Durante los gobiernos de AD y COPEI, los entes externos que controlaban directamente y aún codician las empresas eléctricas del estado venezolano, además de promover la LOSE, dieron instrucciones para que ciertos activos se transfirieran entre las mismas empresas que se iban a privatizar; pero a costos irrisorios, para que cuando se realizara la subasta (?) se dijera que los montos obtenidos superaban sustancialmente a los esperados –mejor dicho, a los convenientemente establecidos–. Una subestación fue transferida a un costo menor que el de un acondicionador de aire de una de sus oficinas.
La “golilla” estaba en la transmisión; de acuerdo con el Artículo 27. “… la actividad de transmisión está sujeto a concesión…”. En otras palabras; el estado venezolano invertiría miles de millones de dólares en un sistema de transmisión que –en cumplimiento de la Ley garantizara un servicio eficiente– y luego se la entregaba a una empresa privada que gastaría una pequeña cantidad en bolívares, para su mantenimiento; pero, le cobraría en dólares a la nación, por “administrarle sus bienes”. DESURCA continúa siendo “un bocado muy apetecible”, por la gran cantidad de tierras asociadas.
Como la rapacidad de los bienes públicos no tiene límite, ésta se llevaba al extremo con el Artículo 50, el cual señala que “En caso de vencimiento del término de la concesión se producirá la reversión de los bienes afectos al servicio, teniendo la concesionaria derecho al pago de la parte no depreciada de las inversiones prudentemente realizadas…”. Es decir; vencida la concesión, la concesionaria devolvería al estado “su chatarra” y reclamaría el pago de sus inversiones a costo actualizado. Ocurriría lo de siempre: el estado vendiendo en baratillo y comprando en boutique.
Aquellos usuarios del servicio eléctrico que consideran “elevadas” las actuales tarifas –las cuales están siendo subsidiadas por el estado en más del setenta por ciento– deben saber que el Artículo 79 señala que “El régimen tarifario será establecido (para)… Permitir a los transmisores y distribuidores, en condiciones de operación eficiente, la obtención de una rentabilidad razonable…”. Si el reciente incremento del treinta por ciento en el salario básico se tradujo en un aumento similar de la mayoría de los bienes y servicios; ¿que ocurría con la tarifa de electricidad, si las empresa estuvieran privatizadas? La mayoría de los puntos de servicio no llegan a cubrir en décadas los costos de la acometida y el contador.
Lo anterior no excluye ninguna de las siguientes cuestiones: primero, la necesidad de que aun una empresa pública adecue sus tarifas de servicio a la realidad económica nacional, que si bien no la haría rentable, le permitiría cubrir por lo menos sus gastos operativos. La tarifa social podría mantenerse; pero, aplicada bajo estudio previo. No pueden alegar incapacidad de pago quienes posean en su casa la mayoría de los electrodomésticos disponibles en el mercado. Segundo, la necesidad de incrementar los montos de penalización para los usuarios a los cuales se les detecte irregularidades en su punto de suministro. Tercero, la aplicación de castigos ejemplares para los funcionarios de las empresas de servicio público que se les encuentre incursos en delitos contra ella; sobre todo a quienes esgrimen que “si otros lo hacen, ¿por qué yo no?”.
Para que no quedaran dudas con el Artículo 79, se le ratificó con los Artículos 82 y 83, el último de los cuales señala que “La remuneración de la actividad de distribución en todas sus fases deberá permitir la retribución… de los costos… de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones… y de otros costos necesarios para desarrollar la actividad, así como la obtención de una rentabilidad justa. Pero; ¿es “justa” una rentabilidad mínima anual del cien por ciento, como lo establecen la mayoría de nuestros comerciantes y empresarios?”. Entonces, ¿cuán “injustas” serían las tarifas de un sistema eléctrico totalmente privatizado y con “su gente bien colocada en el gobierno”?
Todo el negocio pareció venirse abajo cuando Chávez accedió a la Presidencia de la República. Es obvió que alguien le advirtió –no se si mis mensajes llegaron– sobre el riesgo de la privatización inminente de las empresas eléctricas del estado, puesto que ya habían sido preparadas para ello, al crearse las filiales y transferirse los activos a “precios de gallina flaca”. Es más incuestionable aún que este “grupo de poder externo” no se amilanó y encontró rápidamente quienes le presentarán al Comandante una ley maquillada, la cual aprobó creyendo que estaba protegiendo estas empresas. No lo critico por ello, porque ¿cuántos en este país conocen la realidad de su sistema eléctrico y son capaces de armonizarla con los requerimientos legales que ella demanda? ¡Bueno! Excluyendo a quienes están interesados en su privatización.
*Ingeniero Electricista (luiserangel@hotmail.com)
