Respeto a James Petras como teórico de la izquierda estadounidense que siempre ha acompañado las luchas populares y revolucionarias de la América Latina. Pero en su reciente entrevista publicada en Aporrea el pasado domingo 11 de junio (https://www.aporrea.org/actualidad/n309836.html) recomienda al presidente Maduro que asuma abiertamente “una confrontación militar” contra los sectores opositores, tomando como ejemplo la militarización que el gobierno conservador de Theresa May en Inglaterra ha impuesto a raíz de la serie de atentados que se han suscitado recientemente en ese país europeo.
Creo que Petras está totalmente equivocado en cuanto a su apreciación de la situación venezolana. Primero que todo es equivocado que tome como referencia la conducta del gobierno conservador inglés para recomendarle a Maduro que asuma una política militarista similar. La burguesía inglesa que se expresa en el gobierno conservador de Theresa May no tiene nada que enseñarle a los pueblos de Nuestra América. Esa señora es heredera directa de la burguesía que por varios siglos encabezó al capitalismo mundial y fue responsable de las mayores barbaridades criminales en sus guerras de invasión colonial desatadas en todos los continentes. Petras se buscó la peor referencia para intentar justificar su propuesta militarista a Maduro.
Pero el núcleo fundamental del error de Petras es la valoración de que en Venezuela existe una especie de guerra civil abierta entre el gobierno y los paramilitares colombianos, cuestión que no es exacta. Cierto que dentro del país actúan pequeños grupos paramilitares en distintas ciudades, y que probablemente estos grupos tienen una proporción de antiguos paramilitares colombianos. Pero en realidad no existen frentes de batalla abiertos entre las fuerzas armadas y cuerpos paramilitares opositores en ningún lugar de Venezuela. Tampoco existe un cuerpo militar opositor que se haya declarado alzado en armas contra el gobierno de Maduro. Acaso en el estado Táchira hay incursiones de grupos provenientes de Colombia, los cuales según la información del mismo gobierno de Maduro han sido desarticulados y aniquilados cuando han intentado ingresar y actuar dentro del país.
Los grupos de paramilitares, algunos de los cuales pueden provenir o haber sido entrenados en territorio colombiano, actúan disimulados dentro de las movilizaciones opositoras. De las detenciones realizadas por el gobierno, las cuales alcanzan varios miles de personas, no se ha determinado un porcentaje ni siquiera mínimo de ciudadanos colombianos. Tal vez una decena o menos, en el marco de más de 3000 detenidos. Resaltando que el mismo gobierno no ha mencionado de manera particular que entre los miles de detenidos se encuentren cifras significativas de supuestos paramilitares colombianos.
Lo que ha predominado en todas las ciudades de Venezuela desde hace dos meses son las protestas bastante numerosas de ciudadanos contra el gobierno de Maduro. Esas protestas se expresan inicialmente de manera pacífica y en su desarrollo casi siempre terminan en enfrentamientos violentos con los cuerpos policiales y la GNB. Es cierto que dentro de las fuerzas opositoras de la MUD, que son quienes hegemonizan y dirigen prácticamente todas esas movilizaciones, existen grupos entrenados y equipados para el ejercicio de la violencia callejera (máscaras antigases, bombas molotov, pequeños explosivos caseros, etc).
En muchos sitios la oposición de la MUD repite la misma estrategia de Guarimba que desarrollaron algunos de sus partidos integrantes en el año 2014. Esa estrategia consiste en bloqueos y barricadas en las calles y avenidas principales y hasta secundarias, en el ataque contra edificios del gobierno bolivariano, y en choques violentos con los cuerpos policiales. Es evidentemente una estrategia para generar caos y violencia en toda la geografía nacional. Pero la misma se desarrolla a partir de movilizaciones ciudadanas que se presentan como pacíficas, y en las cuales una proporción mayoritaria de quienes asisten a esas marchas son personas que no conforman los mencionados grupos de choque ni están dispuestos ni comparten el posterior desenlace violento de los acontecimientos.
