Marea Socialista, ante la Medida de Otorgamiento de “Casa Por Cárcel” al Coautor de la Masacre del 11 de Abril de 2002, Comisario Iván Simonovis

Caracas, 22 de septiembre de 2014

La corriente de izquierda Marea Socialista, de militantes del PSUV, de luchadores y luchadoras de la revolución bolivariana, hace público su fuerte cuestionamiento a la medida de otorgar el beneficio de “casa por cárcel” al coautor de la Masacre de Puente Llaguno.

LA JUSTICIA NO SE NEGOCIA Y LA LLAMADA “MEDIDA HUMANITARIA” NO PUEDE CONVERTIRSE EN  UNA FORMA DE IMPUNIDAD

A Simonovis se le acaba de otorgar una “medida humanitaria de casa por cárcel”, de carácter temporal y con restricciones. La Asociación de Víctimas del Golpe del 11 A (ASOVIC) ha venido manifestado, en todos estos años, su desacuerdo con cualquier decisión que pudiese conllevar a la impunidad de la Masacre de Puente Llaguno, hecho calificado de grave violación de derechos humanos, por el que Iván Simonovis fue condenado a 30 años de prisión, de los que se han cumplido ya 10 años.

Otros comisarios involucrados, como son Henry Vivas y Lázaro Forero, fueron favorecidos con medidas humanitarias por padecer enfermedades terminales, pero luego de varios años continúan con vida sin que se conozca públicamente la evolución de las dolencias que basaron la concesión de los beneficios y se tiene información de que se desplazan libremente por el país, según lo admitió la esposa de Forero en un programa de televisión (por Vivo Play el 21 de septiembre).

Se sobreentiende que al cesar la causa que motivó la medida (situación extrema de enfermedad), debería continuar el cumplimiento de la pena y por ello debería haber reevaluaciones médicas periódicas. Por consiguiente, existen antecedentes para pensar que tales “medidas humanitarias” pueden haberse convertido en recursos para eludir el cumplimiento de las penas impuestas.

No es extraño pensar esto cuando estamos presenciando y denunciando un auge de la corrupción y de la impunidad de la burguesía y de sectores de la burocracia estatal, que vienen actuando en complicidad en el desfalco de la renta petrolera, la fuga de capitales, los “guisos” y “comisiones” y el desvío de fondos destinados a la inversión productiva o a la satisfacción de las necesidades del pueblo. Las componendas políticas y los acuerdos para descargar la crisis sobre el pueblo son parte de todo esto.

Por eso, así como planteamos que hay que impulsar auditorías públicas e independientes, con participación ciudadana, para examinar todos estos hechos de corrupción; dentro de la misma lógica, hay que reivindicar el derecho de las víctimas del 11 Abril a verificar la situación de salud de los victimarios (mediante una Junta Médica Ad Hoc, que además del médico forense pueda incluir a médicos merecedores de su confianza) así como el seguimiento de las medidas con las que fueron beneficiados.

ASOVIC ha dicho que no se opone a las medidas humanitarias si éstas son por causas reales y debidamente justificadas, pero rechaza que se burle a la justicia y se permita la impunidad por presiones políticas de la contrarrevolución. Por otra parte, defienden el principio de igualdad y no discriminación frente a la Ley, sin privilegios ni tratos especiales a presos ligados a poderes económicos y políticos, pues este tipo de medidas no suelen ser concedidas a otros presos, enfermos graves, que hay en las cárceles del país.

Coincidimos en eso y alertamos frente a la posibilidad de que la concesión de la llamada “medida humanitaria” pudiese esconder un subterfugio para permitirle evadir la verdadera justicia y abrir rendijas a la impunidad. No hay certeza ni podemos confiar en que los exámenes practicados a Simonovis hayan revelado una real situación de salud, con riesgo severo para su vida, que justifique la medida adoptada. Pensamos que el pueblo tiene derecho a comprobar que no se trata de un fraude o de un simple acuerdo político.

Sabemos que la liberación de Simonovis ha sido una exigencia política de la derecha y de los sectores empresariales durante la ofensiva guarimbera y en las negociaciones políticas desarrolladas en las “mesas de paz” entre el gobierno y la oposición contrarrevolucionaria de la MUD. El pueblo venezolano está al tanto de ello. El Diputado Zambrano (AD) acaba de admitir por un medio público que eso se acordó en las “mesas de paz” (canal Vivo Play, sábado 21), lo que en dicho caso comprometería a la separación de poderes. El pueblo venezolano percibe la confusión y tenue  delimitación que pareciera haber entre el Gobierno, el Estado y la dirección política del PSUV. Por tal razón pensamos que hay que invocar al ejercicio de la contraloría social del pueblo sobre la administración de justicia.

El presidente Maduro hizo un compromiso frente a las víctimas y frente al pueblo, de que no tomaría ninguna decisión que conllevase a la impunidad de estos delitos, pero dijo que esto le correspondía al Tribunal, por lo que el gobierno debe marcar una postura clara, ya que no estaría exento de responsabilidad en este caso. Igualmente, la dirigencia del PSUV debería expresar públicamente su rechazo a medidas que puedan favorecer la impunidad con la manipulación de la justicia y ponerse al servicio de los reclamos y luchas de las victimas del 11 A.

LA IMPUNIDAD VA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO, VA CONTRA LA DEMOCRACIA Y ES CONTRARREVOLUCIONARIA, ES UNA DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS PARA NUESTRA LUCHA POR EL SOCIALISMO

La revolución bolivariana es asediada constantemente y ha sido puesta en gravísimo riesgo en varias oportunidades por la contrarrevolución. Los autores intelectuales y materiales de conspiraciones y golpes de Estado como el del 11 A, el sabotaje petrolero y las guarimbas, siguen, en su mayoría, atentando contra el proceso revolucionario y contra el pueblo bolivariano, sin pagar por la destrucción y las muertes que han causado una y otra vez. La impunidad ha sido una de las principales parteras de esta reincidencia que mantiene permanentemente esta terrible amenaza. La conciliación y la alcahuetería permiten que se renueve el acoso a la revolución.

Por eso, en defensa de la revolución bolivariana, de sus conquistas democráticas y sociales, nos pronunciamos por la consecuente aplicación del Artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual: "El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía".

RESPETO Y SOLIDARIDAD PARA LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE ABRIL

Expresamos nuestra solidaridad con los sobrevivientes de la masacre y con los familiares de los fallecidos y heridos. Nos sumamos a la convocatoria hecha por ASOVIC al pueblo bolivariano, para acompañarles con todo el apoyo y el cariño popular en su lucha por la justicia y contra la impunidad.

Como parte de esta expresión de solidaridad, les respaldamos en la exigencia de la aplicación del Artículo 30 de la CRBV, según el cual “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente al las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios…”