UNION DE NACIONES SURAMERICANAS 

UNASUR

LOS ACONTECIMIENTOS DE PANDO

Freddy Gutiérrez

Comisionado

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente en todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así, conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.

 El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia , inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales , en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Fragmento del Preámbulo de la Constitución Política del Estado aprobado por la Asamblea Constituyente de Bolivia

LOS ACONTECIMIENTOS DE PANDO

UNION DE NACIONES DE AMERICA DEL SUR

 UNASUR

FREDDY GUTIÉRREZ

 COMISIONADO

La Comisión de la Unión de Naciones de América del Sur. UNASUR, instituida por la Declaración de la Moneda en respuesta a una solicitud del Gobierno boliviano, obedeciendo al mandato de realizar una investigación que permita esclarecer a la brevedad las incidencias de la masacre que se vivió en el Departamento de Pando, y de formular recomendaciones que tiendan a garantizar que la misma no quede en la impunidad, ha presentado, a escasamente dos meses de su mandato, un informe que pone en claro las líneas generales y las responsabilidades básicas del complejo episodio. Ello no hubiera sido posible sin la perspicacia, diligencia y compromiso con los derechos humanos de la Comisión designada por UNASUR para investigarlo..

Es preciso advertir, sin embargo, que su esclarecimiento cabal, especialmente en lo que se refiere al número de víctimas, y a la totalidad de las responsabilidades involucradas, sólo será posible cuando culminen algunas investigaciones en curso que se apoyan en trabajos de campo e informes periciales, y que se refieren a hechos tales como desapariciones, suplicios, circunstancias de decesos, abusos sexuales, enterramientos clandestinos y ejecuciones particulares de niños. 

Nuestra Comisión fue conformada por designación de los presidentes de los países miembros, siendo integrada por calificados conocedores en materia de Derechos Humanos quienes apoyaron sus actividades en un equipo interdisciplinario que incluyó, entre otros activos profesionales, criminalistas, expertos forenses, abogados, médicos, analistas políticos y documentalistas.

 Es importante no pasar por alto que la respuesta de UNASUR a los aconteceres políticos de Bolivia y a los hechos que se produjeron en el Departamento de Pando, constituye un precedente único en el orden internacional. Ni en la Europa que sufrió la tragedia de los Balcanes, ni en las Américas donde se han padecido hechos atroces como los que se experimentan aún en Guantánamo, se han realizado investigaciones tan profundas y tan oportunas como la que se concretó por disposición de los presidentes de UNASUR mediante la Declaración de la Moneda. Su texto no se pierde en circunloquios y dobles vueltas, y positivamente emplea un lenguaje directo y dispone un mandato sin equívocos.

El trabajo se ciñó a principios y normas de aceptación general en este tipo de investigaciones. Se llevó a cabo levantando pruebas testimoniales en Bolivia, en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y, por supuesto, se puso el acento en el Departamento de Pando, su capital Cobija y en las localidades de Porvenir, Filadelfia, Puerto Rico y Madre de Dios, entre otras, escenarios de la tragedia en su dimensión mayor. También se visitó Brasileia en la República Federativa del Brasil. Se aprovechó la experiencia acumulada por Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales. Sus conclusiones y recomendaciones, las cuales fueron objeto de discusiones fecundas, fueron aprobadas, cabe subrayar, por unanimidad. 

I - EL ESCENARIO

Pando, ubicado en la parte septentrional de Bolivia, se constituyó como departamento en 1938 bajo la presidencia de Germán Busch, en el llamado “Territorio de Colonias del Noroeste” que ocupa la mayor parte de la amazonia boliviana.

La condición periférica de esta región con respecto al altiplano, centro de las actividades tradicionales del país, cambió en parte a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando, a raíz del descubrimiento del uso industrial de la goma látex, el territorio pandino atrajo el interés de los que pretendían explotar este recurso natural. Ya para comienzos del siglo XX la goma látex era un rubro significativo dentro del total de las exportaciones bolivianas. Pero lo que más importa, desde el punto de vista del tema tratado, es que este hecho determinó el azaroso modelo de ocupación territorial de Pando, signado por una colonización sin control que se reflejó necesariamente en el carácter singular de sus instituciones políticas.

