Cuando se trata de dar dinero a los bancos, nadie protesta. No se alude al “despilfarro”, a la “improvisación”, a “endeudar a las futuras generaciones” ni a lo que cada familia tiene que aportar para reflotar a las grandes corporaciones bancarias, a las que el dinero público continúa acudiendo a mansalva. Con ese dinero público, la banca sigue repartiendo fabulosos beneficios a sus accionistas. Pero de esto no se habla: ni a la derecha, ni a la socialdemocracia, ni la izquierda parlamentaria se les ocurre romper el tabú. En cambio, todo son alarmas (o presumir de mantener la “protección social”) cuando se trata de la comparativamente ridícula cantidad que se destina a parchear los efectos más demoledores del paro. 

Los 15 mayores bancos del mundo (entre ellos el Banco Santander y el BBVA) han recuperado en once meses la capitalización bursátil que tenían antes de la quiebra de Lehman Brothers, según reconocía días atrás el diario El País. El valor de esos quince grandes bancos mundiales se estima ahora en 1,568 billones de dólares, prácticamente lo mismo que hace un año. Sólo en EEUU, el total de las ayudas y garantías concedidas a los bancos y empresas industriales suma 23,7 billones de dólares, ocho veces el presupuesto federal. 

Las ayudas públicas han sido el principal motor de esa alza, y HSBC, el banco de mayor tamaño, ha duplicado su valor en apenas seis meses. Lo cierto es que la banca vuelve a obtener beneficios millonarios, a pagar bonos escandalosos a sus directivos y a repartir dividendos menos de un año después del estallido financiero. 

En el Estado español, a pesar del secretismo decretado por el gobierno “socialista” sobre las ayudas a la banca, los préstamos del Estado a tres años a bajísimo interés a las corporaciones financieras se estiman en unos 280.000 millones de euros, alcanzando las ayudas totales una cantidad aproximada de 340.000 millones. Son estas ayudas las que han llevado el déficit público en torno al 10% del PIB (más de 50.000 millones de euros), estimándose que alcance el 12% al finalizar el año. Por contra, las microayudas a los parados sin prestaciones solo supondrán 1.300 millones de euros (el 0,38% de lo que se da a los bancos). 

El Santander, por ejemplo, ha recuperado los niveles previos a la crisis y casi ha multiplicado por tres su capitalización desde los mínimos de marzo, logrando unos beneficios de 4.500 millones de euros en la primera mitad del año. Banco Santander es el tercero del mundo que más beneficios obtiene, y el BBVA es el quinto del mundo y el tercero de Europa, con unos beneficios en los seis primeros meses de 2009 de 2.799 millones de euros. 

Es evidente que ese dinero público no ha repercutido en reactivación económica alguna, ya que las ayudas no se han condicionado a que se preste más a la pequeña y mediana empresa, ni a los sectores productivos, ni a los consumidores. Y que los 15.000 millones de euros que Zapatero dice que va a recaudar incrementando los impuestos (los indirectos,, que se cargan en al consumidor, además del 80% del IRPF que aportamos los asalariados) no van destinados a una “ayuda social” que es la décima parte de esa cantidad. 

Los bancos españoles que, según datos del propio Banco de España, acumulaban “activos tóxicos” inmobiliarios por valor de 20.353 millones de euros a finales de junio (y subiendo a medida que se agudiza la crisis y se incrementan las dificultades para pagar las hipotecas), han destinado casi el 100% del dinero público (que reciben al 1%) a comprar deuda pública. Una deuda pública cuya emisión se ha disparado (+251% de letras y +344% de medio/largo plazo), y que paga intereses en torno a una media del 4%. Sin despeinarse, y con un mero asiento contable, obtienen un beneficio neto del 3% ¡prestando al Estado el dinero que el Estado les presta a ellos! No es extraño que mantengan su volumen de beneficios. 

De hecho, lo que hace el PSOE (y todos los gobiernos de los países capitalistas) es transferir salarios a las rentas del capital financiero. La única “ayuda social” que se mantiene y se incrementa es la de los trabajadores a los propietarios de los bancos. En esto todo el espectro político burgués está de acuerdo. La única discusión es si se debe apretar aún más el dogal -despido (más) libre, menor gasto social, etc.) o no. La presión del FMI, de la OCDE, y del Banco Central Europeo, para volver a ajustarse a un déficit presupuestario no superior al 3% del PIB, no busca otra cosa que la recuperación de los beneficios y la productividad en perjuicio de los salarios y el gasto social. Y a esa presión responde la política del gobierno Zapatero. 

Frente a esa presión capitalista, las trabajadores y trabajadoras debemos responder con una presión mayor, con movilizaciones en la calle, exigiendo la nacionalización de la banca. De forma que, al ponerla en manos públicas, su funcionamiento y sus objetivos dejen de ser el mantener fabulosos beneficios a costa del Estado. Y, bien al contrario, sus ingentes fondos se utilicen para financiar préstamos a bajo interés a las inversiones públicas generadoras de empleo, a la economía productiva y al consumo. Para ello, no nos cansaremos de insistir en la necesidad y en la urgencia de una amplia Plataforma contra la Crisis y el Paro. 
 
 

*Miembro del Comité  Central del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)