La indolencia manifiesta hacia los llamados pueblos del sur del estado Anzoátegui (que no Los Pueblos del Sur del estado Mérida, reconocidos topográficamente así) deviene desde la Cuarta República, quizás porque fue zona de paso de los libertadores hacia Angostura y porque también la guerrilla de los sesenta y setenta solía internarse en sus parajes, tomándolos como ruta de paso hacia Monagas, Sucre o Guárico. La vialidad hacia Santa Clara y Zuata, por ejemplo, demuestra una deplorable condición de abandono, de ruptura y de falta de asistencia municipal. El tráfico pesado de la industria petrolera destrozó estas vías, que hasta finales de los noventa permanecían impecables, aunque entonces faltaba la luz eléctrica, el transporte interurbano, el servicio de gas doméstico, el agua potable, los centros ambulatorios (sólo habían dispensarios), escuelas, liceos y la comunicación telefónica. Sólo había servicio de telégrafo y radiofrecuencia de policía para notificar las emergencias y urgencias familiares. Por eso la explotación desmedida de la Faja Petrolífera del Orinoco supuso una enorme expectativa para las comunidades rurales, campesinas, tradicionalmente sostenidas de la tala y la quema (el conuco), el trapiche, la cría de ganado y aves domésticas, proporcionándose lo básico del sustento: la carne, la leche, el queso, los huevos, casabe, arroz, maíz, frijol, yuca, batata, topochos, ñame, auyama y frutas.

El petróleo no benefició al agricultor, al contrario, lo diezmó, lo desapareció de su medio natural, lo sustrajo de su tierra, lo invadió y le implantó a sus comunidades los vicios del alcoholismo, las drogas, el tabaquismo, las enfermedades venéreas, las traiciones de parejas, el vandalismo, la corrupción y la amoralidad, mediante los golpes bajos, así como la falta de lealtad y humildad que fueron herencia de nuestros abuelos y demás antepasados, cuando la amistad, la palabra y la honra eran preciados capitales del ser humano. El caos sustituyó toda tradición.

El sector La Antena en San Diego de Cabrutica constituye la expresión más patética de todos esos antivalores de reciente data. Muchos nativos emigraron, junto a sus hijos, hacia Pariaguán, El Tigre, Puerto La Cruz y Ciudad Bolívar, acosados por la delincuencia y la ola de crímenes entre pandilleros que acabaron con los bienes y la paz de la gente local. Por otro lado, toda suerte de chácharos se beneficiaron y se benefician haciendo negocios fraudulentos con la empresa petrolera. Esto abarca desde la venta de reportes hasta empresas de maletín, comisiones por contratos y negocios sucios entre los gobernantes y los ladrones de cuello blanco. De ahí que no sorprende que el gobierno nacional investigue la corrupción campante en todos estos municipios (Simón Rodríguez, Francisco de Miranda y José Gregorio Monagas, entre otros), bajo la presunción de que aproximadamente quinientas empresas han incurrido en hechos dolosos. Si suponemos que en cada empresa intervienen no menos de cinco personas que ejecutan esa acción corruptiva (alcaldesas o alcaldes, gerentes o supervisores de Pdvsa, contratistas y sindicato, militares y civiles), supondría que hay que meter tras las rejas a no menos de 2.500 personas vagabundas y sinvergüenzas, y no sólo a tres chivitos (ex gerentes de Pdvsa) y una chivita que aparentemente están detenidos en Mapire (la alcaldesa o ex alcaldesa de ese municipio).

Una nota de prensa revela que tanto el Ministerio Público como la Asamblea Nacional se abocan ya a las investigaciones de rigor. Si así fuere, se puede creer un poco en ambos poderes, pues los venezolanos no sólo queremos justicia ante la impunidad sino que exigimos rigor metodológico en su aplicación, sin los chanchullos de postín, sin medias tintas, sin parcialidades políticas, sin uniformes militares ni llamadas de alto nivel para ocultar los delitos más ruines de estafa a la nación; de daño a la cosa pública, de burla al gran proyecto nacional de superación de la pobreza y mejor utilización de la renta petrolera, de la inclusión social y de ataque frontal y definitivo a la hambruna que nos mata, a la falta de servicios públicos eficientes y a la salud del pueblo, tan diezmado por la carencia de medicamentos elementales para vivir.

Que los corruptos que desde Pdvsa emulan la prácticas corruptivas de otrora de Juan Fernández, quien desde Anaco vendía el petróleo como si fuera su propiedad, sean encarcelados como delincuentes comunes. Que los testaferros y cómplices que invirtieron enormes sumas de dinero para comprar caballos en los hipódromos nacionales para lavar el capital sucio obtenido, sean embargados y despojados de esos patrimonios mal habidos, en los que intervienen hasta los pranes, dentro de un juego macabro de corrupción y delincuencia organizada.

Que quienes hacen negocios con el diesel, la gasolina, el coque y los equipos de perforación robados en los clóster y taladros (mechas, tuberías, cables, bombillas, plantas eléctricas y repuestos) se castiguen como burdos malandros, como ladrones de la peor calaña por afectar tan gravemente el patrimonio nacional. Que quienes venden reportes y se prestan al juego miserable de los sindicatos, corrompiendo además a funcionarios de la Guardia Nacional, se desenmascaren, se detengan y se juzguen sin derecho a perdón y que se le confisquen todas sus riquezas de porquería. En este aparte cabe señalar que a los alcaldes activos de todo el estado Anzoátegui se les debe determinar de dónde sacaron también los bienes que ostentan y la bomba que se dan. Porque esa desfachatez que todos conocen no puede ser el beneficio que obtenga quien se precie de llamarse revolucionario para gobernar para el pueblo. Ladrones que gobiernen al pueblo deben ser destituidos y sometidos a la ley por corruptos. Y que no haya excepciones. Que se investigue a fondo esto, por favor. Más allá de Pdvsa, en las alcaldías, en los contratos con entes públicos, en sus cuentas bancarias, en el entorno familiar; en toda esa cadena perversa.

La deplorable situación de la carretera El Tigre-Pariaguán, a la que aparentemente han destillados millardos de bolívares para su total asfaltado desde los tiempos del ex gobernador Tarek William Saab y Aristóbulo Istúriz hasta el presente, amerita meterle la lupa, lo mismo que al complejo agroindustrial de la soya "José Abreu D´Lima", frente al Cerro del Policía; las siembras de yuca para casabe que fueron quemadas para quedarse con la plata del abono, los créditos para mejoramiento de fincas de la entidad, los recursos que se entregaron a cooperativas para siembra, cría de pollos, gallinas ponedoras y demás rubros (con maquinarias y aportes en efectivo que nadie pagó y que ya fueron vendidos a terceros, principalmente camiones, rastras, fumigadoras y tractores porque "plata de gobierno no se paga", estafando también a la nación), y las fábricas de asfalto de la Mesa de Guanipa, desde donde se presume emergen grandes negocios particulares. Es decir, hay por dónde empezar a determinar la corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco, desde Mapire, San Diego de Cabrutica, Zuata, Santa Clara, Pariaguán, El Tigre, Tigrito, San Tomé, Campo Mata, Anaco, Cantaura, Guanta hasta el Criogénico de Jose, entre otros lugares. Veremos si en el gobierno hay quien tenga las "pilas" bien puestas para entrarle al monstruo de la corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco.