Cuando un Estado quiere seguir exterminando a la oposición política como ejerció  el Régimen Político Colombiano contra la Unión Patriótica quien sufrió el más grande Genocidio Político cometido en la humanidad, pues a la fecha se afirma que han sido asesinados cerca de seis mil de sus militantes por agentes del terrorismo de Estado Colombiano aliado con el paramilitarismo y los EEUU, se puede afirmar que en ese País el nivel de Democracia es casi nulo.

Este axioma coadyuva para afirmar que Santos-Angelino quienes según los cables internacionales de los diferentes medios de comunicación indican que Ellos como Gobernantes confabularon para que en Caracas se detuviera arbitraria e injustamente a un sobreviviente del genocidio político cometido por agentes del terrorismo de Estado contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, quien tuvo que huir de Colombia para preservar su vida e integridad personal, están cometiendo criminal continuidad a la persecución a los sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.

No podrá jurídicamente en el marco del Derecho Internacional la República Bolivariana de Venezuela extraditar a Colombia a un ciudadano que ya no es colombiano sino sueco para que lo exterminen aquí. Pues él huyó de Colombia para proteger su vida y sus Derechos.

Joaquín Pérez Becerra  debe ser protegido por la Embajada Sueca  en Caracas y por la Embajadora en Bogotá regentada por la doctora Lena Nordströn para que sea dada la protección a un ciudadano sueco que en Europa nunca ha sido requerido por la justicia.

Es solamente Santos-Angelino que cuando no pueden derrotar a la oposición por la vía democrática utiliza toda forma de guerra sucia como arma de combate, y eso no está permitido en la legalidad Internacional.

¿Si Santos-Angelino sabían que el escritor y comunicador Joaquín Pérez, además sobreviviente del más grande genocidio político contra la oposición política legal, como fue admitido en el Informe de Admisibilidad Número 5/97 del 12 de Marzo de 1997 Caso 11.227 de la CIDH con sede en Washington, si conocían que Pérez estaba en Europa y salía de Frankfurt Alemania para Caracas Venezuela porqué razón no actuó allá?

Sencillamente porque en la Unión Europea no pesa cargo alguno contra Pérez, pues siempre ha sido inocente. Solo perseguido por agentes del terrorismo de Estado Colombiano.

Lo que Santos-Angelino quiere cobrar antidemocráticamente en la más clara actitud nazi, es perseguir a la oposición política ya agredida y que ejerce el derecho universal a la libertad de conciencia, opinión, prensa y comunicación. Es toda una aberración jurídica y política.

Santos-Angelino lo que deben hacer es pedir perdón a la sociedad por los miles de muertos cometidos durante los regímenes donde han actuado como servidores públicos y más aún a la Unión Patriótica y al Partido Comunista Colombiano quienes hemos puesto la mayor cantidad de hombres y mujeres héroes de nuestra Patria por buscar una Nueva Colombia a pesar de los miles de nuestros muertos.

¿Cuándo responderá el Estado Colombiano?

Yo ya sufrí este mismo tipo de detención arbitraria en Miami EEUU, cuando Santos estaba en el Gabinete de AUV y se intentó legalizar a la criminalidad del paramilitarismo a través de la llamada Ley de la Impunidad o Ley de “Justicia y Paz”, cuando yo iba a Washington a accionar jurídica y legalmente ante la CIDH en Washington. Ya es una costumbre de guerra del terrorismo de Estado que quiere ser impuesto no sólo en Colombia sino internacionalmente, a través de Embajadas y Consulados donde como Visbal, Sabas Pretel de la Vega, Guzmán, Montoya y muchos uribistas-santistas juegan un papel aberrante y no diplomático.

Joaquín Pérez Becerra fue Concejal de la Unión Patriótica y el  Partido Comunista Colombiano, comunicador social, escritor perseguido criminalmente en Colombia por ser eso: oposición política al régimen terrorista de Estado. Para salvar su vida Suecia le dio amparo internacional y ese amparo y su ciudadanía sueca prevalecen sobre los apetitos de guerra santistas-angelinistas.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela jurídicamente es responsable de la vida, integridad personal física y psicológica y de los Derechos vulnerados al comunicador Joaquín Pérez Becerra, quien debe ser liberado inmediatamente.

(*) Director CPDH-Valle.