La nueva situación política colombiana afecta sensiblemente –como ya sabemos- la situación interna de Venezuela. Dicha situación comenzó a conformarse a partir del Pacto de Ralito, que selló la alianza de la oligarquía narco-latifundista provinciana y el narco-patriciado centrado en Bogotá para refundar el Estado nacional colombiano. El viejo Estado nacional, como expuso el historiador Indalecio Lievano Aguirre, tuvo sus raíces históricas en el proceso de estructuración de la clase oligárquica colonial entre los siglos XVI y XX, proyecto político que dicho historiador colombiano denominó la “Colonia interior” gobernada desde Bogotá. Es importante resaltar que la base del poder económico de dicha “colonia” estuvo centrado en la propiedad de la tierra (latifundio) y en el servilismo que combinados permitieron la apropiación absoluta del trabajo y de la vida biológica y social de las personas que conformaban el campesinado colombiano. Para ello se utilizó la capacidad represiva e intimidatoria de instituciones tales como la Iglesia Católica y la Fuerza Armada, ocasionando un proceso de rebelión campesina que se prolonga hasta el presente con las FARC.

A partir de finales del siglo XX y hasta el presente, el narcotráfico se consolidó como una parte importante del proceso de acumulación de capitales de la oligarquía latifundista colombiana. De allí el intento de capos como Escobar, los Ochoa, los Uribe, y muchos otros de copar el viejo Estado liberal-conservador, particularmente el Congreso Nacional, las finanzas, la policía y el ejército para hacerse con el poder del Estado. La represión desatada contra los carteles de la droga, ahora con el apoyo de Estados Unidos a través del Plan Colombia, se inscribiría dentro de una lucha por el poder entre los clanes del patriciado liberal conservador centrado en Bogotá en un intento por conservar su poder tradicional opuesto al poder emergente de las oligarquías narco-latifundistas del interior.

En esa lucha de poderes, era importante lograr una alianza estratégica para eliminar al tercer oponente, las FARC, que representan la insurgencia histórica armada de la población campesina colombiana contra ambos poderes oligárquicos. El Pacto de Ralito permitió “nacionalizar” el narcotráfico en un cartel único y hegemónico que sirve de fundamento al nuevo narco-Estado colombiano con el apoyo de familias de las narco-oligarquías provinciales como los Uribe-Ochoa, etc. El patriciado colombiano representado por la Familia Santos, controla el sector estratégico de los medios de comunicación y tiene nexos carnales desde inicios del pasado siglo con los servicios de inteligencia estadounidenses. Posiblemente con el soporte económico de la CIA, como parte de la política cultural global de dicha agencia, pasquines que editaba la familia Santos tales como El Tiempo, se subsumieron en un cartel de medios privados de comunicación, escritos y radioeléctricos, que forman hoy día parte de la estructura hegemónica global de medios controlada por el Imperio.

La política genocida del narco-Estado se orientó, por una parte, a destruir la infraestructura regional de las FARC, así como también de “quebrar” mediante el terror todas las estructuras de defensa de los derechos humanos, las organizaciones sindicales obreras y campesinas, a expulsar a los campesin@s de sus tierras y convertirl@s en un lumpen urbano de ciudadan@s excluid@s, desorganizad@s, dependientes de las limosnas oficiales y presas fáciles de la intoxicación mediática televisada, radiada o escrita por el cartel hegemónico de la Familia Santos.

La tarea de llevar a cabo la política de tierra arrasada fue asignada a las familias latifundistas oligárquicas tales como la Uribe-Ochoa, quienes organizaron el ejército paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mediante el terror organizado y los asesinatos tanto selectivos de candidatos presidenciales, líderes sindicales, defensores de los derechos humanos y periodistas, como la eliminación física de colectivos humanos completos, publicitando sus métodos de utilización de las motosierras para despedazar los cuerpos de sus oponentes y eventualmente comérselos y beber su sangre (canibalismo), las bandas delincuentes apoyadas por el ejército y la policía colombiana lograron infundir el terror no solamente en la población en general, sino también en la dirigencia política de la oposición que no se atreve a cuestionar seriamente el poder del narco-Estado colombiano. La Familia Santos, por su parte, se ocupa de quebrar y colonizar las mentes no solamente de la población colombiana sino también de los sectores de derecha, que no son pocos, de América Latina, Estados Unidos y Europa, remachando el carácter terrorista de la FARC y ocultando la horrible condición genocida de las fuerzas represivas del narco-Estado colombiano: bandas paramilitares, policías y militares, así como el carácter antidemocrático de la dictadura de medios de comunicación que ha servido, como se explicaba en los manuales de guerra anti-subversiva redactados por los coroneles paracaidistas del ejército francés en los años cincuenta, para la poner en condición las poblaciones, lo que se denomina el lavado de cerebros, para lograr su sumisión ante el poder colonial.

