En Occidente, el nombre
de Cuba se asocia inevitablemente a la problemática de los derechos
humanos. Los medios europeos y estadounidenses estigmatizan a la mayor
isla del Caribe de modo reiterado sobre este tema. Ningún otro país
del continente americano se señala tanto con el dedo como la patria
de José Martí, que dispone de una cobertura mediática desproporcionada
en relación con su tamaño. En efecto, acontecimientos que pasarían
desapercibidos en cualquier otra parte de América Latina o del mundo
se difunden inmediatamente en la prensa internacional cuando se trata
de Cuba.
Así, el suicidio en
febrero de 2010 de Orlando Zapata Tamayo, un preso condenado por delitos
comunes en Cuba se mediatizó mucho más que el descubrimiento, en enero
de 2010, de una fosa común con 2.000 cadáveres de sindicalistas y
militantes de los derechos humanos asesinados por el ejército
colombiano.
Del mismo modo, las manifestaciones de los opositores cubanos aparecen
regularmente en la prensa occidental la cual, al mismo tiempo, censura
las exacciones –¡Más de 500 casos de asesinatos y desapariciones!–
que comete la junta militar, de Roberto Micheletti primero, y después
de Porfirio Lobo, que gobierna actualmente en Honduras después del
golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente democráticamente
elegido José Manuel Zelaya.1
Estados Unidos
justifica
oficialmente la imposición de las sanciones económicas, en vigor desde
julio de 1960 y que afectan a todos los sectores de la sociedad cubana,
en particular a las más vulnerables, por las violaciones de los derechos
humanos. De 1960 a 1991, Washington explicó que la alianza con la Unión
Soviética era la razón de su hostilidad hacia Cuba. Desde el
desmoronamiento
del bloque del Este las diferentes administraciones, desde Georges H.
W. Bush hasta Barack Obama, han utilizado la retórica de los derechos
humanos para explicar el estado de sitio anacrónico, el cual lejos
de afectar a los dirigentes del país, hace pagar el precio de las
divergencias
políticas entre las dos naciones a los ancianos, las mujeres y los
niños.2
Por su parte, la Unión
Europea impone una Posición Común –¡La única en el mundo!– desde
1996 al Gobierno cubano, que limita los intercambios bilaterales, por
las mismas razones. Esta estigmatización constituye el pilar de la
política exterior de Bruselas respecto a La Habana y representa el
principal obstáculo para la normalización de las relaciones bilaterales.
Entre 2003 y 2008, la Unión Europea también impuso sanciones políticas,
diplomáticas y culturales a Cuba por las mismas razones, por lo menos
oficialmente.3
¿Una estigmatización
legítima?
No se trata de afirmar
que Cuba sea irreprochable en la cuestión de los derechos humanos y
que allí no se comete ninguna violación. En efecto, Cuba está lejos
de ser una sociedad perfecta y existen allí algunos atentados a ciertos
derechos fundamentales.
No obstante, conviene
preguntarse por qué semejante estigmatización por parte de los
medios occidentales, de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Acaso
Cuba presenta una situación especial en cuanto a los derechos humanos?
¿Será peor que la del resto del continente? ¿Washington, Bruselas
y la prensa occidental estarán genuinamente preocupados por ello? ¿Acaso
tienen autoridad moral suficiente para erigirse en jueces?
Para responder a estas
preguntas, el informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 brinda
un enfoque interesante. Diez países –cinco del continente americano:
Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, y cinco de la Unión
Europea: Francia, Alemania, Reino Unido, España y la República Checa
(líder del frente de las naciones que se oponen a la normalización
de las relaciones con Cuba) serán sometidos a un análisis comparativo.4
Los derechos humanos
en Cuba
Según AI, existen
«severas restricciones sobre los derechos civiles y políticos» en
Cuba. AI habla de «55 presos de opinión [encarcelados sólo por el
hecho de ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de
expresión]».5
En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI reconoce no obstante
que estas personas fueron condenadas «por haber recibido fondos o
materiales
del Gobierno estadounidense para realizar actividades que las
autoridades
consideran subversivas y perjudiciales para Cuba», lo que constituye
un delito de orden penal en Cuba y también en cualquier otro país
del mundo.6
La organización subraya
también que «varios [opositores] declararon haber sido golpeados durante
su arresto». Graves restricciones pesan todavía sobre la libertad
de expresión, según AI, pues «todos los grandes medios e Internet
están bajo el control del Estado». Por otra parte, los sitios de los
opositores se encuentran bloqueados en Cuba y sólo se pueden consultar
desde el exterior. Varios disidentes fueron arrestados y luego
liberados.
