Desde siempre la frontera del estado Zulia, o de Venezuela con Colombia o Brasil, o Guyana ha estado poblada de pueblos originarios, hoy aún resisten cinco pueblos o nacionalidades indígenas en el Zulia de un total de 36 en todo el país, que al igual que ayer todo nos parece indicar que es el abandono y el sometimiento la única propuesta histórica posible por parte del Estado venezolano hacia estas sociedades amerindias.
Desde la llegada de los europeos el fenómeno del ecocidio, genocidio y etnocidio llegó para quedarse en estos pueblos y comunidades expresado en distintas coyunturas del devenir histórico venezolano. De allí sus luchas concretas de todos los días contra estas maneras de expresarse la colonialidad desde hace más de 500 años.
Ayer, a través del tutelaje de la cruz y la espada los transformaron en pueblos de misiones católicas, posteriormente continúa la evangelización etnocida sin la espada, y más recientemente a través de instituciones estatales diseñadas para su integración definitiva a la vida republicana.
Hoy, a más de una década de revolución, se comienza a destilar el sometimiento a través del tutelaje de hombres y mujeres armados ya no venidos de España, sino de Colombia, ya no a través de la Biblia, sino a través de la administración por ellos de las políticas sociales del Gobierno. Hoy el Gobierno, alguno de sus funcionarios e instituciones permite y le ha entregado las fronteras culturales a la penetración física y cultural colombiana y sus grupos armados, a los que no por el simple hecho de accionar contra el para estado colombiano derechista pudiéramos considerarles una militancia revolucionaria. ES un grave error que sólo las comunidades deben padecer. Muchas aguas han pasado bajo el puente desde las luchas clandestinas y revolucionarias de estas selvas suramericanas. Su presencia e injerencia, aunque no de derecha clásica, es también un Paraestado; No podemos entregarles los destinos, el control y la vida de los pueblos fronterizos.
Esta es la modalidad de sometimiento hoy imperante en los poblados indígenas ubicados en las línea fronteriza que pertenecen a cuadriculas parroquiales de municipios fronterizos pertenecientes además a un Paraestado donde se coordina con todos los factores armados la administración económica, política y social municipal, y por ende la vida cotidiana de la gente amerindia y criolla. No hay una línea divisoria entre el Estado y el Paraestado, sólo una gama de matices cubren la totalidad de estas realidades estatales.
Y estos estados ya conviven en las ciudades más pobladas o capitales de estos municipios fronterizos imponiendo un impuesto (vacuna) administrado unas veces por estos factores ideológico armados, otras por la delincuencia común organizada, o por las mismas policías dependiendo de las cuadrículas como se han dividido la geografía de las ciudades. Hace tiempo llegaron al centro del país y a la propia Caracas.
Nuevas órdenes y aparatos ideológicos le son impuestas a los indígenas al margen de sus consideraciones, se les tratan con verbo y prácticas parecidas a la ética cristiana socialista pero se hace en verdad otras cosas parecidas más bien a la delincuencia, a la alienación, a la colonialidad, al ecocidio, al terror y la muerte. Hombres armados y seguidores civiles del Estado y del Paraestado les informan a los habitantes de las comunidades lo que han de hacer para movilizarse o para estar y permanecer en sus parajes habitacionales, por esta razón no hay otra manera de vida para estos pueblos y comunidades indígenas que no sea o ceder, o acomodarse, o la resistencia expresada en la rabia obstinada de sus palabras y en cuerpos movilizados marcados por el tísico sufrimiento de más de cinco siglos.
Por muchas razones la oficialidad venezolana le entregó a estos factores armados la frontera con pueblos indígenas, campesinos venezolanos y colombianos para que reinaran en estas comarcas de agua, boques y diversidad biológica. Por este pacto, son ahora esta oficialidad los responsables principales de lo que allí suceda con esta gente del campo y la naturaleza. Los une el temor conjunto de ser remplazados en la frontera por el paramilitarismo de la sociedad colombiana santanderiana uribista imperialista, pero este temor no le da la potestad de decidir la vida de estas comunidades constructoras de paz, guardianes de la frontera, las aguas, de la vida y la biodiversidad que habitan. Deben respetar su autonomía y manera propia de ser, pues así lo determinan las leyes venezolanas, las de la ONU y la OEA.
Las armas y el poder derivado de ellas, no le da tampoco la potestad de someter a estos pueblos y comunidades amerindios, a ser el correaje entre Estado y sus instituciones con las comunidades; pues estas comunidades posee la autonomía que le da el hecho de ser originarias de América y de estar en estos paraje de biodiversidad, agua y oxigeno antes de los Estados Nacionales y las armas de guerra. Lo determinan las leyes. No son menores de edad y piensan desde siempre con cabezas propias desde sus culturas, hoy como ayer no necesitan estos amerindios de intérpretes ni misioneros civilizatorios con cruz o armas de guerra, pues son poseedores de milenarias artes y saberes propios. Nadie mejor que ellos para saber que les conviene o no, como relacionarse con la naturaleza o con el Estado Nacional Venezolano y sus instituciones, por quien votar o no votar.
Estos factores armados de naturaleza disimiles presente hoy en la frontera son un estorbo para la moral y el bienestar de la vida cotidiana indígena en pleno desarrollo y movimiento intercultural y multilingüe. Son estos pueblos garante de la ética ciudadana y la paz pluricultural. Más que militares, o garimpeiros, o mineros, deben en la frontera más bien estar antropólogos, lingüistas, trabajadores sociales, sociólogos, médicos, enfermeras, veterinarios, ingenieros agrónomos, arquitectos, economistas, abogados, criminólogos. Son estos profesionales los que principalmente deben caminar estas fronteras y sus poblados indígenas y campesinos para crear un verdadero diálogo intercultural.
En cada puno de control militar debe haber un Defensor del Pueblo, un funcionario del Ministerio Público, periodistas, antropólogos y varios hablantes del idioma indígena, el Estado nacional.
