El pasado 24 de octubre cumplió dos meses sin cumplirse la orden del Presidente Chávez de pagar las bienhechurías a los ganaderos de Machiques. El INTI bajo la dirección de Juan Carlos Loyo, el Ministerio del Ambiente a cargo de la ingeniero Yubiri Ortega, y la Comisión para Demarcar las Tierras Yukpa comandada en el Zulia por el ingeniero Sergio Rodríguez y, en cierta manera, por Arias Cárdenas, en ausencia de Ex-Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, se niegan a crean las condiciones jurídico administrativas para que el Estado gobierno dote de tierras a las comunidades yukpa Chaktapa, Guamo Pamocha, Shiraji, Río Yaza, Guacaipuro, Kurubal, Koropo, Jararamü, Mara Kunaka, entre otras, adquiriendo respectivamente las bienhechurías de las haciendas Tizina, Kusare, Brasil, Paja Chiquita, Ceilán, Campo Libre, Medellín y Maracay.

 El jueves 9 de Octubre de 2008 en la visita realizada al INTI Caracas por los caciques yukpa de las comunidades Chaktapa, Guamo Pamocha, Shiraji y Río Yaza, Sabino Romero Izarra, Olegario Romero, Carlos Romero y Mary Fernández, respectivamente, fueron informados que la orden de adquisición de estas haciendas deben ser autorizada por la Comisión de Demarcación, pero en cada oportunidad que se le pregunta a que Sergio Rodríguez por la adquisición de las bienhechurías de dicha haciendas dice que esto es asunto del INTI.

Continúa el peloteo institucional, mientras que las palabras de Chávez rueda por el suelo y las comunidades yukpa y hacendados esperan en un marco de tensiones. Los yukpa aún permanecen en intensa alerta permanente los intentos de desalojos por parte de los hacendados, y los segundos, los hacendados, comienzan a desesperarse a ver que ministros y funcionarios menores nada hacen para concretar la orden de Chávez de pagarles las bienhechurías de sus siete haciendas ocupadas.

El alerta y la zozobra en las cuales viven las comunidades yukpa son originadas por las declaraciones mediáticas amenazantes emitidas por el sector ganadero, sus constantes movilizaciones como la realizada el 12 de Octubre en la hacienda Medellín de la familia Vargas en la zona del río Yaza, donde se concentraron más de 40 camionetas de ganaderos fuertemente armados, o los disparos efectuados por sicarios ordenados por Adelso Sánchez según atestiguan pobladores yukpa de la comunidad Koropo que ocupan bienhechurías de las hacienda Campo Libre.

 La población de Machiques está dividida en opiniones encontradas, mucha de éstas sustentadas en la desinformación emitidas en el diario La Verdad donde se procesa una visión unilateral del tema, o en algunas emisoras de la zona donde los ganaderos, su asociación, o los políticos de la oposición día y noche bombardean con una visión racista la mente de los habitantes de Machiques. Se está creando odio contra la nación o pueblo yukpa, muy en especial contra sus dirigentes en resistencia ubicados en las comunidades de las cuencas de los ríos Yaza y Negro. Sus nombres y la de los ecologistas aliados en esta lucha por la dotación y medición de sus tierras, son satanizados ante la opinión pública de Machiques, mientras los personeros de la Comisión de Demarcación de las Tierras Indígenas y el INTI juegan a la desinformación de los líderes de las comunidades y ganaderos.

Estas nefastas actuaciones contra los líderes indígenas y ecologistas están sustentadas en opiniones y supuestas pruebas recogidas por inteligencia militar bajo las órdenes del General Gerardo José Izquierdo Torres contra cada uno de los líderes indígenas yukpa y dirigentes sociales involucrados en el proceso de Autodemarcación de las tierras yukpa. Cada líder destacado tiene una Carpeta Expediente con su foto, tipo Caja de Pandora, como en los mejores tiempos del liderazgo militar en el Con Sur. Estos expedientes negros sirven para manipular la opinión de ministros y funcionarios, para sacar de la zona a Santiago Arconada ex-Subdirector del ICLAM, para amedrentar directores de emisoras, de instituciones privadas y publicas para que despida a funcionarios comprometidos con el socialismo con rostro indio. Mucha de esta información provienen de los viejos informes de la DIM de la cuarta república, montados en base a supuestos para defender los intereses de pudientes terratenientes y capitales de las trasnacionales mineras del carbón.

 Situación esta que se agrava cuando la Comisión de Demarcación de las Tierras Indígenas confirma en la reunión de Chaktapa el domingo 14 de septiembre de 2008 que hay que respetar los derechos de terceros en el subsuelo (es decir de los capitales del carbón) y ahora para enmarañar máas la situación aparece un nuevo factor en el rompecabeza fronterizo la incorporación de militares en el negocio de la explotación del carbón con la llegada del General Carlos Eduardo Martínez Mendoza a la Presidencia de Corpozulia, con la creación de la empresa Venezolana de Minas (VEMINCA) que firma un contrato con el Vicepresidente de Carbozulia ingeniero Ovis Prieto el 11 de marzo de 2008 (Ver archivo del Departamento Jurídico de Carbozulia: 00389/CBZ CACHIRI703 2008) y en el Banco Minero al General Abelardo Fernández López.

 Lo que está defendiendo el Estado gobierno a través de esta Comisión de Demarcación son la tesis del fantasma del secesionismo en el Zulia (vinculado a las tierras indígenas) defendida por gremios ganaderos, el Geneal Visconti, Ángela Zago, Olavaria, Allan Brewer-Carias, Brito Garcías, entre otros, los derechos de terceros (mineros, ganaderos, parceleros, refugiados y desplazados colombianos) que no son más que los derechos indígenas violados, la supuesta producción agropecuaria de Machiques y los derechos militares en la frontera venezolana solapados por la defensa de la soberanía.

 Con estos argumentos se han conspirado para que tanto las naciones o pueblos yukpa y barí se quedasen sin tierras garantes de sus permanencias como pueblos diferenciados; sus futuras generaciones están desde ya condenadas a emigrar para engordar los cordones de miserias de las ciudades. En estos momentos ni los señores del INTI ni de la comisión están dispuestos de entregarles al pueblo yukpa sus tierras originales rescatadas poniendo de por medio sus vidas. En este juego de intereses nada vale la palabra de un presidente. Los pueblos indígenas no entran en la profundización del diseño socio económico que harán de Venezuela una potencia mundial, al contrario son contraproducentes sus aspiraciones territoriales.