En efecto, en Pando, bajo formas institucionales nominalmente modernas, el poder se ejerce mediante órdenes prácticamente inapelables y se organiza como dominio de un clan. Lazos familiares y clientelares condicionan la pertenencia a una estructura piramidal e inamovible de poder desde cuyo vértice, desde hace tres décadas, Leopoldo Fernández Ferreira domina, influyendo en todas las instancias de la vida civil, económica y política del Departamento. El control social que garantiza el mantenimiento de este aparato se ejerce regularmente a través de una violencia soterrada que solamente se hace explícita en momentos en que este orden discrecional se siente amenazado.

II - EL CONTEXTO

Las Prefecturas de los cuatro Departamentos de la media luna boliviana ejecutan, con distintos grados de intensidad y progresión, una sola política cuyo propósito fundamental rebasa sus explícitos alegatos autonómicos, amenazando la unidad e integridad del territorio boliviano, en abierta contradicción con el valor y principio según el cual Bolivia es una, única e indivisible.

Es socialmente conocido y la Comisión tiene una recopilación documental que lo fundamenta, el hecho de que se ha venido empujando una política de escisión de lo que llaman la media luna boliviana. Actos como la ocupación ilegal de aeropuertos, el impedimento para que accedan a este territorio autoridades nacionales, la realización de actos electorales sin base legal, la ocupación violenta de edificaciones de institutos públicos nacionales, la destrucción de bienes muebles y archivos cargados de documentos, configuran actos de sedición dirigidos al rompimiento de la integridad del territorio boliviano.

Tal vez sea oportuno destacar que la legitimación de la eficacia administrativa lleva consigo un margen de autonomía amplio para realizar movimientos administrativos que procuren la eficacia de una gestión. Nadie lo discute. Sin embargo, un propósito como ese se distorsiona cuando se desconoce a las autoridades nacionales con quienes debe tenerse grados de coordinación para satisfacer necesidades grandes o menores de la gente. El propósito se deforma aún más cuando, además, se realizan actos de violencia contra las personas que no adhieren en ejercicio democrático estas líneas.  

Esta política también, por otra parte, en muchos aspectos, responde a la caracterización que hace Hanna Arendt del comportamiento totalitario. Rasgos de ello son:

La absolutización del liderazgo, que se ejerce sobre todos los ámbitos de la vida cívica e incluso modela los comportamientos individuales. Esto se traduce en gobiernos departamentales que, ajustándose aparentemente a formas institucionales establecidas, prolongan indefinidamente el poder y la influencia del grupo o de la personalidad dominante.

La caracterización de “el enemigo” mediante rasgos étnicos o de cualquier otro tipo. Se deshumaniza o cosifica a “el otro o “el distinto” en ciertos contextos sociales, económicos o verbales mediante la construcción de un estereotipo de “adversario” con el que se estigmatiza a un sector extenso de la población. Este es el caso de “ el gitano ”, “el judío” para los antisemitas, o en Bolivia, “ el indio ”, “ el campesino ”, o simplemente “ el “kolla ” . De esa manera, en textos y dichos prefecturales que los despersonalizan al no mencionarlos jamás por su nombre propio, hombres, mujeres o niños quedan en situación simbólicamente disminuida y vulnerable. Expresión de esto son también las sostenidas campañas de denuestos de inequívoco tinte racista que se realizan a través de medios controlados por esas Prefecturas en contra de personeros del Gobierno Central.

La “banalización del mal”, que procura presentar como normal y corriente la violencia que se ejerce contra la gente sencilla del pueblo marcada por un arbitrario estigma. En muchos casos tales agresiones son ejecutadas por bandas de jóvenes aupadas por las Prefecturas.

Sobresale en este ejercicio la llamada “Unión Juvenil Cruceñista” (UJC), cuyos organizados escuadrones propinan en las calles de Santa Cruz y en pleno día, inmisericordes golpizas a hombres de cualquier edad, mujeres y niños de rasgos y atuendos indígenas, acompañadas de la destrucción de sus enseres y equipajes.

