La medida implementada por el gobierno nacional el pasado domingo 22 de marzo de 2020 de congelar los pagos de alquileres residenciales y de pequeños comercios durante seis meses, para frenar el impacto económico generado por la pandemia global del virus Covid-19, ha generado todo tipo de dudas e incertidumbres.
Los dueños de residencias espetan sus propias argucias. Refieren que no acatarán la medida a menos que el gobierno les pague las tarifas de todos los alquilinos, que están dispuestos a desalojarlos y cerrar sus residencias; que no podrán cubrir gastos de mantenimiento básicos, y que la medida no les garantiza sus propios medios de sustento.
He consultado con amigos dueños de residencias de Nueva Esparta, Bolívar y Anzoátegui, y la situación es caótica. Esto incluye a familias, trabajadores, estudiantes y población desempleada que paga alquileres dolarizados, cuyas tarifas oscilan entre veinte y treinta y cinco dólares mensuales, al cambio de la divisa norteamericana del día a día del mercado cambiario denominado “dólar paralelo”.
Urge, por tanto, un mecanismo legal de registro de cada residencia en comunicación rápida y precisa con sus propietarios para aclarar la medida. Por ejemplo, en la población de Pariaguán, sur del estado Anzoátegui, hay varias residencias privadas, de familias muy conocidas y empresarios locales, que no saben cómo acometer esta falta de pago. Donde yo resido he hablado con el propietario de manera muy cívica y afectuosa, y me ha dicho: “Si el gobierno no paga los alquileres ni lo pagan los alquilinos, debo cerrar la residencia; porque es mi único medio de sustento”. Eso lo comprendo, pues se trata de un señor muy respetable de más de 90 años de edad, y esta incertidumbre no le viene nada bien.
No resulta fácil costear el mantenimiento de 32 habitaciones que requieren de manera permanente pintura, aseo, suministro de agua potable, gas doméstico, electricidad, reparaciones de aires acondicionados, compra de electro partes, bombillos, reparación de bombas hidroneumáticas, pago de personal administrativo, de vigilancia y mantenimiento, compra de material de limpieza, entre otros costos; si todo se deja a la gratuidad y al azar.
El gobierno nacional debe anunciar con carácter de urgencia cómo se desarrollará el mecanismo de compensación para el pago de los alquileres, y qué ministerio asumirá estos costos. Una vez que se tenga el censo de alquileres, si no lo tienen ya, que se haga pública una estrategia que nos tranquilice.
Algunas residencias, por ejemplo, tienen contrato con empresas petroleras y de otro tipo para el resguardo de su personal; por lo tanto, su pago es muy diferente al de una familia de escasos recursos económicos, que si queda eventualmente en la calle, por el cierre de residencias e inmuebles, empeora sus condiciones de vida. Incluso, familias con situación de atraso en los pagos resultan vulnerables si los dueños de inmuebles deciden cerrar sus residencias por la falta de solvencia para el mantenimiento y seguridad de las mismas.
Una solución inmediata puede ser un Bono para Alquileres a través del sistema Patria.org, previa encuesta de quiénes pagamos alquiler habitacional, señalando dirección exacta y montos actuales de pago. Ese bono no debe ser inferior a dos millones quinientos mil de bolívares (Bs. 2.500.000,oo), que es el promedio real nacional para este tipo de servicio en cualquier ciudad del país.
Ojalá se genere un debate entre gobierno nacional, alquilinos y arrendadores para una solución concertada que nos ayude a sobreponernos, en los mejores términos y condiciones, a esta situación coyuntural. En ese sentido, los alcaldes y organismos como SENIAT y SUNDDE pueden contribuir a coordinar medidas efectivas, sin que esto implique que tengamos que salir de casa y exponernos ante los efectos terribles de esta pandemia actual.
