El pasado miércoles 28 de Abril el Alto Mando Político de la Revolución Bolivariana hizo pública una denuncia sobre planes de magnicidio contra el Presidente de la República Nicolás Maduro, el Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y otros dirigentes del gobierno. Jorge Rodríguez, en el papel de vocero, presentó diversas pruebas de estos planes, entre las cuales se incluyeron un conjunto de correos electrónicos compartidos entre María Corina Machado, Henrique Salas Römer, Diego Arria, Gustavo Tarre y Pedro Burelli. En la correspondencia electrónica se hace mención a la desaparición física de Nicolás Maduro, la necesidad de continuar de acciones de calle que estimulen la ingobernabilidad, así como a la aprobación de los planes por parte de Kevin Whitaker, nombrado recientemente como embajador de Estados Unidos en Colombia.


Es importante destacar que estas pruebas forman parte de una investigación penal que realiza el Ministerio Público, el cual aprobó la intervención de los correos electrónicos de las personas involucradas. En ese sentido, Jorge Rodríguez afirmó que la denuncia tiene un carácter político y busca poner al tanto a la ciudadanía de planes que pretenden alterar la estabilidad de la nación. De igual manera, vale la pena recordar que los involucrados en la investigación ya han participado anteriormente en actividades delictivas. Algunos participaron en el golpe del 11 de Abril del 2002, como María Corina Machado, quien firmó el “Decreto Carmona” apoyando la derogación ilegal de la constitución. Diego Arria tiene un largo prontuario en el saqueo de las arcas públicas durante la Cuarta República, Pedro Burelli formó parte de la directiva de PDVSA, en la época de su privatización.

La reacción de la oposición venezolana, tanto en su dirigencia como en su representación mediática, ha consistido, por un lado, en la total banalización de la denuncia, la burla a través de las redes sociales y el posicionamiento de temas secundarios, por el otro, en la contra denuncia -estrategia común en la oposición-. Así, frente a la denuncia realizada por Rodríguez, María Corina Machado presentó ante la fiscalía diversas denuncias por difamación, entre otras; de igual manera, los medios se han enfocado en el supuesto delito de violación de la privacidad y a la Lopna. Guillermo Aveledo llamó a la denuncia de magnicidio una “farsa”, Gustabo Tarre afirmó que se trataba de un “pote de humo” y Richard Blanco sostuvo que era “un cuento más”. De igual manera, la oposición llamó a la renuncia del Presidente Maduro, desviando la atención de sus seguidores.

En el caso de los opositores de a pie, ha calado esta estrategia continua de banalización, se han enfocado en hacer chistes al respecto, restarle importancia y afirmar que se trata de “otra denuncia más sobre magnicidio”. El caso es que, al no darle ninguna credibilidad a los voceros oficiales, la base social de la oposición demostró que no les interesa ninguna denuncia hecha por el gobierno; en el fondo, en su entorno íntimo, apoyan un plan de magnicidio. Para la mayoría de los opositores es un episodio pasado sin importancia, que en alguna medida ha servido para prestar su apoyo automático a María Corina Machado.

No es de extrañar esta actitud incrédula y ridiculizadora por parte de los opositores de a pie. El trabajo ideológico se ha hecho muy bien, la mayoría de ellos articula su realidad de acuerdo a una construcción mediática, sus criterios de lo creíble o no se miden en función de reforzar la idea que tienen sobre lo que sucede en el país. Si luego de 12 años muchos de ellos continúan negando que el 11 de Abril hubo un golpe de Estado, que Iván Simonovis participó en la autoría intelectual de los asesinatos de la Avenida Baralt, que los mismos que los dirigen hoy en día eliminaron la constitución, asaltaron embajadas y arrestaron políticos sin ningún soporte legal, no es mucho lo que se puede pedir.

A quién le puede parecer increíble que María Corina Machado esté detrás de planes de magnicidio cuando ya participó activamente en un golpe de Estado, sostiene relaciones cercanas con políticos norteamericanos, tan cercanas que le permitieron reunirse con George Bush y ha asumido el discurso más radical pidiendo la salida forzada del Presidente Nicolás Maduro. O quién puede dudar que Henrique Salas Römer asesore acciones de este tipo, con el pasado mafioso que tiene en la Gobernación de Carabobo. No se diga de un personaje como Diego Arria, uno de “los doce apóstoles”, empresarios metidos a políticos con la finalidad de enriquecerse a costa del dinero público.

En el caso de la militancia revolucionaria la reacción no ha sido unívoca. Por una parte, ha habido consenso en la credibilidad de la denuncia, teniendo como base el conocimiento de cómo actúa la derecha venezolana pero además la experiencia internacional en reiterados casos, sucediendo el más reciente en Ucrania. Pero, por la otra, se ha exigido una actuación rápida en el cumplimiento de la ley, se pide que la denuncia no quede en un evento mediático más, que se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la estabilidad del país. Se solicita que la denuncia venga acompañada de un conjunto de acciones concretas contra aquellos que están organizando el magnicidio y que van a cumplir 5 meses detrás de las acciones violentas a nivel nacional.

Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que las pruebas no sean lo suficientemente contundentes como para que conduzcan a que los involucrados terminen en la cárcel. Resulta por demás curioso que el gobierno de un país haga una denuncia en los tonos en los que lo hace la oposición de izquierda históricamente, sin tener la capacidad para que se traduzcan en la aplicación de la justicia. Pero además, si esta denuncia se queda en una rueda de prensa, se estimula la banalización constante, la oposición seguirá conspirando y aumentará la incredulidad.

Desde esta perspectiva salta la duda sobre cuál es la intención con la denuncia de magnicidio. Al tratarse de una denuncia política, se ha dicho que busca alertar al pueblo sobre los planes. Pero también hemos visto cómo denuncias de este tipo buscan una identificación de los enemigos de la paz, así como el fortalecimiento de la polarización, en función de que se sepa lo que está en juego. El problema consiste en ver hasta qué punto la polarización sólo mediática y discursiva favorece hoy en día la permanencia del proyecto revolucionario. A la vez que es urgente combatir la percepción sobre la impunidad, porque es un precedente peligroso que una denuncia hecha a nombre del propio Presidente de la República no derive en unas acciones concretas. La impunidad mina la confianza del pueblo en el gobierno respecto a su capacidad para defender el proyecto revolucionario.