. Como reúne en principio a gente capacitada y con productiva trayectoria en las áreas de conocimiento de su competencia, sería lógico que sus opiniones fueran tomadas en cuenta. He venido insistiendo que el gobierno, a pesar de la información diaria que da sobre la pandemia de la Covid-19, no la maneja en forma transparente y que existe un sub registro de casos mayor que el que se ve en toda epidemia. He recomendado que deberían incorporarse otros expertos epidemiólogos y clínicos al equipo de salud oficial, para garantizar un manejo lo más eficaz posible tanto sanitario como terapéutico.
Con los datos existentes sobre el desarrollo de la epidemia en el país y en el mundo y aplicando ciertos modelos, mundialmente conocidos y en general aceptados, la Academia efectuó un estudio que le permite predecir, con cierto grado de aproximación, lo que puede ocurrir en el país en el futuro cercano. Ante los resultados obtenidos, hizo un alerta nacional sin estridencias sobre los peligros existentes para los próximos meses. El gobierno ha debido analizar el informe y convocar a la Academia a una reunión con el equipo sanitario oficial, para discutirlo entre conocedores de la materia y alcanzar un consenso sobre la forma de actuar. Ésta sería la actitud de un gobierno serio, preocupado realmente por su población, y no simplemente ansioso por llevarse todas las glorias de una supuesta victoria sobre el coronavirus.
Pero el inquisidor del régimen, al no poder rebatir técnicamente un informe serio, recurrió a amenazar con la visita de uno de los muchos cuerpos de seguridad que hoy existen. Algunos han hablado de intenciones ocultas de la Academia, algo imposible de saberse a ciencia cierta más allá de lo que digan públicamente sus miembros. Sería ingenuo no pensar que la subjetividad juegue un papel pese a tratarse de científicos ilustres, y más en la Venezuela dividida de hoy. Pero, las intenciones de las personas no son algo que se pueda conocer, pues están dentro de sus cabezas. Se las podría suponer distintas de las plasmadas en el informe, pero sería una suposición, y nadie puede ser acusado por supuestas suposiciones, ni siquiera por aceptar tener malas intenciones, si éstas no llegan a concretarse en actos evidentes.
Lo que sí es criticable y condenable es la amenaza y la persecución gubernamental de quienes, con el conocimiento en sus manos, demuestran que las cosas no se están haciendo bien. Acusar a quien enarbola la verdad de crear un clima de terror es inaudito, perverso e inaceptable. Es pretender que impere la falsedad y es condenar a la población a peores sufrimientos. Las academias, como las universidades, deben seguir trabajando y estar en lo político mas no en la política. Deben estudiar, analizar y juzgar los hechos políticos nacionales, establecer sus causas y sus consecuencias y hacer sus alertas y recomendaciones. Pero no deben estar en la política, es decir en la lucha por la toma del poder político, pues esta no es su función ya que para eso están los partidos y otras fuerzas sociales.
Apoyo el documento de la ACFIMAN como informe serio y cierto y repruebo que la respuesta haya sido la amenaza en lugar de la discusión y análisis conjunto de lo allí señalado.
