La Corte Penal Internacional fue creada con la aprobación del Estatuto de Roma en el año 1.998. En la actualidad, 123 estados parte son signatarios del mismo. La Corte tiene jurisdicción para la investigación, enjuiciamiento y sanción ante la presencia de cuatro delitos principales: Genocidio ("intención específica de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros"); Crímenes de lesa humanidad ("violaciones graves cometidas como parte de un ataque a gran escala contra cualquier población civil"); Crímenes de guerra ("infracciones graves de los convenios de Ginebra en el contexto de un conflicto armado"); y los Crímenes de agresión ("uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otro Estado"). El Estatuto de Roma establece que las actuaciones de la Corte Penal Internacional serán "complementarias a las jurisdicciones nacionales", pero le otorga facultad para abocarse ante la presencia de crímenes que no han alcanzado el debido proceso ante la justicia local (www.icc-cpi.int/).
Desde el año 2.002 la Corte Penal Internacional ha realizado investigaciones sobre crímenes objeto de su competencia cometidos en Burundi, la República Centroafricana, Costa de Marfil, Sudán, Georgia, Kenia, Libia, Malí, República Democrática del Congo y Uganda.
Mientras las investigaciones se centraban en los países africanos, que durante décadas palidecieron nefastas guerras civiles, la Corte Penal Internacional recibía felicitaciones y palmaditas de todo el orbe, principalmente de los países occidentales. Pero ahora está en el centro de la tormenta al desatar la ira del inefable presidente norteamericano Donald Trump, el cual desesperado y dando tumbos ante una adversa campaña electoral, ha abierto fuego contra los miembros de la Corte que investigan las múltiples y bien documentadas atrocidades cometidas por el nefasto ejército norteamericano en contra de la población civil afgana.
Recordemos que desde que Estados Unidos lanzó la "Operación Libertad Duradera" en el año 2.001, ha causado más de 150.000 muertos y más de 1.000.000 de desplazados, sumiendo al país en el caos total, con una guerra sectaria que no tiene fin. Existe una abultada documentación de docenas de "ataques quirúrgicos" (con misiles teledirigidos y drones) que han terminado sobre la población civil indefensa. Casos que son considerados descarada e impunemente por Estados Unidos como "daños colaterales". Quedando siempre todas las muertes sin juicio, ni sanción alguna para los mandos y miembros operativos involucrados.
Pero en marzo de este año, la "Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional decidió por unanimidad autorizar al Fiscal a iniciar una investigación sobre presuntos delitos bajo la jurisdicción de la Corte en relación con la situación en la República Islámica de Afganistán", basado en los aportes y declaraciones de "699 representaciones de víctimas", para continuar desde allí con las investigaciones que sean necesarias.
Como respuesta a esta afrenta de la Corte Penal Internacional en contra del impúdico imperio norteamericano, Trump aprobó personalísimas sanciones para "bloquear los activos de los empleados de la Corte y evitar que ingresen a su territorio", con el objetivo de "proteger a los miembros del servicio estadounidense y defender nuestra soberanía nacional". En jerga jurídica hablamos de la ratificación de la pretendida inmunidad que Estados Unidos invoca cuando despliega su maquinaria militar en funciones de exterminio en cualquier parte del mundo. Nuevamente el método de las "sanciones" es utilizado por Estados Unidos de manera írrita, de acuerdo a sus perversos intereses y como un arma de disuasión política extraterritorial.
Es importante destacar que Trump lanza este ataque en contra de la Corte Penal Internacional también para proteger y seguir dando un manto de impunidad a su maléfico aliado israelí, encubriendo así sus horrendos y oprobiosos crímenes cometidos en contra del pueblo Palestino. En su defensa, el Gobierno de Palestina solicitó desde el año 2.015 la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para investigar crímenes cometidos "en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental". Este dificultoso proceso de investigación de la Corte Penal Internacional se realiza en el complejo contexto del inmoral "Acuerdo del siglo", donde Israel con el solitario apoyo de Estados Unidos pretende ejecutar un inmenso plan de expansión territorial, lo que en la práctica se traducirá en una nueva agenda de desplazamientos forzosos, con la respectiva aniquilación y exterminio sistemático de la población civil palestina.
La arremetida de Trump en contra de la Corte Penal Internacional sigue una línea antidiplomática de desprecio e irrespeto en contra del multilateralismo y la cooperación internacional. Diferentes organismos internacionales han recibido su dosis de furia por parte del propulsor del "Make America Great Again". Con absoluta soberbia y malcriadez el irascible Trump, en menos de cuatro años, logró aislar y sacar a Estados Unidos de la Unesco, de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cortó los fondos al programa de la ONU para Palestina, desconoció el Acuerdo Nuclear con Irán y abandonó recientemente el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio.
Trump actúa como un guapetón de barrio. Parece el amo blanco administrador de una plantación algodonera del siglo XIX. Su lógica de dominación (como perfecto neoesclavista) es mediante la opresión, la sumisión y el aniquilamiento del adversario. Todo a punta de látigo y garrote.
