"La Policía Nacional masacró a la gente, y es una verdadera vergüenza porque esta tierra le pertenece a los campesinos", decía un habitante de Curuguaty, al este de Paraguay, junto a los cuerpos abandonados de dos dirigentes campesinos asesinados en los sucesos violentos conocidos como la "Masacre de Curuguaty", donde 11 campesinos y 6 policías fueron asesinados y decenas de personas resultaron heridas.
Por estos hechos fue juzgado y destituido una semana más tarde, el 22 de junio de 2012, el presidente de izquierda Fernando Lugo, en un "juicio exprés" que llevó a cabo congreso de ese país dominado por los partidos de la oligarquía conservadora paraguaya, y que con el apoyo de la prensa corporativista y el auspicio de Washington, emulaba el golpe de Estado "bueno" ejecutado tres años antes en Honduras.
Conociendo el largo historial de autoatentados y campañas mediáticas de Washington para justificar sus intervenciones extranjeras y, particularmente, su participación en las experiencias golpistas en Venezuela (2002), Haití (2004) y Honduras (2008), la escenificación de una emboscada que propiciara un enfrentamiento entre las fuerzas de orden público y familias campesinas, con un saldo lamentable de muertes en ambos grupos, constituía un evento trágico ideal para la ejecución de un golpe de Estado "bueno" en Paraguay.
Un cable oficial de la Embajada de Estados Unidos en Asunción de fecha 28 de marzo de 2009, revelado por Wikileaks (28 de noviembre de 2010), implicaba al fallecido general golpista y líder del partido reaccionario Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) Lino Oviedo, y al ex presidente Nicanor Duarte, en la preparación de un plan conspirativo para derrocar al presidente Lugo, que consistía en capitalizar cualquier paso en falso que éste diese para inhabilitarlo en el Congreso y "asegurar su propia supremacía política". No obstante, era muy poco lo que estos siniestros personajes habían podido conseguir porque, a juicio del Departamento de Estado, "Lugo había sido cuidadoso en no proveer una soga política o legal para que fuera ahorcado, lo que había despojado a Oviedo y Duarte de los números en el Congreso para su supuesto golpe democrático". Sin embargo, la Embajada advertía que "nada es imposible en Paraguay" y, en lugar de seguir esperando por ese "paso en falso" que no llegaba, los golpistas forzaron el evento para provocarlo.
Dos contundentes informes, uno elaborado por la FIAN Internacional y La Vía Campesina (2014), y el otro por el activista de derechos humanos Aitor Martínez (Octubre de 2012) para la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), revelan de manera detallada y descarnada lo que realmente ocurrió en Curuguaty.
El 15 de junio de 2012, a las siete de la mañana, 11 campesinos y 6 policías fueron asesinados durante un operativo de desalojo ejecutado por unas 324 fuerzas militares y policiales contra poco más de 50 hombres, mujeres y niños de familias campesinas que habían ocupado tierras del distrito de Curuguaty, reclamadas por la familia del terrateniente paraguayo Blas N. Riquelme, empresario y ex presidente del Partido Colorado. Siendo que esta ocupación no se producía en las tierras en disputa, el juez del caso había impartido una orden de allanamiento, la cual fue desoída por la policía y fuerzas militares que procedieron más bien a ejecutar un desalojo, utilizando para ello una fuerza descomunal y desproporcionada.
Agentes policiales del grupo antimotines emplazaron a estos campesinos a que se retiraran de las tierras de manera pacífica, como había ocurrido en otras ocasiones, pero en medio de la negociación, se desató una ráfaga de balas creando el caos y la muerte.
