Una de las mejores caracterizaciones de la evolución de la intervención del Estado en el mercado de los textos escolares en Venezuela es la que ha hecho hace pocos años el profesor Tulio Ramírez, en sus propias palabras: “Del inicial interés por su producción y distribución gratuita, pasó a objeto de regulaciones mercantiles con claros objetivos populistas, para finalmente, en épocas más recientes, convertirse en un producto sujeto a libre oferta y demanda, sin supervisiones didácticas ni regulaciones mercantiles por parte de las autoridades educativas” (Ramírez, 2007). Si así es. Por insólito que perezca, el Gobierno Bolivariano ha fortalecido el mercado del texto escolar en nuestro país desregulándola, dejándolo completamente en manos de la empresa privada. El por ahora Ministerio del Poder Popular para la Educación se ha retirado de la actividad de evaluación y de producción de textos escolares. Además, el Estado por medio de algunos gobiernos regionales, por ejemplo en Aragua y Miranda, ha transferido cuantiosas sumas de dinero público a manos de editoriales privadas, principalmente de la Cadena Capriles. ¿Hasta cuándo tendremos un mercado de textos escolares libre de regulaciones sostenido por el gobierno que se declara socialista?
Algunas gobernaciones han invertido grandes sumas de fondos públicos en la compra de textos escolares a editoriales privadas. Tales son los casos de los gobiernos de Aragua y Miranda. El entonces Gobernador Didalco Bolívar, del Estado Aragua, mantuvo un programa de dotación de textos escolares, los cuales le fueron adquiridos en su mayoría de la Cadena Capriles. Es justicia mencionar que algunos títulos fueron producidos localmente y escritos por docentes aragüeños. El entonces Gobernador Diosdado Cabello, del Estado Miranda, también adquirió libros de la Cadena Capriles para su distribución gratuita en las escuelas estadales. Podemos entender que Didalco haga eso, pero nunca entendí por qué lo hizo Diosdado.
Otro aspecto del negocio del texto escolar en Venezuela es que el consumidor directo es el estudiante, mejor dicho la familia del estudiante. Los padres y representantes son los consumidores a los que se dirige la empresa editorial. A diferencia de países como los Estados Unidos en nuestro país las familias deben asumir directamente el costo de los textos escolares. Cada año las familias invierten una buena parte de su presupuesto en la compra de textos. Lo que no sucede en los Estados Unidos, donde los distritos adquieren los libros y se los entregan a los estudiantes en préstamo. Cada cinco años aproximadamente se renuevan los libros en las escuelas. Esa es además una manera de controlar en contenido que se incluyen en los textos escolares.
Veamos un ejemplo de cómo la empresa privada dicta el currículo en nuestro país. En una noticia aparecida el 23 de abril de este año en el diario Últimas Noticias, se anuncia el lanzamiento de unos textos escolares de parte de la Cadena Capriles. Señala la periodista Rodírguez que esta cadena “(…), como editorial educativa venezolana (…) genera, edita y diseña contenidos pedagógicos dirigidos a Educación Inicial y Primaria”. Luego cita textualmente las declaraciones de Eduardo Ponce, gerente editorial de textos escolares, quien afirma que “el docente encontrará un “programa educativo”, una propuesta tan completa como flexible que le permitirá “la transferencia efectiva del conocimiento tanto al docente como al alumno en consonancia con la dinámica del grupo, ante las distintas actividades que se proponen”(…)”. Además, “se exponen una serie de competencias que debe adquirir el alumno e indicadores que luego se incorporarán a la evaluación”. Este material estaría basado en la propuesta constructivista del Currículo Básico Nacional, que nos dejó Caldera como herencia. Se basa además el diseño de este material pedagógico en la interdisciplinariedad, la transposición didáctica, la transversalidad y el desarrollo de las funciones mentales superiores, entre otros. Es decir, que la Cadena Capriles ha asumido el papel del MPPE al dictar pautas en el campo de lo pedagógico, esto es, de qué y cómo debe enseñarse en la escuela. Más claro no canta un gallo. No deberían caber dudas sobre quién dicta el currículo en Venezuela.
Resultan
alentadoras las recientes declaraciones de la Ministra Jennifer Gil,
quien
señaló al respecto de los textos escolares que: “Nosotros tenemos una
obligación desde el punto de vista ético y pedagógico. No podemos
descuidar esa
responsabilidad, sobre todo porque se trata de un contenido que llega a
las
escuelas y procura la formación de los ciudadanos” (Fuente: http://abn.info.ve/node/3116).
También
se pronunció la Comisión Permanente de Educación de la Asamblea
Nacional por medio de su Vicepresidenta la Diputada Maigualida Barrera
sobre la
necesidad de evaluar los textos escolares (ver http://www.aporrea.org/
Espero que la Ministra Gil inicie una política agresiva en materia de textos escolares. Primero, reactivar la evaluación y certificación de textos escolares por parte del MPPE. Segundo, iniciar el diseño y producción de textos escolares para todos los años del sistema escolar. Tercero, crear el centro de investigaciones y desarrollo del texto escolar y otros materiales curriculares. Como he señalado en otros artículos, seguimos en mora en materia de producción pedagógica. Hemos dado el salto cuantitativo, las estadística están a la vista, es este el momento de dar el salto cualitativo, de iniciar la revolución en pedagogía. La independencia pasa por tener una escuela que no esté dominada por la burguesía y sus intelectuales.
Referencias
Ramírez, T. (2007). El control y la supervisión de los textos escolares en Venezuela. Sapiens, Año 8, Número 2, 197-217.
Rodríguez, M. (2010). Llega texto escolar 100% venezolano. Últimas Noticias, 23 de abril, p. 6.
