He venido denunciando -con la secreta esperanza de que algún medio de la Revolución, vocero del gobierno o especialista de los derechos humanos se hiciera eco de ello- que la guerra económica, que impulsa la CIA, la oligarquía parasitaria y sus medios en Venezuela, cumple todos los requisitos de crimen de lesa humanidad.
Ha sido una guerra económica planificada y ejecutada en forma generalizada y sistemática, con el fin de hacer daño en la población.
La oposición y la oligarquía parasitaria organizaron –muy importante– conscientemente: el desabastecimiento, subida de precios, ocultaron medicinas, alimentos, repuestos médicos, reactivos, productos higiénicos, etcétera, que causaron y siguen causando daño a la salud física y mental de la población.
Los gremios e instituciones de oposición –fascistas– actúan como delincuencia organizada con complicidad de los medios.
El Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas deberían actuar, porque esta guerra económica también pudiera ser clasificada como crimen organizado.
Mientras gobiernos capitalistas en el mundo suprimen derechos sociales y lanzan a millones de familias a la miseria, ¡a la calle!; en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro atiende la deuda social, lucha contra la pobreza por la inclusión y la justicia social.
El Gobierno Revolucionario ha aumentado la capacidad adquisitiva del pueblo, mejorado su hábitat y la calidad de vida de las familias y los ciudadanos, así como su capacidad de ahorro y consumo.
Por eso cuando la oposición y la oligarquía parasitaria abandonan la lucha política para destruir la acción del gobierno, que satisface las necesidades humanas, y atentar contra la vida, se convierten en criminales.
¡Así deben ser tratados!
