Las actuales medidas gubernamentales en el contexto de la lucha contra la especulación, no han dado los resultados esperados por el pueblo venezolano, al menos por los pobres y por buena parte de la clase media. Y es que se continúan presentando irregularidades como las siguientes: a) Diversos rubros y servicios se ofertan a precios escandalosos, entre ellos alimentos como las carnes y la leche, las medicinas, los artículos ferreteros y la ropa; b) Las rebajas son ficticias, considerando que muchos de los comerciantes siguen teniendo ganancias enormes; c) No hay sanciones de peso para los pocos especuladores detectados por el Estado venezolano, salvo en casos puntuales. Posiblemente no sea encarcelado ni uno solo de estos delincuentes, entre otras cosas porque prevalece en Venezuela un sistema judicial burgués; d) La ineficiencia burocrática y complicidad de organismos que se supone deben defender al consumidor y usuario y no al capitalista. Tal es el caso del INDEPABIS; e) Otras. Si algún lector cree que es mentira o exageración lo indicado aquí, que venga al estado Mérida para que observe una pequeña muestra.
Y no hay el resultado esperado en esta “lucha” contra la especulación por la sencilla razón de que el capitalismo está vivito y coleando, aunque algunos se empeñen en hacer creer que vivimos en socialismo o estamos muy cerca. De más está señalar que el capitalismo es un sistema económico y una concepción de vida cuya naturaleza es incontrolable; sólo acepta cierta regulación estatal siempre y cuando los márgenes de ganancia sean amplios. El capitalismo no ha tenido ni tendrá rostro humano en ninguno de los modelos reales y teóricos; las características de todos éstos se resumen en la acumulación y reproducción de capital a costa de la explotación y pobreza de las mayorías, y de la depredación medioambiental. De manera que las medidas tomadas por Maduro y su Gobierno para proteger al pueblo de los especuladores podrán tener las mejores intenciones, pero en el contexto capitalista prevaleciente es poco lo que se puede hacer para el bienestar de buena parte de la población. Más aún, algunas de dichas medidas han beneficiado a numerosos comerciantes-delincuentes, al desatarse un frenesí de consumo estimulado por las supuestas rebajas anunciadas con bombos y platillos. Es una verdad de Perogrullo que el consumismo es uno de los pilares del capitalismo.
Ante semejante panorama consideramos necesaria una estrategia que identificaremos como intervención popular directa, no contemplada en el Poder Popular gubernamental. Mientras que el Gobierno sólo permite que el pueblo intervenga de forma limitada en la lucha contra la especulación, impidiéndole su participación activa en la toma de acciones contra los comerciantes (ver la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios); la intervención directa se caracterizaría no sólo por la vigilancia constante de todos aquellos establecimientos comerciales en los que se sospeche la comisión delictiva, sino que en el caso de ser detectada la infracción, el pueblo actuaría inmediatamente, pasando por encima de instituciones como el INDEPABIS y su accionar (o inacción) lento, burocrático y procapitalista. El Poder Popular ideal de cara a la liquidación progresiva del Estado burgués.
En términos generales la intervención popular directa, que no debe ser confundida con la toma desorganizada y mucho menos violenta de los comercios, tendría dos variantes en el caso de la distribución de alimentos y otros rubros:
Control temporal máximo de cuatro días, aplicado a aquellos comercios cuyos propietarios sean infractores por primera vez, y la especulación no sea tan elevada. Aquí miembros de las comunidades en las que se ubiquen tales establecimientos, administrarían los mismos, vendiendo únicamente las mercancías reguladas y distribuyendo el dinero recaudado, equitativamente, entre los empleados de los comercios tomados. En este caso el Estado debería actuar rápidamente para multar a los estafadores; en caso contrario la propiedad privada comercial pasaría a ser propiedad social. Lo generado por las multas sería invertido en educación, salud y servicios públicos.
Control permanente, aplicado a aquellos comercios cuyos propietarios sean estafadores reincidentes y/o beneficiarios de una especulación grotesca. Aquí el pueblo se apropiaría de dichos comercios, transformándolos en propiedades sociales con cierto apoyo gubernamental. A todos esos estafadores se les debería enjuiciar y condenar, confiscando todos sus bienes en pro de la inversión social.
Ciertamente la intervención popular directa contra los especuladores no garantizaría el éxito per se, considerando la prevalencia del nefasto capitalismo, pero al menos sería mucho más eficaz que las medidas gubernamentales hasta ahora planteadas y ejecutadas. Además sería una especie de muro de contención para aquellos que puedan verse tentados a protagonizar acontecimientos similares a “El Caracazo”. Al final, sólo el pueblo salvará al pueblo.
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