Imágenes de video filmadas por la propia policía muestran minutos antes de la masacre, al grupo antimotines de la policía dando la orden de sólo llevar "balines de gomas" y "agresivos químicos" durante el desalojo, y garantizar los derechos humanos de los campesinos. Sin embargo, estas mismas imágenes revelan que algunos agentes de la policía que ejecutaban el desalojo sí estaban armados. Asimismo, las imágenes muestran a las fuerzas policiales y militares organizadas en dos columnas ofensivas en forma de tenazas que sirvieron para rodear a los campesinos, dejándolos sin salida, por lo que era imposible que éstos fueran a emboscar a las fuerzas de orden público, aunque la versión oficial asegure que un helicóptero que sobrevolaba la zona antes de la masacre, pudo divisar a unos 17 campesinos armados, sin identificar el tipo de armas. Las imágenes que debió tomar la aeronave sobre este hallazgo nunca aparecieron, supuestamente porque la cámara no funcionaba.
Las mismas imágenes y testimonios de policías sobrevivientes demuestran que al menos 10 efectivos tácticos estaban armados con fusiles automáticos de asalto y en posición de ataque apuntando a los campesinos. Incluso, varios policías y campesinos aseguran en declaraciones tomadas por la fiscalía que habían francotiradores apostados en lugares estratégicos que dispararon "metralletas" indiscriminadamente contra las fuerzas policiales y campesinos por igual.
Precisamente, el video captado por la propia policía revela que luego de unos tres tiros aislados, posiblemente de escopetas de salva, se produjo una ráfaga de disparos continuados con una cadencia perfecta de 15 tiros por segundo, provenientes de armas automáticas, específicamente, según expertos en armas, M16 o M4 estadounidenses.
Diversas fuentes incluso relatan que inmediatamente después de los sucesos, se produjeron torturas y ejecuciones, y una cacería humana contra los sobrevivientes de la masacre, aprovechando que no existía ningún operativo oficial para custodiar la zona, presuntamente para permitir la fuga de los verdaderos responsables.
Llegados a la capital Asunción los primeros reportes de Curuguaty, el presidente Lugo se apresuró a manifestar en un breve comunicado su "absoluto respaldo" a las fuerzas de seguridad, extendiendo el pésame a los familiares de los policías caídos. Sin embargo, en la medida en que los detalles de la matanza comenzaban a ser conocidos, crecía la indignación de la opinión pública.
Abrumado por los irrefutables hechos, Lugo designó a un nuevo ministro del Interior, el ex Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, y reemplazó al comandante de la Policía Nacional. Asimismo, anunció la creación de una comisión especial para investigar lo ocurrido en Curuguaty con el apoyo a la OEA. Pero no fue suficiente. Al igual que sucedió en Honduras, Lugo fue sometido a un proceso de inhabilitación parlamentaria exprés que culminó con su destitución el 22 de junio de 2012.
Esto provocó el rechazo abrumador de toda América Latina. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) lo condenó categóricamente, al tiempo que el Mercado Común del Sur (Mercosur) suspendía al Paraguay de su participación en este esquema de integración. Por su parte, los países del ALBA, conjuntamente con Argentina y Brasil, no dudaron en calificar lo sucedido en Paraguay como un claro golpe de Estado.
Como era de esperarse, Estados Unidos evitó condenar el golpe en Paraguay, expresando de manera muy tibia su preocupación por el "rápido" proceso de inhabilitación de Lugo. La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dejó claro que Estados Unidos no condenaría el golpe ni tomaría acciones apresuradas, sino que evaluaría la situación "lenta y cuidadosamente". No por casualidad, la misma posición fue asumida por el entonces Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien manifestó que, a diferencia de Unasur y Mercosur, la OEA no condenaría el golpe ni suspendería a Paraguay de la organización porque "crearía más problemas en el país y lo aislaría regionalmente", aunque la ruptura de su orden democrático y constitucional fuera más que evidente.
