La nueva coyuntura histórica que vive actualmente el proceso revolucionario venezolano respecto a la reforma de la Constitución aprobada en 1999 supone la articulación de todos los sectores populares, democráticos, revolucionarios y patrióticos del país en un gran esfuerzo mancomunado para hacer de ella una reforma constitucional que privilegie en todo momento y en cualquier espacio la defensa de los derechos sociales y humanos, de la soberanía nacional en lo político, económico, militar y cultural, lo mismo que el libre ejercicio de la democracia, ahora fortalecida y sustentada por la construcción y definición del nuevo socialismo bolivariano.

Tal coyuntura exige la construcción consciente de un amplio y renovado movimiento popular nacional revolucionario que contribuya efectivamente a que los cambios propuestos redunden en el beneficio de una vida digna para todas las venezolanas y todos los venezolanos, tanto del presente como del futuro. Por ello mismo, debe mantenerse una actitud vigilante a fin de evitar que existan en el área económica atajos inadvertidos en la propuesta presidencial que pudieran ser utilizados por los enemigos del proceso bolivariano para adueñarse de recursos naturales y servicios públicos estratégicos al preverse, por ejemplo, la propiedad mixta entre el Estado venezolano y el empresariado privado, dándosele un rango constitucional. Esto le daría un piso jurídico inobjetable a la penetración del capitalismo transnacional en alianza con el capitalismo interno cuando lo que se supone es que se está implantando un modelo socialista en Venezuela, aunque se piense en que ello no podría ocurrir.

En la propuesta de reforma constitucional hay ciertamente modificaciones con ideas democráticas de avanzada, pero que no tocan el problema de fondo para acceder realmente a un socialismo bolivariano como se ha estado planteando en Venezuela en contraposición a la realidad dominante del sistema capitalista y los valores culturales que lo sostienen. Aunque debe reconocerse que la reforma en relación a la disminución de la jornada laboral y la intención de crear un fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia representan un avance que va en sentido contrario, en este último punto, a la tendencia globalizadora del capitalismo respecto a la privatización e individualización de la seguridad laboral, lo que ya es una ventaja favorable para quienes siempre sufrieron la explotación capitalista. En lo tocante a la jornada de trabajo de seis horas, es de advertirse que el empresariado pudiera ya adelantarse con algunos esquemas, a fin de evitar un impacto negativo, como lo es aumentar los precios de los productos, o intensificar la producción o la productividad para suplir lo dejado de producir en las horas que se dejarán de trabajar una vez que entre en vigencia el cambio de horario laboral.

En el aspecto laboral, si no hay medidas de parte del Estado venezolano que bloqueen o disminuyan la acción empresarial en detrimento de la estabilidad de la economía y de los trabajadores, el país podría verse envuelto en una situación de conflictividad laboral gracias a la utilización de cooperativas, trabajadores bajo contrato y jornadas a destajo, que causarían una precarización del trabajo, afectando con ello los diversos beneficios laborales acumulados por el trabajador y el nivel de desarrollo económico que tiene fijado el gobierno nacional para los próximos años. Esto requerirá de un mayor control estatal sobre las exportaciones y las importaciones, especialmente en lo atinente a las materias primas, de modo que no haya alzas de precios que disparen una espiral inflacionaria incontrolable, a semejanza de las naciones del sur en la década de los ochenta, lo cual pudiera revertirse eficazmente si el poder popular y comunal contemplados en la reforma constitucional actúan también sobre la economía, de un modo más contundente y efectivo que las instituciones públicas encargadas de ello.

Al respecto, sería necesario que los Consejos del Poder Popular, compuestos por trabajadores, campesinos, estudiantes y ciudadanos en general, se articulen en una sola fuerza de manera que el propósito fundamental de esta reforma de darle un mayor nivel de participación y poder al pueblo trascienda el marco estrictamente político, planteándose en consecuencia una ruptura frontal con la estructura de dominación capitalista, no limitada nada más a la producción sino incluyendo al sistema financiero, en especial si se toma en cuenta que se formula la prohibición de los monopolios y el latifundismo, con lo cual se dilucidaría la transición actual, creándose así las bases del socialismo bolivariano. De aprobarse y aplicarse esta propuesta constitucional se hará necesario que el pueblo disponga de un nivel de conciencia realmente revolucionario y socialista, ya que serán inevitables las confrontaciones y contradicciones con el capital privado, las cuales es preciso definir a favor de los intereses colectivos nacionales.

Además, los trabajadores y las trabajadoras de todo el país tendrán que plantearse seriamente el abordaje del socialismo como una alternativa revolucionaria frente a la alienación y la explotación deshumanizadora que les impone la división del trabajo, por lo cual resultaría bastante interesante que los mismos esbozaran el tipo de economía socialista a implantarse en Venezuela, de modo que se asuma conscientemente la construcción de este nuevo orden económico, más justo y democrático. Esta posición sería la más ajustada y de mayor consonancia con las luchas laborales, ya que la misma contribuiría a fomentar entre todos los trabajadores una conciencia de clase que trascienda el limitado marco de actuación legalizada en que se desenvuelven y sirva de soporte fundamental para la construcción del socialismo en el siglo XXI. Sin embargo, hay que advertir que la miopía y los esquemas representativos imperantes en la mayoría de las organizaciones sindicales, han ayudado muchísimo a mantener intacta la estructura capitalista que rige en la actualidad al dedicarse exclusivamente al logro de mejoras socioeconómicas parciales que no ayudan a superar la situación existente.

De igual forma, es necesario que se enfatice en el carácter independiente y constituyente del poder popular y del poder comunal, evitando que estos sean regulados legalmente porque no sólo se atentaría contra la independencia que debieran caracterizarlos, sobre todo, frente al poder constituido, obligándose a su burocratización, cosa que limitaría absurdamente su movilidad, su horizontalidad y, en especial, la espontaneidad de sus expresiones reivindicativas, anulándose su autodeterminación histórica frente a los factores dominantes y la mediocridad organizada en las diversas estructuras del Estado.

Tales advertencias tienen que ser asumidas por todos aquellos que realmente quieren que esta propuesta de reforma consolide los logros socialistas que se han adelantado hasta el presente en Venezuela, de modo que haya una ruptura con los paradigmas imperantes y un mayor protagonismo y una mayor participación de las masas populares en la construcción heroica del socialismo.-