El pretexto de un grupo de vagos e inmorales “estudiantes” para exigir la
eliminación de los exámenes finales en la ULA el 24 de marzo de 1987, fue
el utilizar los terribles hechos del mismo 13 de marzo los cuales habían
puesto contra la pared al gobierno de Lusinchi. Con ron, con cerveza y con
escándalos de todo calibre, empezando por el uso de la propia muerte de
Luis Ramón Carvallo Cantor para fines tan miserables, como el de la
eliminación de los exámenes finales, puso al descubierto desde el
principio la verdadera naturaleza de los que encabezan aquel movimiento.

Esa jornada pues, hizo famoso al Mov. 13 que han conducido los más
mediocres y burdos dirigentes estudiantiles de la ULA, empezando por
Caracciolo León, su fundador y mentor. Luego se supo que Caracciolo era
agente de la Disip que cobraba sueldo por este cuerpo represivo, y toda su
supuesta pose revolucionaria se puso al descubierto cuando acabó siendo
Secretario General del gobierno del nefasto William Dávila Barrios.
Fue realmente un macabro día el viernes 13 de marzo de 1987. Un grupo de
estudiantes recién graduados celebraba con las consabidas caravanas de
carros por las calles de Mérida. De pronto se escuchó un disparo. Un
conocido abogado de la ciudad acababa de matar a un estudiante, que ese
mismo día se había recibido de ingeniero de la República. El abogado lo
mató frente a su casa, en la avenida 4, entre las calles 30 y 31, por
orinar cerca de su jardín.

El sacudimiento fue tremendo. Comenzaron a llegar jóvenes de todos los
sectores aledaños. El terrible anuncio corrió con una intensidad y una
emoción nunca vista: "Mataron a un estudiante". La casa del abogado, autor
del disparo, de nombre Bernardino Navas, fue saqueada y reducida a cenizas
en cosa de minutos. El carro Toyota del abogado fue sacado del
estacionamiento y convertido en una inmensa hoguera.
Durante la noche de ese viernes ardió el centro de la ciudad, y se
obstruyeron las vías con promontorios de chatarras de todo tipo, similar a
esas escenas que con escombros hemos visto en la guerra en Bosnia. Se
respiraba un aire de inmensa conmoción social, y casi nadie durmió esa
noche. Veíanse colchones, cauchos, escritorios, sillas, metales
retorcidos, enormes peñascos, tambores y basura por doquier. Parecían los
restos dejados por una guerra que se hubiese librado casa a casa.

El día sábado amaneció con una tensión abrasadora. Ya a las 9 de la mañana
había una concentración multitudinaria de jóvenes en Glorias Patrias,
cerca de la funeraria donde se velaban los restos del estudiante
asesinado. Pero el caos era total. Las bombas lacrimógenas y los saqueos
se sucedían en muchos lugares del Centro. La guerra fue durante todo el
día y la noche. También fue cierto que muchos estudiantes apostados por
los sectores del Rectorado y la Plaza Bolívar y que mantuvieron en jaque a
la policía con sus piedras y bombas molotov, pasaron celebrando el caos
con alcohol producto del saqueo hecho a más de siete licorerías.
El gobierno de Lusinchi se tambaleó feamente y el presidente tuvo que
dirigirse a la Nación, pero en su torpeza relacionó los disturbios con
acciones del narcotráfico. En el pasado las acciones represivas, masacres,
eran siempre atribuidas a la subversión; ahora el chivo expiatorio era
otra vez el asunto de las drogas. Casualmente en aquellos días Lusinchi
preparba una ponencia sobre narcotráfico en la ONU, de modo que discurrió
largamente por la televisión sobre este asunto; allí estaba el meollo de
la tragedia de Mérida.

Tal fue el horror que causó este estallido a nivel nacional, que un
reclamo de aumento de salarios para el sector público que se tenía
pendiente desde hacía varios meses, Lusinchi ordenó hacerlo efectivo de
inmediato. Se vivieron en una parte de Venezuela los primeros síntomas de
lo que habría de darse el 27 de febrero de 1989. La noticia recorrió el
mundo, pero el relajo estudiantil jamás habría podido convertir aquel
movimiento en algo serio. En realidad, si alguien hubiese podido entonces
capitalizar el enorme descontento nacional, se le habría adelantado al
proyecto de Chávez. En verdad se estaba maduro para que se diera un gran
vuelco político, sólo que faltaba un líder serio, y Caracciolo no lo era
en absoluto.

El Alto Mando militar se reunió de urgencia y se coordinaron acciones,
disponiendo de inmediato el envío de centenares de efectivos de la brigada
antitanques. Yo recuerdo que bullía un gran estado de descomposición moral
a todos los niveles del gobierno, y que se avecinaba un gran golpe; yo
quería que ese golpe se diera en Mérida. Tenía el enorme presentimiento de
una conmoción en puertas, y busqué desesperadamente al rector Pedro Rincón
Gutiérrez para proponerle que se erigiera en jefe de una sublevación
popular. Se respiraba el sentimiento de una gran guerra que podía volcar
todo el presente, y comencé a rondar por la casa del rector, sintiendo con
honda tristeza que don Pedro Rincón Gutiérrez no tenía guáramo para
lanzarse en un proyecto de tal envergadura.

