La doctrina económica establece que la estabilidad de precios se logra cuando el dinero conserva su valor o poder adquisitivo a lo largo del tiempo, planteando a su vez, a los bancos centrales de cada país como su principal garante. En Venezuela, dicha competencia le corresponde al Banco Central de Venezuela (BCV), tal como se destaca en su portal web: “En la actualidad, la gran mayoría de los bancos centrales del mundo están obligados por ley a atender el objetivo de estabilidad de precios. Esta realidad, en el contexto latinoamericano, permite observar que todos los bancos centrales sin excepción, lo consideran como su objetivo principal” (1)
No es gratuito que los bancos centrales asignen tanta importancia a este objetivo. Al cumplir con su rol, los bancos centrales abonan el terreno para el alcance de objetivos estratégicos de orden superior. Tal como se plantea en el Banco Central Europeo (BCE), la estabilidad de precios “contribuye a la consecución de altos niveles de actividad económica y de empleo” (2). En ese sentido, el Banco Central de Venezuela (BCV) aduce: “Los beneficios que le trae a la sociedad que un banco central logre su objetivo principal se relacionan con dos razones básicas: a) las vinculadas con la desigualdad y la pobreza y, b) las asociadas con el crecimiento y la eficiencia de las inversiones realizadas en el país (3)
El reporte informativo del BCV, de fecha 18/02/16, titulado “Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos”, evidencia la poca efectividad de esta institución como garante de la estabilidad de precios. La variación acumulada en el año 2015 alcanzó en las diferentes ciudades, niveles escandalosos (inflación de tres cifras): Barquisimeto (224,0%), Ciudad Guayana (212,0%), Maturín (207,7%), Barcelona-Puerto La Cruz (202,9%), Mérida (198,0%), Valencia (194,9%), Maracay (187,4%), San Cristóbal (186,3%), Caracas (159,7%) y Maracaibo (157,4%); resto nacional (199,4%)(4)
Otra señal del desatino la constituye, el escaso poder de compra del billete de más alta denominación de nuestro cono monetario. ¿Cuántos/qué bienes y servicios se pueden adquirir con el billete de 100 Bs.? ¿Cuántos de éstos hacen falta para comprar un pan “canilla” o “campesino”, un kilo de queso “llanero”, un “cartón” de huevos, una entrada de cine? ¿Es justo y necesario que un ciudadano para hacer un modesto mercado, con el uso de efectivo, tenga que recurrir al manejo de numerosos fajos de billetes?, y de esto se puede derivar otra interrogante: ¿podemos seguir hablando de reducción de la desigualdad y la pobreza?
Ocurre algo más lamentable y alarmante en todo esto, la tendencia del deterioro del poder adquisitivo del venezolano, sigue siendo progresiva. Y la solución no se vislumbra.