El 16 de enero del 2001, The New York Times publicó un editorial donde afirmaba que el Plan Colombia puede exacerbar los problemas de la región; en esa misma orientación apareció otro en El Tiempo, de Bogotá, alertando sobre los peligros para los vecinos. Esas, por supuesto, no son sus posiciones de hoy. Uno y otro apoyan las políticas estadounidense y colombiana expresadas en los convenios que están por firmarse que durante diez años permitirán el funcionamiento de bases militares y navales al servicio de las fuerzas militares de EEUU. ¿Qué utilidad pueden tener esas bases en "la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo"? Poca o ninguna. Aunque con el Plan Colombia el cultivo y el tráfico de drogas sigue subiendo, han golpeado duro a las guerrillas.

Los propósitos son otros.

No es casual que los presidentes Lula y Bachelet hayan advertido sobre su inconveniencia, y que la reunión de Unasur del próximo 10 incluya la materia en su agenda.

Por decir lo menos, es un hecho perturbador de las relaciones de Colombia con sus vecinos, y que en lo fundamental está al servicio de la política hegemónica de EEUU en la región. Como quiera que se vea, significa una amenaza a la seguridad y soberanía venezolanas y ecuatorianas.

Tres crisis recientes han vivido las relaciones colombovenezolanas; en la de abril 2008 el presidente Chávez ordenó movilización de batallones de blindados, y pese a que esta de ahora no ha tenido mayor acción ni se han tomado medidas extremas, es la mas grave de todas por la presencia del factor USA: las bases militares al servicio de EEUU.

Están en el epicentro de la confrontación, y deben verse como expresión de la política de Washington, que tuvo otra significativa expresión con la reactivación de la 5ª Flota, ahí mismito en Curazao, donde también tiene una base su Fuerza Aérea.

Nadie sabe cómo puede desarrollarse esta situación, como puede evolucionar, que pasará en las próximas semanas o meses. Como dijo nuestro embajador en Bogotá, Gustavo Márquez, con las bases ahí, esas relaciones no serán las mismas, imposible saber su desarrollo y su eventual desenlace.

Lo que sí comenzamos a conocer es la opinión de muchos opositores, que dejan la impresión de que estarán al lado de Uribe ahora y en un eventual conflicto.


Límites a la libertad de prensa

L a Fiscal Luisa Ortega Díaz presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de "ley especial de delitos mediáticos" que en apenas horas levantó ronchas; hasta de Radio Francia me llamaron el viernes de mañana para preguntarme mi opinión.

Es oportuno recordar que no es ella la primera en reclamar "que se ponga un límite a la libertad de expresión". Mucho antes lo hicieron todos los congresantes electos en plena efervescencia democrática, en diciembre de 1958, apenas derrocada la dictadura.

La Constitución de 1961, que aprobaron ellos, garantiza esa libertad en el artículo 66, pero dejaron expresas limitaciones: "...quedan sujetos a pena, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito", y el párrafo siguiente es bastante restrictivo: "No se permite el anonimato. Tampoco se permitirá la propaganda de guerra, la que ofenda la moral pública ni la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las leyes (la ley de tierras, el pago de impuestos, por ejemplo, DR) sin que por esto pueda coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales". En ningún país esa libertad es absoluta.

La vigente Constitución recoge los principios de la libertad de expresión, pero advierte que "quien haga uso de este derecho asume su plena responsabilidad por todo lo expresado", y también la limita: "no se permite la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa".

Con años de la carta magna del 61 en vigencia, hubo alguien con mucha autoridad que demandó mas limitaciones. Algunos de ustedes recordarán una cita que traje aquí con motivo del Día del Periodista, era una dura crítica que hizo el Dr. Arturo Uslar Pietri a los medios y a sus propietarios: "Hay, hoy en día, el peligro de que estas empresas se conviertan en grandes fábricas de opinión, lo que podría ser muy peligroso para un país el que la posibilidad de determinar la opinión pública quedase en manos de tres o cuatro grandes ricos que pudieran decir: Vamos a fabricar este hombre, vamos a destruir este otro, vamos a hacer que la gente le coja odio a esta idea y crean en aquella.

Eso es un peligro inmenso para una democracia, de modo que no hay que contemplarlo con ideas románticas".

Y remataba: "Hay que asegurarles a los periodistas, a los hombres que hacen los periódicos, todas las garantías en su trabajo; hay que crear una responsabilidad, un límite al poder de los fabricantes plutocráticos y empresariales de opinión, que pueden convertirse en dictadores del país a través del poder económico" (subrayado DR).

No me negarán que estas afirmaciones tienen plena vigencia, no obstante que fueron hechas el 25 de abril de 1966, hace casi medio siglo.

Como saben, no soy abogado, pero tengo la impresión de que la mayoría de los delitos previstos en el proyecto de ley están en la legislación venezolana, pero que nadie las hace cumplir: en el Código Penal, por ejemplo, sus artículos 241, 284 y 286, tienen tales contenidos así como el 65 de la Ley Orgánica del Menor y Adolescente.

A estas observaciones hay que añadir otras que se desprenden de la ambigüedad de algunos textos en los artículos 4 y 6, que dejarían en manos de jueces importantes decisiones que atentarían contra la libertad de prensa.

La Asamblea Nacional tiene en sus manos una materia peliaguda, de suma importancia, y de inocultables proyecciones dentro y fuera del país. Mosca con lo que hacen.


Con el apoyo inicial
de Brasil y Paraguay, y lógicamente de Chile, se abre la posibilidad real de que José Miguel Insulza tenga la mayoría para reelegirse Secretario General de la OEA. ¿Qué hará EEUU, que formalmente le comunicó hace 20 días a la Cancillería chilena que no apoyará su reelección? Quedará aislado, con alguna minoría, o saltará la talanquera, como debió hacerlo hace dos años.

El Sistema Nacional de Contrataciones
tiene un atasco de grandes proporciones. Concentrado en Caracas, las 120 mil empresas que contratan con el Estado deben renovar anualmente sus expedientes, pero a un ritmo de 100 diarios, que es lo que procesan, se calcula que demorará varios años para ponerse al día.

Basta leer unas páginas
de El País de la Canela, el libro de William Ospina, laureado con el Premio Rómulo Gallegos, para preguntarse ¿cuánto tiempo dedicó a la investigación de los hechos históricos, centro de su novela? Sorprende su detallado conocimiento de la conquista del Perú.

Nunca en toda la historia
del arte en Venezuela ni en la de los medios de comunicación, hubo un programa diario dedicado a las actividades artísticas y culturales del interior del país. Es lo que hace Encontrarte en VTV.

El colmo de un burócrata
lo encontré en Maiquetía. Cuando hacia cola para pagar el impuesto de salida, observo que una de las recepcionistas está inactiva, y le pregunto ¿para qué sirve esta taquilla? Y esta fue su respuesta: "¡Para nada, pero está cerrada!"


edrangel@cadena-capriles.com