En su trabajo "Un Golpe por la Tierra", el periodista británico Benjamin Dangl (16 de julio de 2012), asegura que detrás de los acontecimientos de Curuguaty que condujeron al golpe de Estado, "hay un conflicto por el acceso a la tierra, la cual representa el poder y el dinero para las elites, la supervivencia y la dignidad para los pobres, y ha estado en el centro de importantes batallas políticas y sociales en Paraguay durante décadas", y que para entenderlo, "hay que echar un vistazo a la historia de la guerra por los recursos naturales de Paraguay, por la tierra (…) y a la historia de la resistencia de una comunidad agrícola (…)". Dangl afirma que desde los años ochenta, grupos militares y paramilitares vinculados a terratenientes y grandes empresas habían desalojado por la fuerza a más de 100 mil pequeños agricultores e indígenas, y asesinado a cientos de líderes campesinos con total impunidad en el país más pobre de Suramérica y con las más altas tasas desigualdad, particularmente en lo correspondiente a la tenencia de la tierra.
En este contexto de exclusión y desigualdad, el ex sacerdote de izquierda y defensor de la Teología de la Liberación, Fernando Lugo, llegaba al poder con la promesa de realizar una necesaria reforma agraria. Fue democráticamente electo presidente en 2008, poniendo fin a más de seis décadas de dominación del oligárquico y reaccionario Partido Colorado. No obstante, el ex sacerdote nunca contó con el apoyo de una organización política estructurada, lo que incidió a que se aislara progresivamente de las decisiones políticas de gran envergadura. A diferencia de los procesos constituyentes que se realizaron en Bolivia, Ecuador y Venezuela, que garantizaron la continuidad de un proyecto de desarrollo volcado hacia la justicia social, Lugo mantuvo intacta la estructura del Estado burgués y permitió la participación en el gobierno de la vieja clase política conservadora encarnada en su vicepresidente Francisco Franco y en los ministros del Partido Liberal Cándido Vera Bejarano en Agricultura y Ganadería, Blas Llano en Justicia y Trabajo y Martín Heisecke en Industria y Comercio, los socialdemócratas Alejandro Hamed como Canciller del Partido del Movimiento al Socialismo (PMAS) y Rafael Filizzola en Interiores del Partido Democrático Progresista (PDP), y el general Luis Nicanor Bareiro Spaini en Defensa y Horacio Galeano Perrone en Educación, ambos del Partido Colorado que además gozaba de la mayoría absoluta en el Congreso.
El aislamiento de Lugo en el ejercicio efectivo del poder, conllevó a que su gobierno siguiera los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial y continuara con los procesos de privatización, entre otras medidas de corte neoliberal. Incluso llegó a dictar una "ley antiterrorista" bajo el asesoramiento del gobierno colombiano dirigido por el entonces presidente Álvaro Uribe, conocido por sus nexos paramilitares. En este contexto, Lugo solo estuvo en capacidad de maniobrar para evitar que algunas nuevas políticas neoliberales pudieran ser aplicadas en detrimento de la población. En este sentido, rechazó el uso de pesticidas, agroquímicos y semillas transgénicas por parte de corporaciones multinacionales, particularmente del gigante corporativo Monsanto, lo que algunos analistas atribuyen como el disparador que finalmente activó el golpe en su contra.
Entretanto, la prometida reforma agraria se estancaba en un letargo burocrático que le impedía avanzar, al tiempo que la derecha enquistada en el gobierno comenzaba a ejercer una política de represión y criminalización de los movimientos campesinos, haciendo que Lugo también se alienara de la clase social que lo había llevado al poder con los votos.
Las abrumadoras evidencias demuestran que, efectivamente, la "Masacre de Curuguaty" no fue un montaje. La misma tuvo su origen en la confrontación histórica entre la clase oligárquica paraguaya y los "condenados de la tierra" como bien los llamaba el pensador revolucionario martiniqueño Frantz Fanon. No obstante, sería un error afirmar que esta disputa de tierras fue el motivo principal del golpe, aunque sí constituyó el evento catalizador de la derecha oligárquica paraguaya para sacar del poder a un presidente soberano que representaba un obstáculo a la creciente ocupación militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe en su ofensiva hegemónica.
