Como ya es de conocimiento público, el Contralor General de la República, doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, haciendo uso de las atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art.289) y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (art. 105) le confieren, impuso una inhabilitación administrativa por 15 años al gobernador Henrique Capriles Radonski.
Dicha sanción, contenida en la Resolución Nº 01-00-000239 de fecha 6 de abril de 2017, según se refiere en comunicado del organismo contralor, está fundamentada en ilícitos tipificados en las leyes venezolanas cometidos durante la gestión de Capriles entre los años 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, que comprometieron el presupuesto público de la Gobernación de Miranda.
En la señalada comunicación, el Contralor Galindo Ballesteros, indica que, "previo el cumplimiento del procedimiento administrativo, en el cual se garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso", inhabilitó al ciudadano Henrique Capriles Radonski para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años, como sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad dictada mediante Auto Decisorio de fecha 19 de enero de 2017, que "surtirá efectos a partir de la fecha en la cual el ciudadano antes identificado cese en sus funciones como gobernador del Estado Bolivariano de Miranda".
En el respectivo procedimiento de Determinación de Responsabilidades se concluyó " que el servidor público Henrique Capriles Radonski incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador del estado Bolivariano de Miranda durante los años 2011, 2012 y primer trimestre del año 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, por haber celebrado convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa".
Es decir que, en base a la pertinente investigación realizada, la Contraloría General de la República, que es el órgano del Estado que se encarga de fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos y nacionales y que, por tanto, tiene la función de sancionar hechos que atenten contra la ética y la moral administrativa, estableció que hay suficientes elementos incriminatorios en la actuación del funcionario Capriles, en el tiempo considerado, como para hacerse acreedor de la sanción aplicada.
Retaliación o ajustada
Responderá tal decisión sancionatoria por parte del órgano contralor a una retaliación política o está ajustada a derecho; cada quien puede hacer las conjeturas que juzgue conveniente, aunque, hay que dejar sentado que en este procedimiento, en el que objetivamente se guardó el debido proceso, Capriles Radonski, tuvo pleno derecho a la defensa, estando debidamente asistido por los abogados Rafael Chavero y Bernardo Pulido, quienes inmediatamente después de conocerse la decisión de la Contraloría, manifestaron, en rueda de prensa, que estaban trabajando para revocar la inhabilitación política, la cual consideran que fue impuesta de manera inconstitucional ya que con la misma se le estaba violando, a Capriles, sus derechos políticos y que en ese sentido no descartaban introducir un recurso de amparo ante la propia Contraloría o la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Capriles y sus partidarios están en su derecho de asistir a todas las instancias que consideren pertinente para apelar la sanción en cuestión, para ello estamos en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia como reza el Artículo 2 de la CRBV.
Astuto jurisconsulto
Ya el sancto protuno de la burguesía apátrida, Allan Brewer- Carías, desde Nueva York, como debe ser, emitió un dictamen en el que, por supuesto, exculpa a Capriles de toda responsabilidad y descalifica de manera grosera al Contralor General, aduciendo que tal medida responde a un acto más de persecución política de la dictadura que existe en Venezuela y que las irregularidades administrativas cometidas no ameritarían una sanción de tal magnitud. Es decir, en su condición de abogado protector de la élite que desgobernó al país durante la cuarta república, que prohijó sus más desvergonzadas trapisondas, que, en su oportunidad, se exculpó a sí mismo luego de haber sido el asesor de Carmona para la concepción del infame decreto a través del cual el breve dictadorzuelo eliminó de un plumazo todos los Poderes Públicos y la misma Constitución, delictual actuación por la cual, este astuto jurisconsulto, no ha rendido cuentas ante la justicia venezolana, se adelantó a dar su "autorizada" y clasista opinión para exculpar al caballero Capriles, sólo que en esta ocasión no ha de ser santa palabra como en otrora era costumbre.
Nunca es tarde
Por nuestra parte, entendiendo que es la percepción de muchos mirandinos, consideramos que Capriles bien inhabilitado está, que ya era hora que este ciudadano fuese sancionado por tantas irregularidades cometidas en su condición de funcionario público, que, como hemos sostenido en varios escritos, dichas irregularidades se vienen acumulando desde la época en que se inició como alcalde del Municipio Baruta, pero que ahora es cuando se logra justamente sancionarlo, por ello, podemos decir como reza la conseja popular, nunca es tarde cuando la dicha es buena.
Es más, en un artículo escrito hace unos meses nos preguntábamos porqué está preso Leopoldo López y libre Henrique Capriles cuando este tiene igual o, si acaso, más méritos para estar en la cárcel que el abanderado del grupo terrorista Voluntad Popular. Sí, el pueblo y la democracia venezolana tienen que aprender a defenderse. En eso andamos.