El terror indiscriminado que se prodiga obedece, en este caso, al propósito de inhibir la participación ciudadana de un sector mayoritario de la población secularmente marginado. Recuerdan estos comportamientos las acciones públicas contra judíos y gitanos de “Ustacha”. organización paramilitar creada por Ante Pavelic, criminal de guerra yugoslavo de origen croata que peleó del lado del eje durante la segunda guerra mundial y se refugió presuntamente en algún país de Sudamérica al finalizar la contienda, y

La ostentación de sentimientos y comportamientos atávicos vinculados a “la tierra” que camuflan propósitos separatistas expresados en el irredentismo de algunas consignas voceadas por dichos Prefectos y por sus seguidores, las cuales hacen recordar los llamados a “la sangre y la tierra” de ciertos regímenes centroeuropeos del siglo XX.

En línea con este mismo objetivo, como lo mencionamos antes, está también la pretensión de controlar departamentalmente los recursos naturales de la región, y la ocupación, y en algunos casos destrucción, de instalaciones del Gobierno Central, acciones que en su léxico permeado de intenciones denominan “toma de instituciones”. Otro es el caso de la destrucción de instalaciones productivas exportadoras como las petroleras, acciones en las que se ha comprobado que la violencia se ejecuta a través de un estructura jerárquica rígida y funcionalizada, con instancias de planificación, coordinación y ejecución.

En otro sentido, pero siguiendo nuestro hilo conductor, observamos que la tendencia que se ha venido dibujando en el mundo está asociada al reconocimiento de ciudadanía plena de los indígenas, cualquiera que sea el espacio que ocupen. Diferentes instrumentos internacionales han recogido el planteamiento y lo han plasmado en textos que paulatinamente pero con fuerza han venido siendo aprobados mediante tratados internacionales o en los nuevos textos constitucionales. 

En la Bolivia contemporánea, la de los días corrientes, el tema del uso de conceptos genéricos, tales como “indígena” o “ indio ”, también estuvo presente, en una polémica que provocó un connotado partidario prefectural cuando, argumentando en contra del reconocimiento constitucional de los pueblos aborígenes como instancias gubernamentales y autonómicas, afirmó que ello, además de constituir un indebido privilegio, atentaba contra el principio de “un ciudadano, un voto”.

El argumento se puede presentar como un silogismo:

“Todo ciudadano tiene derecho a un voto,

un indígena es un ciudadano

por consiguiente, cada indígena tiene derecho a un voto”

Resulta evidente que la premisa menor de que “el indígena es un ciudadano”, aunque es proclamada formalmente en las leyes del Estado, es desmentida por la exclusión social secular que, en cuanto clase, padece el indígena, lo que de hecho equivale a una negación de ciudadanía. Esta exclusión de clase, para su superación, exige un reconocimiento de clase, y no otra cosa es lo que hace el Proyecto Constitucional boliviano cuando recurre a la etnia como categoría jurídica y afirma la naturaleza plurinacional del País.

Este mismo argumento está en línea con la réplica del Ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, de que el reconocimiento jurídico de la categoría étnica “no es privilegio, sino inclusión”. Es general la admisión de este principio en la normatividad contemporánea y, como afirma el mismo Ministro Romero, este avance del constitucionalismo contemporáneo se halla presente en textos tan sobresalientes como el Convenio 108 de la OIT y la Carta de Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. A tenor con este mismo principio, en las instituciones de educación superior de muchos países, como Brasil y otros de nuestro continente, se reconoce a los que provienen de familias de menores ingresos, cuya exclusión social los coloca en situación de desventaja genérica, un cupo porcentual en la matrícula escolar de las instituciones estatales de educación superior.

Otro hecho contextual digno de mención es el de que las acciones de los Prefectos contra el Presidente Morales, y las de la oposición venezolana contra el Presidente Chávez presentaron durante los últimos años singulares analogías, no por obra del azar, sino presumiblemente porque ambas políticas de oposición respondían a las inducciones de un mismo gobierno extranjero.

Dentro de esta misma pauta, tanto en Bolivia como en Venezuela, organizaciones juveniles se dieron a la tarea de practicar una violencia foquista que se encendía y se extinguía sin mayores consecuencias en algunas ciudades. Víctimas de agresiones fueron, entre otros, fuerzas del orden público desprovistas de armamento o bajo la estricta prohibición de usarlo. Violencia que fue acompañada usualmente de denuestos contra personeros oficiales, de la calificación de “dictadura” a un gobierno constitucional que les permitía el uso y el abuso de todas las libertades y de actos vandálicos contra bienes nacionales.

