En las discusiones políticas, y en muchas otras, el solo hecho de definir la posición propia no implica que se tenga la razón. El final de la exhortación de los obispos de la CEV es el principio de la discusión por cuanto define el Proyecto de Reforma como “moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina social de la Iglesia”.

Esta afirmación excluye por definición a todo aquél no creyente en tal doctrina y olvida el carácter laico del Estado Venezolano insubordinable a cualquier doctrina religiosa. De manera que no es aplicable el calificativo de inmoralidad para el Proyecto de Reforma porque está inspirado en los más elevados valores morales y éticos de la condición humana, soslayados por la CEV, y se encuentra más allá de los dogmas de la Doctrina de la Iglesia Católica.

La reorientación política, económica y social del Estado venezolano implica el cambio de rumbo transitado por la República, definido en las Constitución de 1961 y un ajuste a la Constituyente de1999, porque se requiere con urgencia un camino político alterno a los postulados de la globalización de la economía mundial y con la misma premura a la organización social del pueblo. No se trata de inmoralidades. Se trata de dotar al Estado de herramientas para desarrollar una nueva concepción política y social a pesar de la descalificación moral del documento de la CEV

No debe extrañar ni llamar al temor y a las “preocupaciones” el hecho de que se introduzcan reformas a la reciente Constitución del 99. Esto sólo indica que el Gobierno está atento al dinamismo económico y social que vive el mundo y se requiere adaptar los instrumentos constitucionales para poder ejecutar las tareas indispensables.

Venezuela ha vivido los postulados del capitalismo en todas sus formas y variantes dictadas como dogmas religiosos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio y demás instituciones dueñas aparentes de la verdad y del mundo. Venezuela observó los más estrictos principios económicos de la globalización del mercado viendo empobrecer su pueblo, viendo transitar la miseria por las calles sin perspectivas de solución, porque la exclusión social, moralmente inaceptable, se entronizaba caminando sobre un mar de petróleo hipotecado a los intereses económicos trasnacionales.

Desde 1998 se ha propuesto al pueblo venezolano abandonar esta desgracia social por una nueva vía que es preciso inventar y construir fuera de los postulados que nos condujeron a la miseria. Con el Proyecto de Reforma se profundiza el diseño para lograr los fines propuestos.

En ninguno de los artículos del Proyecto de Reforma se define el Estado venezolano como “Socialista marxista-leninista, estatista”. Esta afirmación pertenece a los prelados de la CEV, perseguidos todavía por el “fantasma” anunciado por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista (1848) o más posiblemente por el del Senador Joseph R. McCarthy, con el que se atemorizó, persiguió y vilipendió desde 1940 a cualquiera que haya osado diferir del pensamiento económico y político capitalista. Vale recordar a los prelados venezolanos, que solo se trata de construir un Estado más justo para los más desposeídos. Es bien acomodaticio pontificar que ni el “capitalismo salvaje ni el socialismo marxista” son necesarios para resolver los graves problemas socio económicos que aquejan a los pueblos pobres y que sí puede hacerse con la “justicia social y la auténtica caridad”….. sin definirlas.

La justicia social concebida por el Proyecto de Reforma va más allá de la caridad pregonada por la exhortación de los prelados, porque le confiere al ser humano la condición de dignidad que le pertenece, por el solo hecho de existir. La caridad es una sumisión indignante que derivada de la compasión del que más tiene hacia el menguado de recursos. Esta indignidad queda cancelada con la elevación de la condición humana perseguida por la Reforma Constitucional. La justicia social se concibe necesariamente como una condición de igualdad social porque no puede existir aquélla sin el prerrequisito de esta. La concepción del Poder Popular como una condición que nace de los grupos humanos organizados, constituye una forma avanzada de democracia que está más allá de sufragios y elecciones para devolver a la condición de humanos organizados la tenencia del poder soberano. Y este avance pasa a ser “patrimonio de todos los venezolanos sin exclusión”.

Debe agregarse que, si bien para los católicos “Dios nos ha creado como personas libres”, el capitalismo nos ha vuelto esclavos miserables sin posibilidad de redención dentro de la globalización de la economía. El Proyecto de Reforma explora otros horizontes que merecen el respaldo del pueblo pobre cansado de promesas incumplidas y esperanzas inalcanzables fundamentadas en la caridad que pregonan los prelados de la CEV.


Mérida, 16 de Noviembre de 2007.