He leído y oído innumerables opiniones del asilo de Rosales en Perú, todas provenientes de personas y grupos progubernamentales, quienes constituyen principalmente mis relaciones de amistad, profesionales y políticas. La variedad de los juicios es significativamente grande, desde quienes señalan que debería romperse relaciones con el Estado peruano hasta quienes prefieren que Rosales esté lejos de Venezuela, pues de esa manera se le anula desde el punto de vista político. Un enemigo menos a quien combatir en el campo interno, afirman quienes sustentan esta última tesis, olvidando que el ámbito internacional es también un sitio de decisiones de las confrontaciones internas.
Los más emotivos son quienes quisieran ver a Rosales pudrirse detrás de las rejas de una cárcel, los cuales no dejan de manifestar su total animadversión contra el dirigente político, ajena ya al campo de la política y de la justicia, para pasar al del odio personal. Es un rencor que desborda al de los adecos de la naciente democracia puntofijista, quienes aborrecían a Pérez Jiménez y a todos aquéllos con él relacionados en alguna forma. Acción Democrática, sin embargo, venía de años de lucha contra la dictadura pérezjimenista, en la cual tuvieron pérdidas en muertos, presos y torturados, víctimas tan venezolanas como las por ellos producidas en el trienio de 1945 - 1948, que bautizaron entonces como revolucionario.
Pedir la ruptura de relaciones con Perú, por simplemente haber dado un asilo territorial a Rosales, además de tener como huéspedes a Ortega y a Lapi, parece una respuesta de mucha mayor dimensión que la llamada Doctrina Betancourt, según la cual Venezuela rompía relaciones diplomáticas con todo régimen producto de un golpe de Estado. Esta posición, que enfrenta bastante más que a un simple asilo, llevó a nuestro país a romper relaciones con muchas naciones hispanoamericanas, aislándose del concierto de naciones a las que pertenece históricamente, lo que permitió una más fácil penetración imperialista en la región.
Es cierto que Rosales tiene un juicio en el país por enriquecimiento ilícito, proceso que recién comienza y que no ha dado su veredicto final. No es legalmente un perseguido político, lo cual no significa que no haya sido hostigado y amenazado políticamente, como a todos, absolutamente a todos, nos consta. Para demostrar su condición de perseguido político, no tuvo Rosales sino que entregar los videos en donde aparece el propio Presidente diciendo: “Ése preso es mío” y “tráiganme a ese desgraciado”, expresiones muy lamentables de Chávez, que contaminaron indefectiblemente un proceso claro por corrupción administrativa.
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