En tanto que ello ocurría, los dirigentes opositores (los cuatro prefectos, en el caso de Bolivia), hacían encendidos llamados a la concordia y a la reconciliación nacional al Gobierno Central, al que culpaban por las perturbadoras acciones de sus propias huestes, lo que no era óbice para que los juveniles acentuaran su escalada de agresión.

En todos estos actos, con variantes en cada país, emplearon la táctica de “la violencia que no quiere decir su nombre”. En Venezuela usaron los mismos logotipos y símbolos de la secesión de Kosovo, o del llamado “golpe suave” o “revolución de terciopelo” (velvet revolution) de Ucrania. Tanto en Bolivia como en Venezuela apedrearon autoridades policiales, pero en éste último País no escondieron luego la mano, sino que mostraron a continuación una mano abierta (la misma que lanzó la piedra) en la que estaba dibujada, con trazos blancos, un símbolo de la paz, poderosa imagen mediática de un bosque de pacíficas manos alzadas difundida profusamente por cadenas nacionales e internacionales de noticias.

Esta táctica de violencia socarrona fracasó en ambos países, pues las revueltas foquistas no tuvieron el esperado efecto de contagio sobre el resto de la población, sino que despertaron las fundadas sospechas y provocaron el amplio rechazo de las mayorías nacionales y de incontables países amigos.

III- LOS HECHOS

El patrón o modelo común de las acciones separatistas de las Prefecturas de la “media luna” constituye un antecedente significativo de los trágicos acontecimientos de Pando. Concurrieron en este modelo el desconocimiento de la autoridad del Gobierno Central, actos declarativos o acciones materiales que equivalían a un ejercicio de independencia frente al Poder Central, y la anuencia sistemática de cada Prefectura a actos realizados por grupos organizados o informales en perjuicio de personas y/o de bienes nacionales.

En este contexto de anomia dirigida que generaba propensión a la violencia ocurrieron sucesivamente los siguientes eventos:

Las movilizaciones de campesinos que partieron desde el día diez (10 )a las 10PM, aproximadamente, desde diferentes y distantes aldeas, principalmente de Puerto Rico, que concurrían, previa convocatoria de la Federación Campesina a una asamblea comunitaria, comunaria o “ampliado”, que se concretaría en Filadelfia, donde se adelantaría una deliberación , y posteriormente salir hacia Cobija, capital de Pando.

Estos grupos de personas se encuentran con un primer obstáculo que es un montículo de tierra que les impedía el paso y, justamente, en este punto se produce cerca de las dos de la mañana, un ataque de los grupos prefecturales. Los campesinos retroceden, tal vez, cien metros.

Cabe observar que se había dado una orden del prefecto Fernández Ferreira para que las agrupaciones de campesinos también fueran interceptadas por medio de zanjas abiertas a los dos lados de los dos puentes de comunicación. Las zanjas bloqueaban dos vías aferentes a Porvenir: una en Cachuelitas, en el camino de Filadelfia, y la otra en Tres Barracas, en el camino de Puerto Rico. La orden prefectural, acompañada de actos de intimidación (insultos y disparos desde las “volquetas” o vehículos, bienes nacionales), fue ejecutada por funcionarios y equipos del Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM), con la colaboración y la presencia de otros funcionarios departamentales.

Se produjo a continuación un primer encuentro, en la madrugada del jueves 11 de septiembre, quizás eran las cinco o seis de la mañana, cuando los campesinos, que se habían retirado de la zanja, retornaron al punto de intercepción en Tres Barracas, situado a pocos kilómetros de Porvenir, ganaron terreno por poco tiempo, pero acto seguido fueron obligados de nuevo a retroceder y perseguidos durante un trecho de aproximadamente ocho kilómetros por agentes prefecturales que hacían disparos y estallaban cohetes, artefactos explosivos que pueden ser dirigidos, aunque carecen de precisión en el impacto.

Alegan los campesinos que intentaron fórmulas de diálogo, que nunca dispusieron de armas de fuego y que sólo poseían palos, hondas y piedras. Dicen, además, que en algunos momentos lograron, “ hacer correr ” a los grupos prefecturales. Los campesinos reagrupados, según funcionarios de la Prefectura, recibieron algunas escopetas, arma común en estos predios en que la caza es una actividad generalizada. Posteriormente, en los momentos que precedieron a la masacre, una agente de la policía constató que, al menos en ese instante, ellos, los campesinos, no disponían de armas de fuego. Nuestra comisión no podría afirmar válidamente que los campesinos estuvieran armados.