Precisamente, la importancia geoestratégica que representa Paraguay para la dominación regional de Estados Unidos en la región va mucho más allá del control de las tierras paraguayas. En 2005, el Senado paraguayo había aprobado la entrada de un contingente militar de 400 marines a su territorio y le otorgó total inmunidad. Estados Unidos respondió, duplicando el financiamiento al Paraguay en la "lucha contra el terrorismo", y bajo el programa del Comando Sur (US Southern Command) denominado "Nuevos Horizontes", impartió operaciones de entrenamiento y ejercicios, supuestamente en el área de la medicina, pero que de acuerdo a diversos activistas de derechos humanos, estaban más bien dirigidas a identificar "lideres rurales peligrosos". Si bien la preocupación de algunos representantes del congreso condujo a la recisión de la inmunidad para los marines norteamericanos que se vieron forzados a dejar el país, la cooperación militar se mantuvo fortalecida con la equipamiento y entrenamiento de tropas paraguayas en la "lucha contra el terrorismo", haciendo que el Departamento de Estado reconociera la cooperaciones mostrada por el gobierno paraguayo. En Julio de 2006, el General Brent Craddock, que en ese momento estaba al frente del Comando Sur, sostuvo encuentros con autoridades gubernamentales en Asunción, quienes inmediatamente solicitaron una mayor cooperación militar con Estados Unidos, lo que fue permitió extender el acuerdo bilateral antinarcóticos de 1987, para proveer de entrenamiento, equipamiento y asistencia técnica.
Sin embargo, las estrechas relaciones militares entre Washington y Asunción se vieron alteradas con la llegada de Lugo a la presidencia y su displicencia hacia el aparato militar estadounidense. Una vez electo Lugo como Presidente del Paraguay, el Embajador norteamericano habría informado a la Casa Blanca que el presidente Lugo no se mostraba muy entusiasta ante la idea de retornar la inmunidad a marines estadounidenses mediante un acuerdo, como tampoco para implementar un programa de la DEA para interceptar llamas telefónicas. En efecto, Lugo rechazó un mayor despliegue de tropas norteamericanas en Paraguay bajo el programa "Nuevos Horizontes" y públicamente cuestionó la presencia del Comando Sur en suelo paraguayo, privilegiando en su lugar el papel militar de Consejo de Defensa Suramericano enmarcado en Unasur, lo que fue catalogado como una "decisión lamentable" por la Casa Blanca, y criticado por el propio vicepresidente Franco y el Partido Colorado.
El periodista de la cadena Aljazeera, Nikolas Kozloff (8 de julio de 2012), señala que oficiales estadounidenses estaban preocupados por el distanciamiento mostrado por Lugo del Comando Sur y su cercanía hacia el Presidente Hugo Chávez, advirtiendo que si las autoridades paraguayas no aseguraban el estacionamiento de tropas estadounidenses en su territorio, la Casa Blanca cortaría su ayuda de millones de dólares. Para Washington, una alineación del gobierno paraguayo al movimiento progresista regional que propugnaba un desarrollo integral soberano y con justicia social, significaba un enorme retroceso en su estrategia hegemónica global, toda vez que, como lo afirma el analista Abel Irala (2010) en su detallado informe sobre los "Nuevos Rostros de la Militarización", Paraguay es el enclave de la dominación de Estados Unidos en América del Sur, por tener un territorio muy rico en recursos energéticos, agua, biodiversidad y su posición estratégica en el centro de América del Sur.
Por su parte, la derecha reaccionaria paraguaya consideraba que "no era conveniente cortar los lazos militares con Estados Unidos en el preciso momento en que la izquierda en Bolivia estaba construyendo su capacidad militar", mientras que desde el propio gobierno, el Ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, aseguraba "off-the-record" que las fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos "son siempre bienvenidas a permanecer en Paraguay". Sin embargo, la Casa Blanca no parecía muy esperanzadora. La Secretaria de Estado Hillary Clinton asumía que el presidente Lugo jamás solicitaría por escrito asistencia militar ni protección para el personal militar estadounidense.