AI denuncia también las maniobras de intimidación contra ellos. Además,
«las restricciones del derecho de circular libremente impidieron que
periodistas, defensores de los derechos humanos y militantes políticos
llevaran a cabo actividades legítimas y pacíficas». Así, la opositora
Yoani Sánchez no ha recibido autorización para salir del país para
recibir un premio en Estados Unidos.7
No obstante, AI
recuerda
que en mayo de 2009 Cuba «fue elegida al Consejo de Derechos Humanos
[ONU] para un nuevo mandato de tres años», ilustrando así que la
mayoría de la comunidad internacional no comparte el punto de vista
de Bruselas y de Washington respecto a la situación de los derechos
humanos en Cuba.8
Finalmente AI reconoce
que las sanciones económicas que Estados Unidos impone a Cuba tienen
«todavía efectos negativos sobre los derechos económicos y sociales
de los cubanos. La legislación estadounidense que restringe las
exportaciones
hacia la isla de productos y de material fabricados o patentados por
Estados Unidos siguen entorpeciendo el acceso a los medicamentos y a
los equipos médicos». AI agrega que las agencias de las Naciones Unidas
presentes en Cuba también «están penalizadas por el embargo».9
Así, como ilustra
el informe de AI, Cuba no es irreprochable en términos de respeto de
los derechos humanos.
Los derechos humanos
en el continente americano
Conviene ahora poner
en perspectiva la realidad cubana frente a la problemática al respecto
del resto del continente.
Estados
Unidos
Según AI, 198 personas
siguen detenidas ilegalmente en la base naval de Guantánamo, sin cargos,
desde hace siete años. Al menos cinco reclusos se suicidaron en la
prisión de Guantánamo. Por otra parte, varios prisioneros fueron
juzgados
por tribunales militares que no ofrecían todas las garantías de un
juicio justo.10
Además, «varios
centenares
de personas, entre ellas niños, siguen encarceladas por las fuerzas
estadounidenses en la base aérea de Bagram, en Afganistán, sin que
tengan la posibilidad de ver a un abogado o de que las presenten ante
un juez».11
AI también denunció
el «programa de detenciones secretas de la CIA» y reveló los «actos
de tortura y otras formas de malos tratos infligidos a personas
detenidas».
Cita dos ejemplos: «Entre las técnicas autorizadas figuran la desnudez
forzada, la privación prolongada de sueño y el waterboarding
(simulacro de ahogamiento). […] Abu Zubaydah […] fue sometido a
esta última técnica más de 80 veces en agosto de 2002, y Khaled Sheikh
Mohammed 183 veces en marzo de 2003». Los autores de estos actos no
serán perseguidos por la justicia, tal como declararon Barack Obama
y el Ministro de Justicia Eric Holder.12
AI señala que «la
impunidad y la ausencia de vías de recurso persistían para las
violaciones
de los derechos humanos perpetradas en el marco de lo que el gobierno
del presidente Bush llamaba la ‘guerra contra el terror’». La
organización
añade que «el nuevo Gobierno bloqueó la publicación de cierto número
de fotos que mostraban los maltratos infligidos a personas detenidas
por Estados Unidos en Afganistán y en Iraq».13
AI denuncia también
los actos de «tortura y otros malos tratos» que cometieron las fuerzas
del orden en el territorio de Estados Unidos contra ciudadanos
estadounidenses.
«Al menos 47 personas fallecieron después de ser neutralizadas con
pistolas Taser, lo que eleva a más de 390 el número total de personas
fallecidas en circunstancias análogas desde 2001». AI agrega que «entre
las víctimas figuraban tres adolescentes desarmados que habían cometido
delitos menores, así como un hombre aparentemente con buena salud a
quien los policías de Fort Worth, en Texas, administraron descargas
eléctricas durante 49 segundos sin interrupción en mayo de 2009.14
La organización
internacional
señala con el dedo las condiciones de detención en Estados Unidos.
Según ella, «miles de presos están confinados en un aislamiento
prolongado
en prisiones de alta seguridad donde, en muchos casos, las condiciones
de vida violan las normas internacionales según las cuales los detenidos
deben ser tratados con humanidad». Así, «numerosos presos […] de
los cuales muchos sufrían trastornos mentales, estaban confinados en
aislamiento desde hacía 10 años o más, 23 horas sobre 24, sin atención
médica adecuada y sin que se revisara correctamente su situación».
