Estos días he leído sobre el tema de los derechos humanos. Muchas de esas lecturas suenan a paradoja, aunque quizás no lo sean tanto. Uno delosmás serios investigadores sobre el tema,el español Liborio Hierro, advierte en un libro reciente,Autonomía individual frente a autonomía colectiva, que también puede darse el caso de que ciertos “poderes viejos” hagan suyo el lenguaje de los derechos para revestirse de una legitimación nueva y volver a dominar a las personas.
Por su parte, Joshua Greene, en un libro muy discutido, Moral Tribes, desliza la idea de que los derechos pueden ser esgrimidos también como un arma que nos permite blindar nuestros sentimientos como si fueran hechos concluyentes, no negociables. Si tengo derecho a algo, el asunto está zanjado: no caben más argumentos. Me parece que ambos tienen razón: invocar los derechos puede ser una estrategia de ciertos poderes sociales para controlar a las personas de otra manera, y apelar a ellos hace difícilmente negociables los desacuerdos morales y políticos en los que esos derechos anidan.
Esas dos advertencias son aún más pertinentes cuando el lenguaje de los derechos no es usado para referirse a personas individuales sino a supuestas entidades colectivas, como las minorías, las naciones o los “pueblos”. En este caso, las distorsiones tienden a incrementarse por dos razones: en primer lugar, los poderes y sus intereses disimulan su verdadera condición mediante el subterfugio de presentarse como la voz de la entidad colectiva: no soy yo el que habla, es la nación, el pueblo y sus derechos, lo que habla a través de mí. En segundo lugar, los ciudadanos son empujados a un ejercicio sentimental de traslación de su identidad a la entidad moral superior y muchos acaban por creer que lo mejor o lo más importante de lo que son se lo deben a su pertenencia al todo. Si se pone en cuestión la entidad colectiva se ponen en cuestión sus derechos y hasta su propia identidad personal.
Esa representación mágica que pretenden algunos voceros de la MUD es, naturalmente, una impostura, pero tiene unos efectos demoledores sobre la deliberación de los problemas públicos. Quienes la detentan parecen creerse autorizados para imprimir un turbio sesgo a su favor en el debate público y promueven para ello una vergonzosa parcialidad en los medios que administran. La justificación que esgrimen se presenta como algo natural: si se pone en cuestión el derecho colectivo se pone en cuestión la patria. Y por lo que respecta al mensaje que se proyecta sobre el ciudadano, lo que se busca es que quienes habitan ese espacio se abandonen al sentimiento colectivo y estén dispuestos a sacrificar sus derechos individuales ante el altar de la entidad moral superior. Distorsionado así el debate público sobre los derechos que se tienen, y entregados los ciudadanos a la identidad enajenada, el lenguaje de los derechos se torna, en efecto, en un instrumento de dominación y queda blindado ante cualquier negociación.
En ese marco deformante es donde hay que examinar esa reivindicación del llamado “derecho a decidir” que está prendiendo demasiado en nuestro país, y que pareciera no poder enfrentar el gobierno del Presidente Maduro. La oposición se presenta con una actitud desafiante, como expresión natural e innegociable del principio democrático y los derechos que lleva consigo, de forma que aquellos que discuten la existencia de tal derecho o no apoyan su ejercicio sin límites han de ser tenidos irremediablemente por anti-demócratas y desconocedores de los derechos más elementales del ciudadano.
El gobierno tiene el derecho y debe dialogar, pero con reglas claras y no sometiéndose a los designios de un grupo de dirigentes que sólo quieren imponer "su visión". O se acepta y se acata las reglas de juego sujeridas por Miraflores, o no se dialoga. Así de simple, ya que es ahí donde está la solución a las controversias.
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