Jueves, 20 de agosto de 2020.- Nacen los partidos políticos como expresión de un entendimiento, de una determinada visión del mundo y de la interpretación, de la lectura de la realidad que tienen un determinado grupo de seres humanos, que se organizan con una filosofía común y que dentro de su concepción determinada luchan por lograr un mundo posible de acuerdo a su visión compartida de lo que debe ser una sociedad.

Cumplen determinadas etapas y se ordenan de acuerdo a una serie de reglas internas que les permiten funcionar institucionalmente e integrarse a la sociedad donde operan.

Hay leyes que los controlan, respetando su organización interna y su autonomía.

En estos últimos meses hemos observado como el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, se ha inmiscuido en la vida interna de algunos de los partidos políticos en Venezuela de una forma por demás agresiva y sin una base legal consistente los interviene.

No soy abogado, ni jurisconsulto, pero por lógica ciudadana y de acuerdo a la escasa información que ha proporcionado el TSJ he llegado a la conclusión de que no existe una ley que apoye su desmedida acción sobre los partidos políticos que ha intervenido y si esa ley existe debe se derogada, eliminada, porque limita la libertad de asociación, la libertad de participación, la libertad del ciudadano para manejar en conjunto las instituciones por ellos creadas, sin interferencias impositivas.

No podemos garantizarlo, pero huele a lo que se llamaba antes, a una mano peluda, un poder que mueve hilos invisibles y que influye en las decisiones del máximo tribunal del país.

No podemos garantizarlo, pero es como si usted camina por un pasillo y oye ruidos, las puertas están cerradas y no puede ver hacia adentro de las distintas unidades, pero sabe por el sonido, que hay movimiento de muebles, sin saber el orden en que los están acomodando, en este caso no se oyen muebles sino que huele a mano peluda.

Parece como si se estuviera fabricando una especie de tela de araña, una madeja, una estructuración social y política calculada y diseñada con las elecciones parlamentarias del próximo mes de diciembre en mente.

Aunque el tejido no es muy fino porque su elaboración hace mucha bulla y molesta a los ciudadanos que se dan cuenta de la maniobra que se entreteje.

Ante la nueva decisión del TSJ de intervenir a otro partido político, otro mas, en este caso Los Tupamaros, nombrando a unas nuevas autoridades, bajo unas reglas muy estrictas que impiden prácticamente cualquier movimiento dentro de sus estatutos que le permita ejercer cualquier acción de democracia interna, intervención previa a las elecciones legislativas del próximo diciembre, tenemos que preguntarnos si existe una ley que faculte al TSJ a tomar esta decisión.

Los partidos políticos en un sistema democrático deben gozar de democracia interna y tomar las medidas que consideren necesarias para su buen funcionamiento bajo su propia responsabilidad, por ellos mismos.

Qué ley o con que autoridad el Tribunal Supremo de Justicia toma en sus manos la vida de los partidos políticos, sin consultar a sus militantes, imponiendo normas restrictivas y asumiendo una autoridad que nadie le ha otorgado.

Los honorables magistrados no han explicado suficientemente a la opinión pública cuales son los racionales que están detrás de su decisión.

O es que se cambiaron las reglas de juego sin aviso y sin protesto, como decían las letras de cambio.

No permitir la participación política libre de los ciudadanos es un paso seguro hacia el precipicio del sistema democrático.

Hablemos con claridad, estamos o no estamos en una sociedad democrática donde la libertad de participación está asegurada para todos los ciudadanos.