Ésos «no tenían la posibilidad de trabajar, ni de formarse, ni de
distraerse y tenían muy pocos contactos con el mundo exterior».15
Según AI, «decenas
de miles de migrantes, entre ellos demandantes de asilo, estaban
regularmente
encarcelados, en violación de las normas internacionales. Muchos estaban
detenidos en condiciones sumamente duras, prácticamente privados de
ejercicio, de acceso a la atención médica y de la posibilidad de
conseguir
asistencia jurídica».16
Por otra parte, el
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones
Extrajudiciales,
Sumarias o Arbitrarias denunció varios casos de ejecuciones
extrajudiciales
que las fuerzas del orden cometieron contra migrantes. «El número
de muertos en detención es superior a los 74 casos reconocidos por
las autoridades desde 2003», señala AI.17
AI recuerda las
discriminaciones
a las mujeres pertenecientes a las minorías en términos de derecho
a la salud. Así, «El número de fallecimientos evitables debidos a
complicaciones relacionadas con el embarazo sigue siendo elevado; varios
cientos de mujeres murieron durante el año. Existen disparidades
relacionadas
con los ingresos, la raza, el origen étnico o nacional en el acceso
a la atención médica para las mujeres embarazadas; la tasa de mortalidad
materna es casi cuatro veces mayor entre las afroestadounidenses que
entre las mujeres blancas». AI agrega que 52 millones de personas de
menos de 65 años no tienen seguro médico, «una cifra en aumento respecto
al año anterior».18
Según AI, un objetor
de conciencia fue condenado a un año de prisión por negarse a servir
en Afganistán. La organización denuncia también los juicios injustos
contra Leonard Peltier, detenido desde hace 32 años, «A pesar de las
dudas en cuanto a la equidad de su condena en 1977». AI también señala
que la Corte Suprema Federal se negó a examinar la apelación interpuesta
por cinco presos políticos cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero, René González y Fernando González, condenados a
largas penas de prisión mientras que «el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria [ONU] había concluido, en mayo de 2005, que la
detención de estos cinco hombres era arbitraria, pues no se habían
beneficiado de un juicio justo».19
Por otra parte, la
pena de muerte sigue aplicándose en Estados Unidos. Así, 52 personas
fueron ejecutadas en 2009.20
Brasil
La situación en Brasil
también es objeto de un informe. AI menciona «utilización excesiva
de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y actos de torturas por parte
de la policía». Las fuerzas del orden «siguieron cometiendo violaciones
masivas», y «cientos de homicidios no fueron objeto de investigaciones
serias y las acciones legales fueron casi inexistentes». Así, «en
Río de Janeiro en 2009, la policía mató a 1.048 personas». En Sao
Paulo, «esa cifra alcanzó 543, o sea un aumento del 36% respecto a
2008». Por otra parte, «los homicidios imputables a la policía militar
aumentaron en un 41%».21
La organización
denuncia
también «el aumento del número de milicias –grupos paramilitares
armados compuestos en gran parte por agentes de la fuerza pública que
actúan fuera de servicio-» que «utilizan su poder sobre la población
para sacar ventajas económicas y políticas ilícitas […] y que pusieron
en peligro la vida de miles de habitantes y las propias instituciones
del Estado».22
En Brasil, «las
condiciones
de detención seguían siendo crueles, inhumanas o degradantes. La tortura
se empleaba regularmente en los interrogatorios, con fines de extorsión
o para castigar, controlar o humillar», según AI, además del problema
de la superpoblación.23
Por otra parte,
«litigios
territoriales ocasionaron este año atentados contra los derechos
fundamentales,
cometidos tanto por asesinos profesionales al servicio de los
latifundistas
como por policías». Al menos 20 personas fueron asesinadas en 2009.24
Según AI, los derechos
de los trabajadores fueron violados y «miles de trabajadores eran
mantenidos
en condiciones que se asimilan a la esclavitud». El derecho a una
vivienda
digna no se respeta. Por otra parte, «se siguen cometiendo graves
atentados
contra los derechos de las poblaciones en el Estado del Mato Grosso
do Sul». AI recuerda varios casos de desaparición de militantes
indígenas.25
Canadá
Según AI, las
autoridades
canadienses «no han respetado los derechos de los pueblos autóctonos
durante la entrega de autorizaciones para la explotación de las minas,
selvas, petróleo u otros recursos naturales. El Gobierno sigue
afirmando,
sin fundamento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Pueblos Autóctonos no se aplica a Canadá».26
La organización
denuncia
también las discriminaciones contra los indígenas y particularmente
los niños. Por otra parte, la explotación por la fuerza del petróleo
y el gas que se hallan en las tierras de los Cris del Lubicon ha
contribuido
a «una mala salud y a una pobreza muy frecuentes entre ellos».27
El derecho de las
mujeres
se viola regularmente en Canadá. Así, «numerosas mujeres, adolescentes
y niñas sufren violencias» y «el gobierno canadiense no ha tomado
ninguna medida para elaborar un plan de acción nacional completo para
luchar contra la violencia y la discriminación».28
Canadá también
fue cómplice de actos de tortura al entregar a sospechosos a las
autoridades
afganas en el marco de la lucha contra el terrorismo.29
Por otra parte, las
fuerzas de policía cometieron un asesinato por medio de una descarga
eléctrica con la ayuda de pistolas Taser.30
Colombia
En Colombia, la
población
civil es «víctima de desplazamientos forzados, ataques ciegos,
secuestros,
desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso de menores, violencias
sexuales contra mujeres y homicidios», cometidos por las fuerzas de
seguridad, los paramilitares y la guerrilla.31
AI contabiliza 20.000
casos de desapariciones forzadas y 286.000 casos de personas
desplazadas.
