Apenas acaban de ser enterrados los cuerpos de los mineros asesinados en Tumeremo por grupos de peligrosas mafias, entre los cuales estarían incursos presuntos grupos (para)militares y cúpulas civiles, quienes se han adueñado del estado Bolívar en relación con el oro de Venezuela, y días después, en vez de concluir semejante masacre con la captura de los autores intelectuales, termina en otro hecho sangriento y condenatorio: El asesinato de una comunicadora en ese misma zona del país.
Este no es un simple asesinato. ¡No! Es un móvil político. Es evidente que las investigaciones de esta comunicadora social traspasaban las barreras de los intereses de los asesinos y grupos irregulares que se han adueñado de las minas de oro venezolanas. Lo insólito de este hecho, es que una acción de este tipo ocurre, cuando supuestamente, Tumeremo está “militarizada” y controlada por todo tipo de comando de la fuerza armada. Entonces, ¿Ni siquiera de esta forma los ciudadanos están protegidos de estas bazofias “humanas”, para quienes no queda ninguna otra calificación adjetiva?
¿Dónde quedan las “acciones”, por parte de quienes desde lo más alto del poder regional, es decir, ordenadas por el gobernador Francisco Rangel Gómez, con el propósito de acabar con los grupos irregulares y asesinos quienes mantienen en zozobra a la población, incluyendo a nuestros grupos indígenas del estado Bolívar? ¡Pues en nada! Este “señor” no es un gobernador. Es otro burócrata. Ante hecho dirá que los responsables de este otro asesinato son grupos desestabilizadores en la tierra de nadie en que se ha convertido este espacio de la geografía venezolana. O sea ¿Nunca es responsable?
¿Qué nos van a decir el ministro de la defensa, la fiscal general de la República o el defensor del Pueblo, o más aún, el presidente de la República? La única respuesta es que estamos ante un Estado que al hablarnos todos los días de sus inconsistencias para derrotar a sus enemigos anti-patrias, lo único que revelan es que no existe Estado para derrotar a estos grupos quienes al margen de la ley, han impuesto sus códigos de violencia y ajusticiamiento, sobre quienes les estorban para la concreción de su “mundo” lleno de múltiples hechos delictivos.
Lo que ocurre en el estado Bolívar y en otras zonas del país como Guárico o el sur del estado Apure y el Amazonas, (por cierto, muchas de ellas silenciadas), es el dominio no sólo de grupos paramilitares, sino de guerrilleros y grupos organizados en complicidad con parte de militares venezolanos y para colmo dirigentes políticos, quienes desde el poder se han confabulado contra la sociedad. Por ello, imponen su política del terror, el secuestro, la matanza y la imposición de sus públicas conductas ante la más perversa impunidad.
Estamos en presencia de un Estado criminal. ¡Sí! Un paralelo Estado criminal, porque el responsable de impartir justicia y hacer cumplir las leyes y el orden fue desbordado por estas huestes quienes como serpientes, han infectado todo su veneno sobre la sociedad. Venezuela no sólo tiene un problema económico y social. Tiene uno más grave. Está repleta de una especie de auténticos golpistas pero en contra del pueblo y la sociedad, para quienes el asesinato es la mejor manera de resolver sus problemas. Sólo quienes se desplazan con escoltas están seguros.
La vida en Venezuela no tiene valor en el gobierno de Maduro. Paz a los restos de la periodista, Lucía Suánez, asesinada en el pueblo que todavía llora a sus hijos mineros. Hoy Tumeremo y Guayana se han convertido en el infierno de Venezuela ¡Desgraciada realidad! Su pueblo, así como el país en general merecemos otra suerte. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