A lo interno, la Secretaria de Estado admitía que "la larga presencia, de significante números de Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Paraguay podría causar reacciones regionales negativas, socavando los objetivos de política regional" (Kozloff, 8 de julio de 2012), pero se impuso el criterio del Pentágono que pensaba totalmente diferente.
Estados Unidos buscó instalar una base militar en la región del Chaco, en la frontera entre Argentina y Paraguay, como parte de la "lucha contra el terrorismo". Para Washington, el área de la Triple Frontera constituía una base para el financiamiento del terrorismo islámico, y que Irán podría dirigir una red internacional de Hezbollah para apoyar ataques terroristas. (Dangl, 2006).
Washington siempre había mostrado particular preocupación por las "actividades ilícitas" en la triple frontera, como el lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, piratería y contrabando, que a su juicio, ocurría principalmente por la falta de vigilancia y la presencia de fuerzas de seguridad débiles y corruptas, que una presencia militar estadounidense podría fácilmente resolver. Un informe oficial del Departamento de Estado publicado en Wilileaks, consideraba al Paraguay como "el país de mayor tránsito de drogas ilegales destinadas principalmente a los vecinos suramericanos y a Europa", y que la región del Chaco, al noroeste del país, era "el punto de transbordo de drogas ilegales junto al área de la triple frontera". El informe igualmente revela las preocupaciones de Washington por la supuesta presencia en esta zona de Hezbollah y Hamas para realizar actividades ilícitas que financiaran acciones terroristas, aun cuando estas informaciones jamás fueran corroboradas por las agencias norteamericanas especializadas en terrorismo. De allí que el Departamento de Estado iniciara una ofensiva política y diplomática para implementar acciones antiterroristas con el envío a Paraguay de un equipo de especialistas que investigaran el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de un examen detallado de las discrepancias arrojadas en los datos del comercio paraguayo. Por su parte, la embajada norteamericana en Asunción, ofrecía entrenamiento a investigadores y fiscales en la lucha contra el terrorismo.
En este contexto, la derecha enquistada en el Estado paraguayo logró doblarle el brazo al presidente Lugo con la aprobación de la "Ley Antiterrorista" propiciada por Estados Unidos, la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la región oriental, y el mantenimiento de la cooperación militar con el Pentágono a través del Plan Colombia.
El 29 de septiembre de 2008, a pocas semanas de la llegada de Lugo al poder, Paraguay y Colombia suscribieron un acuerdo que ratificaba un compromiso firmado por el anterior presidente paraguayo, Nicolás Duarte Frutos, que convirtió al nefasto gobierno colombiano de Álvaro Uribe, en el "principal asesor" de Paraguay en materia de seguridad, tráfico de drogas, contrainsurgencia y lucha contra el terrorismo y crimen transnacional organizado, principalmente con la venta de armas y municiones, asesoramiento y trabajos de inteligencia con los cuerpos especiales de la policía paraguaya, ganaderos y empresarios, y adiestramiento de las Fuerzas Operacionales de la Policía y sus grupos de élite, por medio del Comando Sur en Colombia.
En el informe "Los Nuevos Rostros de la Militarización" del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py), el catedrático Abel Irala (2010) lo describe de la siguiente forma: "entre ambos gobiernos no existe un acuerdo circunstancial, no es un simple tratado de cooperación, de intercambio o puramente protocolar, es claramente un acuerdo para recibir asesoramiento, capacitación y acompañamiento desde los organismos de inteligencia y fuerzas especiales colombianas, éstas a la vez instruidas durante décadas por la CIA y el Pentágono".