La organización subraya que «el gobierno se ha negado a apoyar una
propuesta de ley que prevé el otorgamiento de reparaciones a las
víctimas
del conflicto sobre una base no discriminatoria, es decir sin ninguna
distinción según el hecho de que los autores de las violaciones sean
agentes del Estado o no. El texto fue rechazado por el Congreso en
junio».32
Por otra parte, el
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales de las Poblaciones Autóctonas calificó
la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia
como «grave, crítica y profundamente preocupante». AI señala que
«al menos 114 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados
en 2009, una cifra en aumento respecto al año 2008».33
El Departamento
Administrativo
de Seguridad, que opera bajo la autoridad directa del jefe del Estado,
está implicado en «un amplio caso de espionaje ilegal llevado a cabo
durante un largo periodo. Entre las víctimas figuraban defensores de
los derechos humanos, miembros de la oposición política, jueces y
periodistas, a quienes se buscaba restringir, incluso neutralizar la
acción. Esas maniobras se habrían efectuado con la estrecha colaboración
de grupos paramilitares. Miembros del mundo diplomático y defensores
extranjeros de los derechos humanos también fueron objetivos». AI
agrega que «algunos militantes espiados por el Departamento
Administrativo
de Seguridad recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de acciones
penales por motivos falaces».34
En 2009, 80 miembros
del Congreso fueron objeto de una «investigación legal por sus presuntos
vínculos con grupos paramilitares». Varios magistrados que participan
en la investigación recibieron amenazas de muerte, según AI.35
Las fuerzas de
seguridad
cometieron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales. «El Relator
Especial
de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias
o Arbitrarias declaró que esos homicidios fueron cometidos por un número
importante de elementos del ejército». El ejército sigue colaborando
con grupos paramilitares, los cuales son culpables de «masacres».
Al menos 8 militantes de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron
asesinados en 2009. AI señala que «la impunidad de la cual gozan los
autores de violaciones sigue siendo fuente de una profunda
preocupación».36
México
En México, más de
6.500 personas fueron asesinadas en actos violentos ligados al
narcotráfico.
AI señala «violaciones de los derechos humanos cometidas por militares,
particularmente ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales,
desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos, así
como detenciones arbitrarias». La organización agrega que «víctimas
y familiares de víctimas recibieron amenazas después de intentar
presentar
una denuncia» y deplora «la impunidad de la cual gozan los culpables».37
AI afirma que «se
señalaron varios casos de violaciones de los derechos humanos
–desaparición
forzada, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y
detención
arbitraria, entre otros– imputables a agentes de la policía municipal,
federal o de los Estados». Además, «las promesas de las autoridades,
que se comprometieron a abrir una investigación sobre todas las
alegaciones
de tortura, no se cumplieron».38
Los migrantes también
fueron víctimas de las autoridades mexicanas. Padecieron «brutalidades,
amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, entre otros, perpetrados
esencialmente por grupos de criminales, pero también por algunos
funcionarios».
AI enfatiza que por otra parte «dos defensores de los derechos
fundamentales
de los indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados en
Ayutla».
