Ante la arrogancia capitalista: Aplicación plena de la ley

Una revolución que tenga como objetivo transformar la sociedad para salvarla de su extinción a manos de la pandemia del capitalismo tiene necesariamente que enfrentar duras resistencias. En la medida en que se tomen medidas que afecten en esencia los modos de producción, distribución y consumo basados en la dispersión del esfuerzo, la irresponsabilidad social y la explotación del hombre por el hombre, estas resistencias serán más duras, pero hay que vencerlas o conformarse con maquillajes reformistas que siempre culminarán en el fortalecimiento del viejo sistema. El reformismo no es revolucionario sino una poderosa estrategia del sistema capitalista.

Transformar las relaciones de producción entre los seres humanos es tarea fundamental en virtud de que serán estas las que determinen la conciencia social. No puede construirse un modo de vida basado en la igualdad, la solidaridad social o el amor como motor de las relaciones humanas en tanto las condiciones materiales en las cuales se desenvuelve la vida ordinaria de las personas continúen basadas en el egoísmo, la ambición y la explotación. Menos aún, si además la superestructura de la que mana el condicionamiento de la conciencia (religión, sistema educativo, medios de comunicación, etc.) continúa respondiendo a los intereses del viejo sistema.

En la medida en que el enfrentamiento entre ambos sistemas se traslade a lo sustantivo las contradicciones se harán más evidentes y la confrontación más radical. El sistema capitalista se defiende con todas las armas de las que está provisto por el aparato jurídico del Estado burgués que se dio a sí mismo. La Revolución Bolivariana está jugando una partida con cartas marcadas por la burguesía. Todo el sistema responde a la preservación de la clase dominante que le dio origen. Una buena parte de los revolucionarios parecieran empeñados en “derrotar” (comillas adrede) al capitalismo con sus mismas armas. El árbol no les permite ver el bosque o quizás lo ven demasiado bien. En estos momentos el enfrentamiento se ha ubicado en el ámbito de dos bloques conformadores de la conciencia colectiva fundamentales: el sistema educativo y los medios de comunicación. Esa batalla la gana la Revolución o la gana el capitalismo y quien la gane habrá ganado la guerra.

En cuanto al sistema educativo, la situación de postración de educadores y educandos ante los valores del sistema capitalista no es obra de la casualidad. Particularmente desde el mismo año en que se declaró el neoliberalismo como pensamiento único para la humanidad por Ronald Reagan y la Sra. Thatcher (enero de 1981), se emprendió una tarea de demolición de la educación pública, complementada con la sistemática exclusión de los sectores populares de las Universidades Autónomas y Experimentales más costosas y punteras por vía de las Pruebas de Aptitud Académica (PAA) y las Pruebas de Admisión Interna. En 20 años la presencia de los sectores provenientes del sector público y –por supuesto- pertenecientes a los estratos más humildes (D y E), fueron reducidos a 6% en la UCV y 0.86% en la Universidad Simón Bolívar, entretanto los bachilleres provenientes del sector educativo privado y socioeconómicos (A, B y C) plenaron estas casas de estudios con un 94 y un 99% respectivamente. El estudiantado proveniente de los sectores populares conformó eso que se conoció como “población flotante”, más de un millón trescientos mil bachilleres pasaron a formar parte de esta población sin esperanza en menos de 20 años.