La "ayuda" colombiana al Paraguay, como lo presenta Irala, se concretaba en tres ámbitos específicos: 1) la venta de fusiles Galil fabricados en Colombia con tecnología israelí, así como la adquisición de municiones y granadas; 2) el asesoramiento y trabajo de inteligencia con fiscales y jueces, cuerpos policiales, empresarios y ganaderos, con la participación directa de expertos colombianos; y 3) el entrenamiento de la Fuerzas Operacionales de la Policía Especializada (FOPE) y sus grupos de élites por parte del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de Colombia.
Como consecuencia, las operaciones militares y policiales se incrementaron. A este respecto, diversas asociaciones de derechos humanos cuestionaron la política represiva del presidente Lugo, a cargo de su ministro de interiores Rafael Filizzola, y denunciaron detenciones ilegales, represión y hostigamientos contra a dirigentes sociales. (EA, 8 diciembre de 2010). Para 2012, el año del golpe contra Lugo, habían reportes sobre asesinatos de campesinos a manos de paramilitares vinculados a latifundistas y terratenientes. El informe de Serpaj-Py señalaba que los peores casos de asesinatos y represión contra campesinos paraguayos se originaban en las áreas donde había mayor concentración de tropas estadounidenses.
Sin embargo, estas denuncias cayeron en oídos sordos. Como asegura el periodista y activista paraguayo Idilio Méndez Grimaldi (27 de junio de 2012), "la fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAid".
El escenario era el más propicio para que el golpe fuera ejecutado con éxito. De acuerdo al periodista Federico Fuentes (15 de Julio de 2012), el mismo día en que Lugo era derrocado, una delegación de políticos paraguayos liderada por el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso paraguayo, José López Chávez del Partido Colorado, sostuvo una reunión con autoridades militares estadounidenses para "negociar el establecimiento de una base militaren la región del Chaco", y asegurar los programas de "asistencia humanitaria" de los militares estadounidenses en Paraguay, ambas iniciativas frenadas por Lugo en 2009.
Desde entonces, la cooperación militar entre Estados Unidos y Paraguay se ha consolidado. Además de las tareas de capacitación militar, operaciones especiales conjuntas, entrenamiento médico militar y el intercambio educativo con instituciones militares, el Comando Sur inauguró el Centro de Operaciones de Emergencia en Santa Rosa al norte de Paraguay, con un costo de 1,7 millones de dólares, a fin de proveer "ayuda al pueblo paraguayo en eventos de emergencias y desastres naturales" (Whitney, 18 de marzo de 2015), pero que en la realidad opera como una base militar.
El derrocamiento del presidente Fernando Lugo en Paraguay nunca buscó el resarcimiento de las víctimas de la "Masacre en Curuguaty". Aun siendo cierto que los asesinatos fueron perpetrados por las fuerzas de orden público y que el presidente Fernando Lugo, como máxima autoridad en la cadena de mando, mereciera asumir su responsabilidad plena ante los hechos, resulta contradictorio que apenas hubieran sido procesados penalmente 14 campesinos, y que ningún policía hubiera sido siquiera investigado, ni por el asesinato de campesinos, ni por las denuncias de torturas y ejecuciones realizadas posterior a la masacre.
Aun con el presidente depuesto, la versión oficial de la fiscalía continúa siendo, años después, que "un grupo de campesinos radicalizados, contando con media docena de viejas escopetas de caza, decidieron plantar cara a más de 300 efectivos policiales, enfrentándose abiertamente contra ellos, consiguiendo matar a 6 policías de efectivos disparos en la cabeza, sorteando las protecciones, y dejando herido a otro gran número de agentes". El fiscal paraguayo Jalil Rachid, quien mantiene comprobados vínculos políticos y personales con la familia del empresario Riquelme, sostenía que estos campesinos conformaban "una asociación criminal jerárquicamente organizada para matar policías y apropiarse de las tierras que se encuentra aún en litigio entre el Estado y la firma privada", y en este sentido, acusó formalmente a Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Fani Olmedo y Dolores Peralta, por tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble, a Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería por asociación criminal e invasión de inmueble, y a Felipe Nery Urbina por "frustración a la persecución penal" al intentar auxiliar a uno de los heridos del lugar tras el tiroteo. Otros acusados como Juan Alberto Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Ángel Correa, fueron sobreseídos al no prosperar los cargos, ya que fueron detenidos en el hospital regional cuando averiguaban si había algún familiar entre las víctimas de la masacre.
