En Venezuela, los ingresos fiscales petroleros han mantenido un ritmo sostenido de crecimiento desde los años veinte del siglo XX y, ya en 1930, la nación pagó la totalidad de su deuda externa contraída durante la guerra de independencia y todo el siglo XIX. Pese a una legislación de hidrocarburos a todas luces lesiva a los intereses nacionales, la renta petrolera se incrementó sostenidamente al calor del aumento de la producción del petróleo, más no así de los precios, renglón éste manipulado a su antojo por las empresas transnacionales, que manejaban todas las variables de este negocio: exploración, producción, distribución, comercialización, impuestos, regalías. Era tal el descaro que, durante todo el régimen de Juan Vicente Gómez -1908 - 1935, los gringos -anglo holandeses y estadounidenses- redactaron todos los instrumentos legales que rigieron la industria petrolera venezolana y manejaron a su discreción los precios de referencia y de realización, una forma de esquilmar a la nación. A partir de 1922, fluyeron al país decenas de compañías petroleras en busca del rico mineral, apetecido por el mundo industrializado que crecía a ritmos nunca conocidos bajo el impulso de la energía proporcionada por este hidrocarburo. Así, al difundirse por todo el país la noticia, miles de venezolanos abandonaron sus ocupaciones agrarias habituales por la búsqueda de oportunidades de trabajo en la naciente industria petrolera. En consecuencia, el campo venezolano, hasta entonces productor suficiente de toda la alimentación requerida por la población nacional, con excedentes sustanciales para la exportación, empezó a despoblarse con el fenómeno conocido como “éxodo campesino”.
Se entiende por Renta Petrolera Venezolana al pago o remuneración obtenida por el Estado venezolano por la explotación económica del recurso. Las variables que convergen para la determinación de la renta petrolera, tales como la cuantía de la explotación del recurso petrolero, están en concordancia con los acuerdos a que lleguen el propietario y el arrendatario o contratista. La renta petrolera es captada por el Estado a través de bonos, regalías e impuestos. En Venezuela, durante 2008, se adoptó además el impuesto a las ganancias súbitas, aquéllas provenientes de los ingresos obtenidos al superar el precio del barril de petróleo los 70 dólares.
En el caso de la Regalía, ésta es definida como un tributo debido al Estado por el derecho de explotación, a manera de compensación por el agotamiento de los depósitos de hidrocarburos, así lo expresa el catedrático y escritor petrolero venezolano Aníbal Martínez, aunque todavía hoy continúa el debate de si la Regalía es o no un impuesto. La Ley de Hidrocarburos vigente en Venezuela establece una separación entre Regalía e impuestos. Es así como el artículo 44, sobre la Regalía, señala: “De los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación de treinta por ciento (30%).
Secular mente se ha acusado a los gobiernos democráticos de mantener una política de sostenimiento de una Venezuela Rentista, es decir, dependiente exclusivamente de los proventos de la explotación minera, es decir, somos un país que vive a expensas de los ingresos petroleros en lugar del trabajo productivo en las más diversas áreas de la agricultura y de la industria. Economistas como Maxim Ross se han rasgado las vestiduras en defensa del aprovechamiento máximo de la renta petrolera, invertir más y más en este negocio y minimizar inversiones en la agroindustria ; otros, por su parte, claman por la denominada “Siembra Petrolera” esgrimida desde los años treinta del siglo pasado por Alberto Adriani y Arturo Uslar Pietri. Y es que Venezuela ha devenido en Estado Rentista por razones muy poderosas: 1) El petrolero es el mejor negocio del mundo; sus fabulosas ganancias permiten al Estado hacerle frente a toda clase de gastos. 2) Políticas por parte de los sucesivos gobiernos, desde 1908 cuando asumió J. V. Gómez, de espaldas a la necesidad imperiosa de diseñar y ejecutar políticas orientadas a la “Siembra Petrolera”, es decir, revertir una parte sustancial de los ingresos a la diversificación de la economía venezolana. 3) El “éxodo campesino”, que redujo significativamente la población rural -de un 80% en los años treinta del siglo XX, a 11,40% en 2001- lo cual llevó a contraer de manera escandalosa la producción agropecuaria.
Urge, en consecuencia, diversificar la economía venezolana; desarrollar aguas abajo la industria petrolera y petroquímica; formar el contingente de técnicos, profesionales y toda clase de trabajadores que impulsen el desarrollo agroindustrial; darle el impulso necesario, sin escatimar recursos, a la investigación científica y tecnológica.
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(*)Economista - Profesor