Los campesinos taparon la zanja para permitir el paso de vehículos a los que llaman movilidades, y se encaminaron hacia Porvenir. En el transcurso de la mañana se produjeron más heridos de bala entre los campesinos, y, aproximadamente, a las 9:30 de este jueves 11 de septiembre, ocurrió la muerte del funcionario de la SEPCAM, ingeniero Pedro Oshiro, hecho alegado como pretexto de la masacre y sobre el cual hay encontradas versiones. Se tiene la certeza de que el médico del hospital San Martín de Porres declara a las 14:40 la muerte de Oshiro. También, durante estos eventos se tomaron rehenes de uno y otro grupo, siendo los rehenes campesinos objeto de graves y prolongadas torturas o tratos crueles y degradantes por parte de la sociedad civil o miembros del Comité Cívico que los condujeron a Cobija y los retuvieron en su sede. Los rehenes retenidos por los campesinos, ya liberados, fueron entregados a las autoridades prefecturales. Cuando se entregó al último, la agente que constató que los campesinos no tenían armas, hizo una contraseña que se tradujo en fuego disparado desde diferentes puntos que hicieron blanco en las humanidades de diferentes campesinos..

Posteriormente es en un nuevo escenario, Porvenir, al que llegó el grueso de los campesinos, aproximadamente, a las 11:45 del mismo día, donde se produjo la masacre. Ya estaban allí presentes, provistos de armas cortas y largas, la sociedad civil o miembros de los llamados “grupos cívicos”, funcionarios departamentales y personas no identificadas con acento boliviano, peruano y brasileño. A ellos se sumaron una hora después refuerzos cívicos y prefecturales procedentes de Cobija. Estos contingentes departamentales armados, dispuestos tácticamente obstruyeron las pocas calles de Porvenir dejando a los manifestantes, únicamente, la posibilidad de refugiarse en las casas, internarse en la selva, o de huir hacia el río Tahuamanu, situado a unos doscientos metros, en cuyas proximidades se apostaron otros tiradores.

Un nutrido fuego se desencadenó entonces contra los campesinos, obedeciendo, según todos los testimonios de los manifestantes, a una señal dada por una suboficial, agente a la que nos referimos antes y que había constatado que éstos carecían de armas de fuego, y a partir del momento en que los campesinos –por efecto de un acuerdo, como ya lo comentamos- liberaron al último de sus rehenes. Testimonian los manifestantes que los policías se hicieron a un lado, poco antes de iniciarse la masacre, y permanecieron inactivos durante toda ella, prestando oídos sordos a los clamores de las víctimas. Los campesinos rebasados huyeron, y fue entonces cuando se produjo la mayoría de las muertes durante violentas y desproporcionadas acciones, de las cuales existen, en buena medida, registros filmados.

Los campesinos, cercados en Porvenir, fueron objeto de búsqueda, casa por casa. Algunos de los que quedaron atrapados en un margen del Tahuamanu y se lanzaron al río e intentaron cruzarlo, fueron abatidos por certeros balazos en la cabeza, signo de la destreza profesional de sus atacantes. Otros, los que se internaron en los bosques de la zona selvática circundante o huyeron por los caminos, fueron perseguidos por grupos armados en lo que constituyó una verdadera cacería humana.

Imágenes, en secuencia confusa, de este trágico día son los campesinos refugiados en las casas, sacados a rastras y asesinados a tiros en plena calle, los manifestantes metidos por la fuerza en “volquetas” que se dirigieron a destinos desconocidos sin que nadie supiera nunca más de ellos, los heridos que jamás llegaron a los hospitales, el atroz testimonio de los cuerpos mutilados, no se sabe si estando vivos, de los tres normalistas, cursantes de educación media. Los suplicios sufridos por ellos están bien documentados por la Comisión, pero los detalles de los tormentos padecidos, por respeto a sus familiares y amigos, y a quienes estas letras leen, prefiero omitirlos.