Si una marcha de 20.000 o 50.000 personas es reprimida con fuerza militar por el hecho de que en ella vayan unas pocas decenas o centenas de activistas violentos, se produciría una masacre cuya responsabilidad absoluta recaería en el gobierno de Maduro, y además esa represión desproporcionada, lejos de resolver el problema político que origina las movilizaciones contribuye a generar mayores escenarios violentos en el futuro inmediato.
En los hechos, el gobierno de Maduro ha venido ejerciendo una represión desproporcionada contra manifestaciones bastante masivas (según los videos que he visto publicados por el mismo gobierno a través de programas como la iguana), en un esfuerzo desesperado por evitar el ingreso de dichas movilizaciones a territorio del Municipio Libertador en Caracas. Como ocurrió por ejemplo cuando decenas de manifestantes debieron lanzarse al río Guaire para huir de las bombas lacrimógenas y avance de las tanquetas de la GNB.
Un gobierno que justifica su hambreadora política económica neoliberal en la supuesta falta de ingresos en divisas producto de la caída de los precios petroleros, utiliza no obstante un gasto a manos llenas en bombas lacrimógenas de última generación y equipos antimotines sofisticados distribuidos a todo lo largo y ancho del país.
Al igual que en 2014, el gobierno de Maduro no ha tenido voluntad política para exigir jurídicamente a las fuerzas opositoras que asuman la lucha pacífica y democrática y se desmarquen de las conductas violentas. En vez de actuar contra los jefes de la MUD, que evidentemente son los responsables de esos grupos violentos que actúan dentro de las manifestaciones opositoras, el gobierno de Maduro ha optado por ejercer el peor de los caminos, una represión masiva contra los ciudadanos manifestantes. Incluyendo aquí el pase a tribunales militares de varios centenares de civiles, cuestión que ha sido cuestionada hasta por el defensor del pueblo.
Maduro extiende permanentemente canales de diálogo hacia las más derechistas y violentas fuerzas opositoras, como ocurrió recientemente con la visita de Jorge y Delcy Rdríguez a la cárcel de Ramo Verde para buscar una negociación con el detenido Leopoldo López, jefe de Voluntad Popular, que es tal vez el más violento de los partidos integrantes de la MUD.
Igual ha sucedido con los sectores empresariales tradicionales, acusados durante cuatro años de ser los responsables de la “guerra económica” que ha hundido la economía del país, y que en los últimos meses han venido recibiendo jugosos financiamientos en dólares por el mismo Maduro (acuerdos con Vollmer, con Cisneros, llamados a Mendoza, etc.).
En contraparte, Maduro y su gobierno se han negado repetidamente a desarrollar cualquier tipo de diálogo democrático ni siquiera con los propios partidos del GPP que lo respaldan (como lo ha denunciado una y otra vez el PCV). Mucho menos con los sectores revolucionarios desprendidos del PSUV desde el 2014, como ocurre con Marea Socialista y la Plataforma en Defensa de la Constitución (integrada por exministros, ex-mandos militares y ciudadanos que ocuparon diversos cargos directivos tanto con Chávez como con Maduro), con los cuales sólo ha existido una feroz persecución política y laboral, incluyendo amedrentamientos repetidos por el SEBIN y otros cuerpos policiales y parapoliciales.
Petras parece desconocer completamente esta realidad venezolana. Maduro y el resto de la pequeña cúpula de gobierno tiene el criterio de que sólo mediante la violencia se pueden mantener en el poder, y creen además que en una confrontación armada ellos (el gobierno) saldrán ganando y podrán aniquilar definitivamente a sus opositores. En esa estrategia de Maduro, hay que incluir que ellos buscan construir unas fuerzas políticas opositoras “ad hoc”, de derecha más o menos light, que acepten que el madurismo gobierne siempre y esta derecha light haga el papel de fuerza opositora “democrática”. En esa estrategia no les sirve una oposición de izquierda, revolucionaria, pues los desenmascararía ante la población como corruptos y vendidos al capital imperial (contratos del Arco Minero y de la Faja Petrolífera, desfalco de los 500 mil millones de dólares mediante la política cambiaria). Por ello no permiten la legalización de Marea Socialista y acusan de traidores y vendidos a todos aquellos que desde la izquierda revolucionaria se deslindan de Maduro y enarbolan el verdadero legado bolivariano del presidente Chávez.