Ya el arma que mató al estudiante se encontraba en poder de la Policía. Se
quiso mentir al principio diciendo que Bernardino actuó en defensa propia.
El arma era un revolver calibre 38 mm que desde el día del crimen fue
llevado y traído por varias dependencias de la PTJ. El Comisario Orlando
Jordán Petit vino a Mérida con los resultados de la experticia. Se veía
cuán tembloroso y aterrado se encontraba el gobierno que enviaron de
urgencia al Comisario General acompañado de altas personalidades de la PTJ
de Caracas. En el aeropuerto Carnevalli, a todas las preguntas de los
periodistas, el Comisario respondía: "Eso es parte del sumario".
El domingo por la tarde, luego de muchas vacilaciones del gobernador
Carlos Consalvi, el ejército cercó completamente a Mérida. La ciudad
amaneció cubierta con la bruma de un blanco sudario con la neblina
mezclada con los gases lacrimógenos. Los soldados armados hasta los
dientes, con máscaras antigases, chaquetones, y pantalones de camuflaje
parecían como si estuviesen en medio de una guerra bacteriológica. Para
entonces habían sido ya saqueados e incinerados la Casa Distrital de
Acción Democrática y los Almacenes de la Guardia Nacional.

VENPRES informaba escuetamente que Acción Democrática, seccional Mérida,
había emitido un acuerdo de duelo por la muerte del estudiante Luis
Carvallo, quien era militante del "partido del pueblo" e hijo de un
miembro de AD. COPEI por su parte desvinculó al estudiante de todo hecho
político y dijo que se trataba de un asunto enteramente personal. El
abogado Bernardino Navas recientemente había sido postulado por COPEI a
presidir los destinos del Colegio de Abogados. Bernardino Navas también
había sido Consultor Jurídico de la Policía durante la administración de
Herrera Campins. En el momento de los hechos se desempeñaba como
Vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de Altura.

La Fracción de Estudiantes de AD, inmediatamente el mismo domingo,
difundió un decreto por el cual declaraba 8 días de duelo, y se hacía
mención al hecho de que un grupo de militantes de este partido habían
contratado los servicios de abogados penalistas para acusar al homicida.
La gente no hacía sino preguntarse: "¿Y Bernardino?, ¿dónde tienen a
Bernardino?" El abogado se había acogido al precepto constitucional de no
decir una palabra hasta llegar al punto de la indagatoria; en su casa
habían encontrado dos revólveres más del mismo calibre 38 mm. El lunes por
la tarde la guerra se extendió hasta las instalaciones estudiantiles de
las Residencias Albarregas y Domingo Salazar; también por Las Marías. Las
agencias internacionales de noticias referían los acontecimientos con lujo
de detalles. Pero la orden del gobierno había sido declarar que los hechos
se desataron por provocaciones del narcotráfico.

Léster Rodríguez, ahora rector de la ULA era presidente de APULA y gritaba
entonces: "En el fondo de su corazón el pueblo debe creer en la Justicia".
Ese lunes los saqueos se extendieron por Los Chorros y El Paseo de la
Feria. El sargento primero Ligio Rafael González, de ese Cuerpo, no dejaba
de pregonar que tenía el corazón crispado por lo que estaba viendo y
sucediendo. El presidente de la Federación de Centros Universitarios era
el adeco bachiller Rafael Mora, a quien se le conocía como "Burro con
sueño". Éste estaba preocupado en aquel momento por el asunto de las
Ferias, pues no le habían pagado completo el alquiler (ilegal) que hizo de
ciertas instalaciones donde funcionaba la Federación. De este alquiler
estaba obteniendo una buena tajada. Entonces pedía la cordura suficiente a
fin de lograr la calma y el retorno normal de las actividades comerciales
que era lo que más le interesaba, pues los bancos estaban cerrados y a él
le urgía cambiar varios cheque. Le "enardecía" además que se estuviera
violando tan ferozmente la propiedad privada.

Mora no se aparecía por los centros más conflictivos y desde su guarida o
desde la radio hacía llamados a la confianza en las autoridades
competentes, en la justicia. Todavía no se hablaba de reflexión; esa
palabrita aparecería el 4 de febrero de 1992.
Finalmente fue ese lunes cuando apareció el gobernador. Héctor Alonso
López, con su impecable peinado a lo Juana de Arcos, sostuvo que aquello
era producto de sicópatas y dementes. Rodeado de micrófonos estuvo
declarando que estas cosas eran inevitables, pero que lamentablemente "los
acontecimientos han traído consecuencias que hacen pensar que hay una
intención mucho más allá de lograr justicia frente a este abominable
suceso". Fue enfático recalcando que el padre del muchacho asesinado era
de AD.

Pero la crispación ni por asomo estaba controlada: El presupuesto de un
año de la Policía se había despilfarrado en tres días, y ya se hacía un
urgente inventario en los depósitos para pedir cuatro contenedores de
bombas lacrimógenas a Israel o Corea.
Ya la frase más mentada era: "Violación del recinto Universitario"; ¿es el
Alma Mater la única virgen del mundo que ha sido violada más de mil veces
por quienes la dirigen, y al parecer continua virgen? Un misterio superior
al de la Trinidad.

La verdad es que en aquellos tiempos existía una gran alianza Policía
-Estudiantes para repartirse los saqueos, y sobre estas prácticas el
escritor Enrique Plata escribió un extraordinario cuento (ganador de un
concurso). Durante estos vandalismos se sucedían unas extrañas treguas
para habilitar sitios seguros donde guardar o esconder los despojos que se
hacían. Los policías para “ganar méritos” llevaban a sus superiores parte
del botín. Posteriormente se institucionalizaron estos vandalismos de modo
que cada vez que se produjeran saqueos y quemas, el gobierno y la
universidad se responsabilizarían económicamente por los desmanes que se
ocasionaban. Todo esto es verídico, y he allí parte de la delincuencia
armada, ahora más moderna, con paramilitares, metidos hasta los calcañales
de las facultades de Humanidades y Ciencias Jurídicas, portando
ametralladoras UZI, y apoyados por ciertos imbéciles profesores sin
probidad alguna, pero con muy buena prensa, osea.