El trasfondo de esta situación es un conflicto por la posesión de la tierra que se manifiesta en una tensión creciente que ha dado lugar ya a hechos posteriores a la masacre, como el incendio de la alcaldía de Filadelfia, sede de servicios comunarios o comunitarios donde se reponían algunos de los heridos. Existía, en efecto, por parte de los campesinos el temor de que la ocupación y el saqueo de las oficinas locales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), realizada en días recientes por funcionarios de la Prefectura con la colaboración de la sociedad civil, “cívicos”, tuviera un propósito de reversión de las concesiones de tierra otorgadas por el Gobierno.

Estas acciones parecían coordinadas con otras realizadas en Santa Cruz por miembros de la “Unión Juvenil Cruceñista”, quienes ocuparon las instalaciones del INRA de su localidad, destruyeron la documentación y el inmueble, y sustrajeron los equipos, como para borrar cualquier vestigio de los derechos otorgados a los campesinos.

IV- CONCLUSIONES

Del cúmulo indiciario, y de la documentada explicitación de la masacre se desprenden indudables responsabilidades personales como cooperadores, cómplices, auxiliadores y/o ejecutores para muchos autores de los hechos referidos. Sus nombres y sus rostros pueblan las versiones e imágenes de la tragedia: Sus identificaciones con sus nombres, apellidos y sus características, estás registrados en el archivo de la Comisión, en registros fotográficos, en experticias videográficas, en testimonios amplios y variados, en resultados de pruebas periciales y en expedientes de diferentes institutos públicos. Ricardo Shimokahua, Ana Melena, y tantos y tantos más, son nombres que está grabados y resuenan el las calles de Pando, en las casas polvorientas de Porvenir, Filadelfia, Puerto Rico, Busch o Madre de Dios, en la selva amazónica o en las aguas del río Tahuamanu.

Pero la coordinación de los funcionarios prefecturales y de sus aliados para estas acciones sólo pudo haber provenido del ejercicio de la autoridad del prefecto Leopoldo Fernández Ferreira, único en quien confluyen todas las relaciones de poder o de influencia sobre estos grupos. La máxima responsabilidad de lo sucedido recae pues sobre él. Su misma invisibilidad denuncia su omnipresencia. Su excusa, de que no sabía lo que estaba pasando, es inadmisible por parte de quien siempre ejerció su poder por medio de redes de diferente naturaleza y de agentes violentos. La dimensión de su fortuna, y las de sus principales seguidores, en un contexto de miseria, son emblemáticas del dominio que ejerce sobre la región.

Pero es preciso establecer una distinción entre, por una parte, las acciones genéricas que propiciaron el clima de confrontación que hizo posible la masacre (condición de posibilidad), responsabilidad que comparte Fernández, sin ninguna duda, con otros prefectos de la media luna que realizaron acciones similares, aunque de consecuencias menos graves hasta ahora y, por otra parte, las acciones expresas solamente atribuibles al Prefecto Fernández, ( causante eficiente ) pues nadie más hubiera podido en su lugar activar los factores que produjeron la tragedia.

Esto implica su responsabilidad política, en tanto que autoridad máxima del Departamento, lo cual compromete su posibilidad de permanecer en el cargo, y también su responsabilidad personal, que comparte con los ejecutores de sus designios, con todas las consecuencias penales en el orden de la restricción o privación de libertad que de ello pudieran derivarse, así también las responsabilidades civiles, una de las cuales podría ser, en buen derecho, la de tener que responder con sus bienes, del resarcimiento adecuado a los familiares de sus víctimas.

Cabe destacar que acertadamente la Comisión concluyó que el juzgamiento de estos hechos debe iniciarse y desarrollarse por la justicia ordinaria y no como juicio de responsabilidad. No se trata de delitos cometidos con ocasión de la función que se ejerce ni por la gestión administrativa que se cumple. Constituiría un sin sentido adelantar un antejuicio de mérito porque se está investido de inmunidad por el cargo que se ostenta. Además, no se garantizaría una recta administración de justicia, ni se impediría la extensión de la impunidad, anti-valor bien delimitado para combatirlo, en la Declaración de la Moneda.

No existe la certeza de que la justicia boliviana, dicho esto sin menoscabo de las personas honestas que laboran en su seno, pueda evitar la impunidad de los victimarios, habida cuenta de que su conformación, en épocas calamitosas para el Estado boliviano, la hizo susceptible a la influencia de intereses particulares.