El 10 de septiembre de 2015, cuando finalmente se iniciaba el juicio contra los campesinos, la Cámara de Diputados resolvió otorgar a las tierras de Curuguaty en disputa la condición de "área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de reserva científica de estricta protección", tras aceptar una "donación" de la familia Riquelme, lo cual fue rechazado por diversas organizaciones paraguayas que reclamaban la titularidad histórica de estas tierras al Estado para la siempre prometida y abortada reforma agraria.
A cuatro años de la masacre de Curuguaty y el golpe de Estado contra el Presidente Lugo, la impunidad y ausencia de justicia continúa reinando a sus anchas en Paraguay.
Notas
(1) Capítulo del libro "Ofensiva Hegemónica" del autor de este trabajo, actualmente en elaboración
(2) Entre los 6 policías asesinados, se encontraba el comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.
(3) De acuerdo al experto brasilero João Pedro Stedile (18 de Julio de 2012), del Movimiento Sin Tierras, "Paraguay es el país de mayor concentración de la tierra en el mundo. De sus 40 millones de hectáreas, más de 31 millones son de propiedad privada, donde apenas el 2% de los propietarios son dueños del 85% de las tierras, mientras que la población campesina solo cuenta con el 6%. El informe "Sector Rural Paraguayo: Una visión general para un diálogo informado" del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), indica que el coeficiente Gini de concentración de tierras en Paraguay es del 0.94, lo que se traduce en prácticamente total desigualdad de la tierra.
Referencias
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FIAN Internacional y La Vía Campesina (2014) "Conflictos Agrarios y Criminalización de Campesinos y Campesinas en Paraguay: El Caso Marina Kue y la Masacre de Curuguaty" (Serie Tierra y Soberanía en las Américas, No. 6) Oakland, CA: Food First/Institute for Food and Development Policy y Transnational Institute. http://viacampesina.org/es/images/stories/pdf/Curuguaty-FIAN-FoodF.version%20final.pdf
Fuentes, Federico (15 de julio de 2012) "Paraguay: US makes gains from coup against Lugo". Green Left Weekly. https://www.greenleft.org.au/node/51636
Irala, Abel (2010) "Los Nuevos Rostros de la Militarizacion". Servicio Paz y Justicia Paraguay, SERPAJ-PY. http://www.serpajpy.org.py/wp-content/uploads/2013/04/Los-nuevos-rostros-militarizacion.pdf
Kozloff, Nikolas (8 de julio de 2012) "Behind the Paraguayan coup". Aljazeera. https://en-maktoob.news.yahoo.com/behind-paraguayan-coup-203039785.html
Martínez, Aitor (Octubre de 2012) "Informe: Masacre de Curuguaty". Plataforma de Estudio e Investigación de Confl ictos Campesinos (PEICC)
Méndez Grimaldi, Idilio (27 de junio de 2012) "Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo". Pagina 12/Rebelion. http://www.rebelion.org/docs/151721.pdf
Whitney, W. T. (18 de marzo de 2015) "U. S. Interventions in Venezuela, Peru, and Paraguay". Counterpunch. http://www.counterpunch.org/2015/03/18/u-s-interventions-in-venezuela-peru-and-paraguay/
Wikileaks (28 de noviembre de 2010), "US Embassy Asuncion cable dated 28 March 2009, 09ASUNCION189, Paraguayan Pols Plot Parliamentary Putsch". 28 de marzo de 2009. https://wikileaks.org/plusd/cables/09ASUNCION189_a.html