AI señala también que «a finales de año, Raúl Hernández, preso
de opinión y militante de otra organización local de defensa de los
derechos de las poblaciones indígenas, se encontraba todavía en cárcel
sobre la base de una acusación de asesinato inventada».39
En México varios
periodistas
fueron amenazados, agredidos y secuestrados, según AI, particularmente
los que «se interesaban por las cuestiones de seguridad pública y
de corrupción». Al menos 12 periodistas fueron asesinados en 2009.
Además, «las investigaciones abiertas sobre los asesinatos, los raptos
y las amenazas de los cuales los profesionales de la prensa fueron
objeto
desembocaron muy pocas veces en acciones legales, lo que contribuye
a mantener un clima de impunidad».40
AI denuncia las
discriminaciones
y las violencias cometidas contra los pueblos indígenas, expoliados
de sus tierras y de sus viviendas por las autoridades, «con el objetivo
de explotar los recursos locales».41
Las mujeres y niñas
constantemente son víctimas de violencias. «Numerosos casos de
asesinatos
de mujeres, después de secuestrarlas y violarlas, se señalaron en
los Estados de Chihuahua y México», apunta AI. Pero, «la impunidad
sigue siendo la norma para los asesinatos de mujeres y los demás
crímenes
violentos de los cuales son víctimas». Por otra parte, 14 de los 31
Estados de México se niegan a aplicar la ley de despenalización del
aborto.42
Conclusión
El informe de Amnistía
Internacional es edificante en varios aspectos. Primero, se descubre
que aunque la organización subraya algunas violaciones de los derechos
humanos en Cuba, la isla del Caribe se encuentra lejos de ser el chico
malo del continente. Esta constatación pone en tela de juicio la
estigmatización
de los medios occidentales, de Washington y de Bruselas respecto a La
Habana.
Así, la prensa
occidental
engaña a la opinión pública cuando presenta a Cuba como el principal
violador de los derechos humanos en el continente americano. Estados
Unidos, por su parte, no puede justificar de ningún modo la imposición
de las sanciones económicas por la situación de los derechos humanos
en la isla y debe eliminarlas. En efecto, no sólo no tiene ninguna
autoridad moral para disertar sobre este tema en vista su propia
situación,
sino que además la mayoría de los países del continente presenta
una situación peor que la de Cuba.
En cuanto a la Unión
Europea, debe poner fin a la Posición Común, que es discriminatoria
y poco creíble por las mismas razones, y normalizar las relaciones
con La Habana. Conviene ahora evaluar la autoridad moral de Bruselas
sobre esta cuestión.
Sigue «Cuba y la
retórica de los derechos humanos» (2/2).
Revisado por Caty R.
Notas
1 Salim Lamrani, «Cuba, los medios
occidentales
y el suicidio de Orlando Zapata Tamayo»,
Rebelión, 2 de marzo de 2010.
2 Salim
Lamrani, Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (París:
Editions Estrella, 2009), pp. 121-134.
3 Ibid.,
pp. 21-36.
4 Amnistía
Internacional, «Informe
2010. La situación de los derechos humanos en el mundo», mayo de 2010. (Sitio consultado el 7 de
junio de 2010).
5 Ibid.,
pp. 87-88.
6 Amnesty
International, «Cuba.
Cinco años de más. El nuevo Gobierno debe liberar a los disidentes
presos», 18 de marzo de
2008. (sitio consultado el 23 de abril de 2008).
7 Amnistía
Internacional, «Informe
2010. La situación de los derechos humanos en el mundo», mayo de 2010, op. cit. 87-88.
8 Id.
9 Id.
10 Ibid.,
pp. 105-09
11 Id.
12 Id.
13 Id.
14 Id.
15 Id.
16 Id.
17 Id.
18 Id.
19 Id.
20 Id.
21 Ibid.,
pp. 48-52.
22 Id.
23 Id.
24 Id.
25 Id.
26 Ibid.,
pp. 62-63.
27 Id.
28 Id.
29 Id.
30 Id.
31 Ibid.,
pp. 72-76
32 Id.
33 Id.
34 Id.
35 Id.
36 Id.
37 Ibid.,
pp. 210-14.
38 Id.
39 Id.
40 Id.
41 Id.
42 Id.
(*)Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Acaba de publicar Cuba: Ce que les médias ne vous diront jamais
Disponible en librerías y en Amazon: http://www.amazon.fr/Cuba-Medias-Vous-Diront-Jamais/dp/2953128417/ref=pd_rhf_p_t_1 Para cualquier petición dedicada, contactar directamente: lamranisalim@yahoo.fr , Salim.Lamrani@univ-mlv.fr