Las agresiones que se llevaron a cabo por parte de agentes organizados en contra de personas con rasgos indígenas o por su condición social o económica, o por tener ambas particularidades, y las circunstancias de que los mismos se hubiesen perpetrado con ensañamiento e ignominia, de modo cruel y degradante de la condición humana en su ejecución, y los resultados letales de los hechos denunciados constituyen delitos de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles y, además, susceptibles de acciones independientes del estado boliviano ante instancias penales internacionales.

Es de advertir, asimismo, que durante el Estado de Sitio y aún levantado éste, y a pesar de las previsiones del Gobierno Central, los hechos de intimidación siguieron produciéndose, y las remotas y aisladas comunidades de Pando son patrulladas continuamente por grupos armados de desconocidos, algunos con acento extranjero, que hacen preguntas sobre los líderes comunarios o comunitarios y profieren amenazas contra ellos.

V- RECOMENDACIONES

 Sin ninguna duda, la verdad que ha sido establecida por la Comisión en este informe puede ser atendida por el Estado boliviano y por los países que integran UNASUR, como un aporte a la historia del país y del continente en todos sus eventos, de evolución, estancamientos, y la fuerza que se puede derivar de su enseñanza.

La verdad de los hechos narrados debe provocar como consecuencia inmediata que los responsables de actos de terror, lesiones graves, tortura o tratos crueles, muerte y quebrantamiento de los derechos de libre circulación, reunión, asociación, manifestación pacífica y sin armas y no discriminación, entre otro derechos protegidos, acarreen con las consecuencias jurídicas correspondientes y, en consecuencia sean objeto de las medidas de restricción y de privación de libertad determinadas en las leyes internas, y en las normas internacionales aplicables. Del mismo modo deben acarrear con las consecuencias civiles asociadas al resarcimiento de daños, y para ello desde ya, deben comprometer su patrimonio a los efectos de garantizar la reparación adecuada a las víctimas.

La justicia y los órganos que la integran deben funcionar de modo oportuno, sin dilación y sin distinción de raza, credo, religión o condición social o económica de los victimarios reconocidos como autores intelectuales y materiales, quienes tienen que ser objeto de las sanciones predispuestas en las normas nacionales, e internacionales que correspondan. Es el único modo conocido hasta ahora en el derecho para impedir que los delitos queden impunes, y que la impunidad como anti-valor extendido continúe ganando espacios en Bolivia y nuestros países de América del Sur.

 La justicia y los órganos que la integran deben ser objeto en Bolivia de revisión exhaustiva y profunda. La Comisión de UNASUR reconoce la honorabilidad de altos funcionarios que rinden servicio en este campo, pero también observó serias y delicadas inconsistencias que deben superarse. A estos efectos sería conveniente iniciar y desarrollar un amplio debate político interno con alguna contribución externa, para establecer un nivel más elevado y eficaz en su recta administración. 

Las víctimas de los acontecimientos de Pando deben ser atendidas por el Gobierno Nacional, el Departamental y por UNASUR, en los términos dispuestos, en este último caso, en la Declaración de la Moneda, en todas las consecuencias que se hayan podido derivar de los mismos en cuanto a pérdidas de vidas humanas, así como de bienes materiales. Tal atención no exonera de ninguna manera a las personas naturales y jurídicas que pudiesen tener responsabilidad mediata o inmediata en los mismos, quienes deberán resarcir el daño causado. La atención requerida, además, impone la urgencia en la dotación a la población de Pando, de los equipos de comunicación entre conglomerados humanos y aldeas distantes, a los efectos de poder advertir riesgos y asegurar, en lo posible, que hechos de esta naturaleza no se reproduzcan.

El levantamientos del Estado de Sitio y el retiro de los agentes que lo sostuvieron, no debería bajo ningún concepto, significar situaciones de riesgo y desprotección de las comunidades de Pando y las personas que las integran. Cabe recordar que corresponde al Estado boliviano garantizar como función exclusiva, aunque no excluyente, que el goce de los derechos de las comunidades y las personas pueda ser ejercido a plenitud.

El Informe no sólo es una relación de hechos reprobables, sino que tiene también entre sus propósitos prevenir que se repitan en Bolivia o en otra parte del continente los sucesos que aquí se describen. Implícitamente envuelve un sentido pedagógico que aspira impulsar a los países de América del Sur y, más ampliamente, a la sociedad humana, a estadios más elevados de civilización y armonía en el marco de una nueva visión del mundo y de la vida.