El cálculo que hace Maduro y otros más violentos aún como Diosdado Cabello, Tarek el Aisami, Reverol, es que ya no pueden permitir elecciones democráticas porque las perderían todas. Por eso no realizaron las elecciones de gobernadores el año pasado. Por eso tienen suspendidas todas las elecciones sindicales en donde el gobierno vaya a salir derrotado. Por eso tienen en el limbo jurídico a todas las universidades del país, las cuales tienen ya una década sin poder hacer elecciones (el gobierno, incluso sin control de la AN, puede todavía imponer un reglamento electoral universitario a nivel nacional, ya sea como decreto ministerial o como sentencia del TSJ; pero no lo hace porque en cualquier elección universitaria las perdería todas).
Por eso es que se inventaron lo de la Asamblea Constituyente cuando les fracasó lo de las sentencias del TSJ en marzo pasado. Buscan un mecanismo que aparente legalidad para apoderarse de todas las instituciones del estado y gobernar por lapsos infinitos en Venezuela. Consideran que si para ello deben pasar por una confrontación armada, calculan que tienen más fusiles y tanques que sus opositores y que van a salir victoriosos de esa guerra civil. Por eso es que Diosdado y otros llaman desde hace un año a la militancia madurista a que se disponga a tomar las armas y dar la vida en defensa del proceso (con sus respectivos hijos a buen resguardo en el exterior; los que van a dar la vida son los hijos de los bolsas, del pueblo que sigue siendo pobre pese a la revolución y que busca desesperadamente soluciones a su hambre y sus penurias).
Olvidan Maduro-Cabello-Padrino que no es lo mismo una guerra revolucionaria cuando la lucha de clases va en ascenso y el pueblo avanza en sus conquistas y su disposición de cambio, a desatar una guerra civil desde las oficinas de la burocracia estatal, cuando el pueblo viene en retroceso por los enormes daños que le ha causado la corrupción clientelar que impone el PSUV, cuando no existen organizaciones de los trabajadores, cuando los sindicatos y federaciones tienen seis y más años sin hacer elecciones, cuando las prioridades más urgentes del pueblo no sólo no se van a solucionar con una guerra (ni con una constituyente) sino que más bien se van a profundizar a niveles siderales. Una guerra civil en el contexto actual será sin lugar a dudas una gran matazón. Tanto Maduro y su combo como la MUD y su comparsa tienen los suficientes recursos para movilizar mucha gente y muchas armas en nombre de sus falsas consignas. Pero el pueblo venezolano no va a ganar ante una guerra.
No será la guerra de independencia, guerra totalmente justa, sobre todo a partir de 1816 cuando Bolívar dictó los decretos a favor de los esclavos y los pardos y propuso una alianza social para expulsar a los españoles y acabar al mismo tiempo con la sociedad excluyente y opresora del régimen colonial. No será la guerra federal, guerra totalmente justa convocada por Ezequiel Zamora para enfrentar la traición de Páez y demás generales de la independencia que vendieron su alma al imperialismo inglés. No será la lucha armada de los 60-70, guerra justa en la medida en que enfrentó la enorme traición de los adecos contra los ideales democráticos y revolucionarios del pueblo venezolano, aunque haya sido una lucha desarrollada en forma equivocada casi desde el principio.
Petras llama a la guerra, en un momento político en el cual una guerra puede terminar de destruir lo que queda de revolución bolivariana. Petras se une a Borón y otros intelectuales totalmente desfasados e irresponsables que convocan a una matazón en la cual ellos no tendrán ningún protagonismo, comenzando porque no viven en Venezuela.
Mis respetos a Petras por toda su obra teórica y su compromiso con la lucha revolucionaria de los pueblos latinoamericanos. Pero hoy está completamente equivocado y rechazo en todos sus puntos su propuesta de militarizar la política madurista. Maduro no tiene entidad política para ejercer la violencia como si fuera “violencia revolucionaria”. En el contexto de deterioro general del gobierno del madurismo, cualquier guerra civil no será más que una confrontación entre fracciones burguesas disputándose el control de la renta petrolera.
Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 12 de junio de 2017.