La expresión política del Pacto de Ralito en su fase actual, se manifiesta en la composición política del presente narco-gobierno colombiano: la Presidencia le correspondió esta vez a un representante de las familias narco-latifundistas provinciales, el Presidente Uribe Vélez, quien tuvo a su cargo la tarea de asesinar a todos los colombian@s que se pudiesen oponer al nuevo narco-poder. La Vicepresidencia o sea el control por “default” del Estado por ausencia del Presidente, le corresponde a un miembro de la Familia Santos. El control del ejército y su relación con el plan Colombia,

es decir el Pentágono y la CIA, le correspondó a otro miembro de la familia Santos como Ministro de la Defensa. Es conveniente recordarle a los venezolan@s, que el último gran despojo territorial que sufrió nuestro país a manos de Colombia en 1941, y que significo la pérdida de 108.000 km2 (la península de la Guajira, parte de la serranía de Perijá y sectores del Alto Apure, entre otros), ocurrió durante la administración de un Presidente Santos. Es conveniente igualmente señalar que uno de sus nietos o sobrino nieto es actualmente Vicepresidente de Colombia, mientras que otro –nuestro más acérrimo enemigo- fue hasta hace poco Ministro de la Defensa del gabinete de Uribe y aliado carnal del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Israel. ¿Hace falta mayor explicación?

Para enfrentar el grupo narcolatifundista de Uribe, el narco-patriciado bogotano y los halcones neoconservadores y sionistas de Estados Unidos e Israel, el Presidente Chávez tiene que reagrupar las fuerzas del ALBA en UNASUR y el Consejo Suramericano de Defensa, boicoteado por el ministro Santos, evitando cualquier confrontación bélica que podría ser negativa para Venezuela y Ecuador, incluso para Cuba y Brasil. La amenaza militar que representan para la región las fuerzas coaligadas de los gobiernos de Colombia, Estados Unidos e Israel, es enorme, sobre todo cuando tienen bajo su control una importante base estratégica para el Comando Sur, desde la cual coordinar y apoyar las acciones subversivas de las clases medias y los empresarios fascistas que detentan la mayor parte del poder al sur del Río Grande. Para muestra basta un botón: la base militar de Palmerolas y el golpe fascista de Honduras.

El narcotráfico, desde la óptica neoliberal, es simplemente otro negocio rentable con profundas implicaciones estratégicas. El gobierno de Estados Unidos controla en este momento dos de las principales fuentes del narcotráfico mundial: el opio en Afganistán y la cocaína en Colombia. Gracias a la droga han logrado conformar el narco-Estado colombiano y el narco-Estado mexicano que son completamente serviles a sus políticas y, muy posiblemente, también el narco-Estado estadounidense donde los grandes capos de la droga parecen estar amparados y ocultos dentro de la maquinaria gubernamental, política y financiera. No debemos olvidar que en el siglo XIX el imperio británico se consolidó en Asia sobre la base del narcotráfico del opio. Una acción similar -que ya está en marcha en América Latina- podría ser la gangrena diseñada para corromper nuestras sociedades, destruir UNASUR y reafirmar la hegemonía del Imperio en nuestro continente.

El Presidente Chávez conoce mucho mejor que nosotros los entresijos de esta compleja situación y apoyamos por tanto su iniciativa de romper relaciones con el gobierno colombiano. Frente a la oligarquía que lo controla, Venezuela debe actuar con mucha firmeza, sin ambigüedades, y postergar cualquier ablandamiento de las presiones sobre dichos grupos hasta que surja una nueva correlación de fuerzas que estimule la negociación entre los actores políticos colombianos Por otro lado, debería continuar profundizando la Revolución Bolivariana, organizando al pueblo venezolano para defenderla y equipando cada vez más y mejor a la Fuerza Armada Bolivariana. En el contexto mundial actual, es nuestra posibilidad de supervivencia en el corto, el mediano y el largo plazo.


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