Uno de los retos que tiene actualmente la Revolución Bolivariana y que viene enfrentando con políticas públicas de alto nivel el Gobierno Nacional, es la lucha contra la escasez de alimentos, el acaparamiento, la especulación y el contrabando; pilares de la guerra económica desatada por la burguesía parasitaria contra nuestro país.

Los esfuerzos no se han hecho esperar y por eso el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, ha buscado implementar un andamiaje legal y nuevas estructuras administrativas más expeditas, para frenar este flagelo que atenta contra con las necesidades básicas del pueblo venezolano: alimentos, salubridad, salud, vestidos y vivienda entre otras prioridades.

La recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos se apresta a iniciar su misión orientada a establecer los criterios de la nueva estructura de costos y regular las ganancias, según la nueva Ley de Precios Justos, en un margen de hasta de un 30%.

Paralelamente a este esfuerzo jurídico y actuar del Estado, ante una situación que afecta diferentes sectores de la población en especial, las clases medias y los pobres del país, el accionar busca respuestas efectivas e inmediatas; sobre todo, contra las grandes comercializadoras que distribuyen los productos en toda la cadena de negocios, supermercados, abastos y hasta en las bodegas de los más apartados rincones del país, que son los eslabones de la cadena.

Los productos, si bien pudieran obtener un orden racional de distribución, también enfrentan los caminos verdes del contrabando y el mercado informal, que pareciera ser la válvula de escape en estas situaciones, pero afinando también el arma nociva de la especulación contra el pueblo.

Ante los instrumentos legales creados por el Gobierno Revolucionario, no se han hecho esperar las reacciones de los defensores de la economía del mercado; que si bien la Ley les permite actuar en el país, sólo han reaccionado en defensa de sus intereses capitalistas y en su desenfrenada usura que los caracteriza.

Ya las voces de Fedecámaras y sus pares, en el actuar económico de nuestra sociedad, han saltado como siempre a vociferar y esgrimir sus argumentos en pro de la defensa de sus intereses que según su tradicional criterio han sido afectados.

Es importante detenernos en este aspecto, porque ante las declaraciones de personeros de los grupos económicos como el presidente de Fedecámaras Jorge Roig, surgen las coincidencias de intereses, como la manifestada a su vez por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos quienes abiertamente coinciden con Fedecámaras en señalar que a Venezuela le espera (Reporte del pasado 28 de enero, según El Universal) “un incremento de la escasez de alimentos”.

La verdad es que las amenazas no se hacen esperar ante un control más estricto por parte del Estado, contra esta guerra económica declarada por la burguesía nacional y extranjera. Los delitos contemplados en la nueva Ley de Precios Justos son explícitos y no esperan contemplación; pues son un instrumento legal para la actuación del Estado venezolano y sus instituciones.

Mientras paralelamente la lucha del Estado arrecia en las zonas fronterizas, se desangra el país con el contrabando. El jefe del Órgano Superior de la Economía, Gral. Hebert García Plaza advierte que “no es a los pequeños comerciantes a quien debe caerles el peso de la Ley, porque ellos son víctimas de los grandes que están detrás de ellos”, aunque también enfatizó, la Ley se aplicará a todos.

Son muchas las aristas que están involucradas en la guerra económica y en la respuesta del Estado ante los enemigos de la Patria. Paralelamente el pueblo, inspirado en su rol que le marca la Constitución de una democracia, participativa y protagónica ya asoma sus propias medidas y respuestas, como los ejemplos recientes de control en la frontera venezolana con Colombia.

Las medidas no puede salirse de los cauces naturales de la Ley y existen experiencias acertadas, en un pasado reciente, como las asumidas por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. En este sentido, nos atrevemos a recomendar al Presidente Nicolás Maduro la creación de la “Misión Precios Justos”, la cual sería de una ejecución permanente y contaría de inmediato con el respaldo del pueblo venezolano consciente, en defensa de la Revolución Bolivariana y en su lucha contra de la guerra económica.