La aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley Habilitante que otorga facultades especiales, en los términos de la Constitución política nacional, para que el Presidente Nicolas Maduro expida con fuerza y rango de ley varias disposiciones durante los próximos 12 meses para contrarrestar la insurrección económica de la gran oligarquía es un paso trascendental en el nuevo ciclo político que vive la revolución popular bolivariana.
La Ley es un instrumento político extraordinario que repotencia los recursos del bloque revolucionario en cabeza del Presidente Maduro, para dar pasos muy concretos en la transformación del viejo Estado oligarquico y neoliberal, que ya tiene un trecho avanzado con el paqueta de disposiciones vigentes desde el 2011 para la organización del Estado comunal.
La transición prolongada que experimenta la sociedad y el Estado venezolano desde el neoliberalismo hacia el postcapitalismo, es una permanente disputa con la élite burguesa que se ha recreado mediante la apropiación fraudulenta de la renta petrolera nacional, desviada y localizada en paraísos fiscales,en perjuicio del desarrollo nacional, de las urgentes transformaciones agrarias y de la construcción de una sólida base productiva, científica y tecnológica.
Las medidas que tome la presidencia tienen un amplio apoyo popular, cuentan con un extendido consenso nacional y su contundencia recoge todo el caudal critico expresado recientemente desde diversos ámbitos de la sociedad civil revolucionaria que descubrió oportunamente las fuentes y los apalancamientos del atraco burgués contra los patrimonios sociales y comunitarios. La regulación del mercado mediante la fijación de precios que eliminen la usura y las proyecciones de formas mercantiles acotadas por los sentidos que se desprenden de una visión humanista, solidaria, equitativa e igualitaria, serán de mucha trascendencia en la efectividad de los usos políticos e institucionales de las facultades aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Dos campos de trabajo se vienen en lo inmediato. La profundización de la lucha contra la corrupción y la ofensiva contra la guerra económica que se planteo el objetivo de destruir la base material de la sociedad.
Es menester la movilización social, el apoyo político, el refuerzo conceptual y periodístico en el ámbito de la esfera pública a la dirigencia del Estado y del proceso para que cada paso que se de ocurra en la dirección de construir correlaciones de fuerza que defiendan las conquistas sociales, económicas, soberanas y políticas de las mayorías populares.
