Controlar o no los precios, he allí el dilema.

No controlarlos nos ha llevado a la situación actual.

No es viable un sistema donde cualquier rufián incrementa sus
ganancias un millón por ciento sólo añadiendo ceros a las etiquetas de
venta.

No es funcional una economía donde la principal producción es de
ceros a la derecha de los precios.

Es inaceptable que un oligopolio de doce empresarios irrespete
tanto oferta como demanda y regulaciones y condene a morir de
hambre a treinta millones de compatriotas.

La indisciplinada emisión de precios inorgánicos, no justificados
por ningún aumento de calidad, de cantidad ni de costos sólo puede ser
paliada emitiendo más dinero, que a la postre será inútil frente a la
inflación de precios inorgánicos.

Saludamos el anuncio del gobierno de pautar precios acordados
para unos 25 productos básicos, que quizá deberían ser más bien 250 o
2.500.

Celebramos que hayan sido detenidos algunos infractores del
acuerdo de precios: si la misma medida se hubiera adoptado hace cinco
años, no estaríamos como estamos.

Pero esos productos y sus cotizaciones, como sucede desde hace
cinco años, se desvanecerán si no se implanta un mecanismo
transparente que revele sus existencias, costos y márgenes de
ganancia en cada transacción comercial.

Para ello es indispensable activar una propuesta como la del
ingeniero Rafic Derjani Bayeh, en el sentido de instaurar un sistema
digital universal, centralizado y transparente de administración de
costos y precios, que permita tanto a las empresas como a la
administración y al público determinar, en tiempo real, los activos
invertidos y los beneficios obtenidos en cada transacción económica.

Para la instauración de tal sistema se requeriría algo que el
contrabando de extracción del signo monetario casi ha impuesto en su
totalidad: la universalización del dinero digital, cuyo movimiento
para cada transacción se registraría en una factura electrónica, a
efectos de que el SENIAT u otro organismo competente verifique
informáticamente si cumple con los precios máximos autorizados, como
condición para que el intercambio se realice.

Especifica Rafic Derjani: “La propuesta sugiere que sólo con la
aprobación de la factura electrónica es con lo que se logra ejecutar
el intercambio; y NO se puede concretar intercambio sin la factura
electrónica”. Y añade que “Si los precios no están acordes con los
máximos establecidos, o si la mercancía para intercambiar no es acorde
con lo declarado en el inventario, la transacción se bloquea y NO
lograría ejecutarse”.

La propuesta deriva de la simple lógica. En el mismo sentido,
Carlos Lanz Rodríguez, en el grupo de tweets “Abran los libros de
contabilidad” del 23 de agosto de 2918, propone, puntualmente:

“3.1. Acceso a los registros contables para establecer los costos en
materia prima, maquinarias y equipos, salarios, cuota de ganancia,
etc.

3.2. Radiografía del tipo de tecnología y cuota de explotación del trabajo

3.3. Caracterización del sistema de mercadeo y distribución, carteles,
mafias, posición de dominio.

3.4. Seguimiento de los precios de las mercancías en el mercado, al
por mayor, al detal y sus nexos con el bachaquerismo

3.5. Determinación del tipo de capital: ficticio, especulativo, grado
de centralización y concentración de la propiedad.”

En otras palabras, sin información no hay control de precios, sin
control de precios no hay salida de la inflación, y sin salida de la
inflación perderemos todos los logros del bolivarianismo y con ellos
el país.

El conjunto de verificaciones propuestas podría parecer muy
difícil durante el siglo pasado, pero en la actualidad la informática
permite efectuar en tiempo real comprobaciones igualmente complejas
de consultas de saldos, transferencias de cuentas, pasajes, consultas
electorales, trámites y pare usted de contar.

Un sistema parecido puede y debe instaurarse para verificar de
manera paralela y transparente el gasto público en todas las ramas de
la administración: central, estadal, municipal, de institutos
autónomos, fundaciones, empresas del Estado, comunas y todos los entes
o personas que manejen fondos, subvenciones o intereses públicos.

Tales mecanismos reflotarían la economía haciendo imposibles
corrupción, evasión fiscal, acaparamiento, sobreprecio, inflación,
precios inorgánicos y ganancia especulativa.

A menos que prefiramos seguir como vamos para acabar peor de lo
que estamos.