"Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa" (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 57).
Aquellos que cuestionaron la Constitución, que votaron contra ella y luego la violaron el 11 de abril de 2002, ahora la invocan a cada momento con increíble cinismo. No creyeron en ella y siguen sin creer en ella. Tan sólo la utilizan como cobertura para adelantar sus planes desestabilizadores.
El tema de la libertad de expresión -al igual que el de los derechos humanos, en los cuales tampoco creyeron durante la Cuarta República y ahora reivindican para protegerse cada vez que delinquen- está en el centro del debate. Con motivo de la información deliberadamente divulgada a través de Internet por Noticiero Digital sobre el asesinato de Diosdado Cabello y Mario Silva, los sedicentes defensores de los derechos ciudadanos han vuelto a poner el grito en el cielo con su proverbial hipocresía.
Acusan al Gobierno de acabar con internet, de censurarlo, de meterle miedo a los que trabajan en ese medio, al igual que hacen con la radio, la televisión y la prensa escrita, donde editores y colaboradores dicen lo que les da la gana y al mismo tiempo acusan al Gobierno de que en Venezuela no hay libertad.
Lo de internet es claro. Es un medio de expresión, y como tal tiene que regirse por lo que establece la normativa constitucional consagrada en el artículo 57 de la Carta Magna.
La libertad de expresión es plena, irrestricta, no está sujeta a censura, pero "quien haga uso de este derecho asume responsabilidad por todo lo expresado". La responsabilidad es personal, como procede en derecho, y el medio no es responsable. Son sus dueños, propietarios, directivos y personas que difunden información quienes incurrirían en delito.
Por tanto, no se trata de controlar el acceso a la red -carece de sentido legislar sobre la materia-. Lo que hay que puntualizar es que la violación a la ley, en este caso el principio constitucional y lo que establecen el Código Penal y otros instrumentos jurídicos, acarrea sanciones.
El precedente de Noticiero Digital, que por cierto se desempeña en la red con una irresponsabilidad que sólo es tolerada en un país como Venezuela, de probada laxitud en la aplicación de la ley, tiene que servir de advertencia, sin propósito represivo, sobre el debido respeto al Estado de Derecho y al ejercicio responsable de la libertad de expresión por cualquier medio de comunicación.
Colombia y las sombras
Las elecciones parlamentarias celebradas en el vecino país aportan datos reveladores de lo que allá se mueve. El uribismo rebaja su participación en el Senado -de 70 senadores, que logró hace cuatro años, bajó a 58-, el Partido Conservador se le acerca peligrosamente al partido del Presidente, la U; y un partido que todo el mundo sabe que está ligado a la narcoparapolítica, creado desde la cárcel, el PIN, debuta con ocho senadores. A la vez, en el Partido Conservador, segunda formación más votada, se impone como candidata presidencial una uribista reticente, Noemí Sanín, al candidato del uribismo icónico, Andrés Felipe Arias.
Todo cuanto sucedió en esas elecciones estuvo enmarcado en el fraude, la compra de votos -lo confirman los observadores de la OEA- y la abstención. Una situación que llevó a decir al Miami Herald y a otros diarios norteamericanos, pese a su identificación con el proceso uribista, que "Colombia se hunde en el caos electoral".
Pero ese caos es una consecuencia del deterioro galopante de las instituciones y la corrupción que inunda el país. La asociación entre delito y política, la trenza tejida por el sector privado de la economía con la delincuencia organizada, tenía que repercutir en lo electoral.
Es así como esos comicios arrojan un saldo desolador en lo ético y moral. Al extremo que 24 senadores electos están en alerta por investigaciones previas en la Corte Suprema y la Procuraduría debido a presuntas vinculaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo, y en calidad de procesados se hallan 80 parlamentarios del anterior Congreso, encarcelados o sujetos a proceso. Un cuadro de tal naturaleza no existe en ningún otro país. ¿A qué atribuirlo?
Fundamentalmente al origen mafioso y letal del fenómeno uribista. Algo que aceleró y potenció los procesos de descomposición de la sociedad colombiana, cuyo origen está en la relación del kiderazco con la delincuencia.
Hay mucha literatura en Colombia sobre el fenómeno y sobre el papel que ha jugado el "señor de la sombra", Uribe, o "Uribito", como lo llamaba el famoso capo de la droga ya fallecido. Para los amigos lectores, dos citas genuinamente colombianas. Una de la brillante columnista María Jimena Duzán tomada de un articulo titulado "¿Peor es posible?", donde dice: "El uribismo nos quiere convencer de que la gran amenaza que se cierne sobre estas elecciones se llama Chávez, pero en realidad hay elementos probatorios que nos llevan a concluir que la amenaza más latente y más grave para nuestra democracia proviene de las poderosas mafias que han ido recomponiendo las élites políticas de este país, desplazando a los tradicionales caciques, demostrando en contravía lo que nos ha pronosticado Germán Vargas en su campaña: peor también es posible".
Cierto, las mafias desplazaron a los viejos liderazgos que, al menos, no se revolcaban con el narco-paras para obtener recursos. Y otro excepcional columnista, Antonio Caballero, al tratar sobre lo que deja Uribe, expresa: "Inseguridad. Desconfianza, Polarización. Este es el legado que dejan ocho años de tramposos, corruptos y brutales gobiernos de Álvaro Uribe". Por ahora no hay nada más que decir.
Laberinto
La obsesión Cubillas explica la histórica vocación represiva de los dirigentes del Partido Popular, receptáculo del franquismo genocida, y por el temor de Zapatero al chantaje. Perseguir a un hombre que vino a Venezuela por un acuerdo entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez hace más de 20 años, naturalizado venezolano, casado con venezolana e hijos venezolanos, es un acto miserable. Cubillas vivió en el país sin problemas, y ahora la justicia de un juez vinculado a la ultraderecha pretende su extradición por delitos que no han sido probados, manipulados por encargo del Gobierno colombiano…
Me preguntó un medio colombiano sobre el desmentido de Pastrana a Chávez sobre la entrevista con Raúl Reyes. Respondí que era cierto que Pastrana solicitó al Mandatario venezolano que se reuniera con personeros de las Farc y el ELN, al igual que él lo hacía en la búsqueda de la paz. Chávez dijo la verdad; Pastrana mintió. Razón por la cual le manifesté al periodista que con algunos políticos colombianos había que conversar en presencia de un notario…
Algunos outsiders le hacen la vida imposible a la Mesa de la Unidad, entre otros, María Corina, Lopez, Ravell…
*LA TENDENCIA dentro de Copei liderizada por Eduardo Fernandez y Pérez Vivas tiene en la parrilla a Planas y se dispone a controlar el partido…
Se inicia diálogo EEUU-Venezuela: Arias Cárdenas y el embajador en Caracas Duddley; en Washington, el embajador Álvarez y Valenzuela.
José Vicente Rangel
jvrangelv@yahoo.es