¿Debe extrañar a alguien que esos estudiantes de las universidades autónomas y experimentales “exquisitas” y privadas conformen hoy el Movimiento Estudiantil “manitas blancas”? Ahora bien, esto ocurre luego de 11 años de gobierno revolucionario. ¿Puede tolerar y cohonestar un gobierno revolucionario el hecho de que con el dinero de todos se financien los estudios de estos muchachos que pueden perfectamente costearse sus estudios y que en un enorme porcentaje no irán al campo de trabajo a servir a su pueblo sino a satisfacer sus intereses individuales, tanto por formación (¿deformación?) como por origen de clase, mientras se le asignan cuotas de miseria a los estudiantes pobres (UBV, UNEFA), quienes sí irán al mundo del trabajo a servir a su pueblo? ¿Debe el pueblo costear la formación profesional de personas que formarán parte de las grandes transnacionales o se irán del país a ofrecer sus servicios profesionales, en tanto que destina recursos marginales a la formación de los profesionales para la patria? Un estudiante de la “exquisita” Universidad Simón Bolívar le cuesta al pueblo unos 29.000 BsF por año; uno de la UCV, alrededor de 24.000 Bs.F por año, todo sin tomar en cuenta los abundantes ingresos propios de estas “magnas” universidades, como: alquiler del Aula Magna, Estadios, Cantinas, Zona Rental, Pruebas Internas, etc., en tanto que cada estudiante de la UBV recibe para su formación un aporte de unos 2.800 Bs. F por año. La Universidad Bolivariana tiene cinco veces más estudiantes que la UCV y treinta y cinco veces más que la Simón Bolívar, mientras su presupuesto anual es cinco veces inferior al de la UCV.

Ese es el cascabel que hay que ponerle al gato. Se acerca de nuevo el proceso de admisión a las universidades. ¿Podrán este año imponer el CNU y la OPSU los mecanismos aprobados para el ingreso basado en la vocación antes que en la prueba, o volverán estas universidades a hacer –como el año pasado y el otro y el otro- lo que les de la gana?, ¿Se hará un examen profundo a la distribución y ejecución de los presupuestos o continuará la “autonomía” siendo el refugio para toda clase de vagabundería? ¿Se aplicará una política de valoración sobre los logros y la pertinencia a los enormes gastos en investigación de estas universidades reducidos en muchísimos casos a vacaciones de lujo en el extranjero e “investigaciones” que para nada cumplen con lo exigido en el artículo 34 de la LOE? Ese cascabel hay que ponérselo a este gato o seguiremos en una batalla sin futuro que al final perderemos. La inversión en educación es cosa social, es de supremo interés social, debe responder entonces a dos premisas: a) al interés social y no al interés privado, y b) Debe ser consecuencia de un acto de soberanía popular (absoluta, imprescriptible e intransferible) y no de unas cúpulas.

El otro gato sin cascabel es el de los medios de comunicación. Una emisora de radio, una televisora o un medio impreso es un medio de producción. El producto de esa unidad productiva lo determinará siempre el propietario del medio. Quien decide qué, cuanto y cómo se produce calzado en una fábrica de zapatos es el dueño del medio de producción. Esta fábrica producirá zapatos o condones si está en el interés de ganancia del dueño del medio. Esperar que un medio de comunicación de propiedad privada produzca bienes (información, educación, entretenimiento, etc.) distintos a lo intereses del dueño del medio es de una insufrible ingenuidad. Del mismo modo que la fábrica de zapatos producirá bienes de alto interés social, mediante la planificación de la producción, orientándola a las necesidades sociales y no a la ganancia pura y dura, si el medio de producción es de propiedad social. Un medio de comunicación de propiedad social producirá noticias, educación, cultura y entretenimiento para el bien, la paz y el progreso de la sociedad, respondiendo a los intereses del dueño (el pueblo) de ese medio. Todo lo demás es perdernos en un combate sin perspectiva de éxito y devastador.

¿De momento, qué hacer? Aplicar la ley. Reivindicar el imprescindible don de la autoridad para un pueblo en Revolución (con mayúscula), como lo señala el filósofo Ernst Bloch, es prioritario. Habría bastado con aplicar la ley –y se está a tiempo porque lo delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles- para que la mayoría de estos dueños de medios y un buen número de sus palangristas estuviesen presos, no fusilados como dice Noam Chomsky que pasaría en USA, porque en Venezuela no existe pena de muerte, pero sí bien presos. Aplíquese la Ley, sobran las pruebas (públicas y notorias) de las transgresiones por estos personajes a los Códigos Penal (Art. 296-A y otros) y desde luego, a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Este debe ser el paso previo. ¿Luego? ¡Socialismo!, propiedad social de los medios de producción como sustento imprescindible para la Conciencia del Deber Social. No se puede hacer arroz con pollo sin pollo.

¡PATRIA Y SOCIALISMO… O MUERTE! ¡VENCEREMOS!


martinguedez@gmail.com


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Martín Guédez


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