Hace apenas ocho días atrás Yaracuy se constituyó en noticia, por cuanto, lo que nunca había pasado en la región, al menos, en estos últimos 20 años, por demás de manera violenta y abrupta, ocurrió con una marcha de la oposición, convocada el 23 de enero, que dejó como saldo lamentable una persona fallecida, más de 30 heridos, entre ellos 7 guardias nacionales (con quemaduras graves), cuatro vehículos incendiados, daños patrimoniales del Palacio de Gobierno, incluyendo una escuela, además de varios negocios saqueados y un importante número de detenidos, entre ellos 11 menores.

El caso de los detenidos le tocó ventilarlo a la jueza de primera instancia del tribunal de control número dos de la excepción de la responsabilidad penal del adolescente del estado Yaracuy, Ediluh Guedez Ochoa, quien denunció, a través de las redes sociales, que fue "amenazada de muerte", junto a su familia, por negarse a privar de libertad a los menores que protestaron en contra del presidente Nicolás Maduro.

Guedez, por intermedio de un vídeo, en donde se aprecia desencajada, con un rostro impávido, y una mirada distante, acusa directamente a la presidenta del Circuito Judicial Penal y juez rectora de Yaracuy, Dayci Lorena Sánchez Nieto, de "coaccionarla", pero además, sin mostrar pruebas o argumentos convincentes, asegura que la juez Sánchez actúo "siguiendo lineamientos políticos del gobernador, Julio León Heredia".

Lo más grave que dice Guedez es que fue amenazada de muerte, junto a su familia, por el solo hecho de haberse negado a decretar la detención preventiva contra los adolescentes retenidos, y por el contrario les otorgó la libertad plena, aunque, al menos en el vídeo, no menciona quién o quiénes la amenazaron con quitarle la vida.

Es extraño, para cualquiera que conozca de este caso, que Guedez haya sido amenazada de muerte, intuimos, por la juez rectora, pues dice que fue la persona de quien asegura no la quiso atender, sin que esta última haya tomado en cuenta lo grave que esto significaría para su reputación, o que lo haya ordenado el propio gobernador León Heredia, sobre quien "enfiló también sus baterías", a través de la declaración que hizo pública.

Guedez asegura también que se sintió acorralada, una vez que se apersonó al comando policial de la urbanización "Juan José Maya", por funcionarios policiales y otros órganos de seguridad del Estado, y por la propia presidenta del Circuito Judicial Penal, como si este hecho se constituyera en un delito.

Hasta donde podemos tener conocimiento en un Comando Policial no se puede esperar encontrar gente, vestida común y corriente, como se pretende desear, pues es público y notorio que allí convergen los funcionarios encargados de resguardar la seguridad y orden público, incluso uniformados, portando armas disuasivas y de fuego.

La juez Guedez, ya al término del video, hace unas revelaciones verdaderamente sorprendentes.

Primero asegura que es "imperativo" recuperar el estado de Derecho y la justicia en Venezuela, pero extrañamente se negó dictar la privativa de libertad, lamentable por demás, por cuanto los retenidos eran menores, en contra de quienes estaban siendo señalados de causar los daños patrimoniales y privados, a lo largo de la marcha opositora.

Este hecho nos hace recordar aquel menor, junto a otros delincuentes, que le dio muerte desgraciadamente para robarlos, en la autopista que conduce desde Puerto Cabello a Valencia, a la ex miss Mónica Speed, junto a su esposo. Intuimos que si este caso hubiese caído en aquel tiempo en manos de la juez Guedez tal vez el indiciado en el crimen hubiese logrado la libertad plena, solo por ser menor edad.

En lo personal no tenemos nada en contra de los muchachos que fueron detenidos, por el contrario lamentamos que hayan sido utilizados para hacer lo que hicieron, pero si fueron sorprendidos cometiendo delitos, como fue detenida también la madre del coordinador en Yaracuy de Voluntad Popular (VP) en flagrancia a bordo de una camioneta van, repleta de bombas molotov, piedras, cauchos y con embaces llenos de gasolina, como lo aseguró el gobernador León Heredia, algo nos hace pensar que los delitos en Yaracuy están siendo pasados por debajo de una meza.

Guedez seguidamente invita también a través del vídeo a los demás jueces "que pierdan el miedo y a trabajar en función de recuperar la autonomía", judicial, que supuestamente da entender está secuestrada por el gobierno.

La juez además indicó que reconoce al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, "y como juez me pongo a su disposición".

Sobre este punto debemos resaltar que ahora se entiende el por qué algunos tribunales de la República no funcionan ajustados a derecho para impartir justicia, pues no se entiende como la juez Guedez consideró en un principio como bueno y excelente al TSJ legal y genuino del país, que la nombró jueza en Yaracuy, y ahora a quien se debe es al tribunal clandestino que pretende operar desde el exterior.

Lo risible de todo es que dice estar en plena disposición del TSJ usurpador, como si pretendiera seguir desde Yaracuy operando como jueza con normalidad.

Aun cuando cada quien tiene derecho de entregarle su "corazoncito" a quien así lo desee, la jueza Guedes remata su actuación de poca calidad de teatro diciendo que comparte la decisión que asumió el diputado Juan Guaidó, al auto nombrarse presidente "interino" de la República.

Está claro que la jueza Guedes desconoce incluso, y así lo deja entrever, el contenido taxativo de la Constitución, pero además echa al "cesto de la basura" las disposiciones legales que impone el Código Penal, para todos aquellos que usurpan un cargo público, como lo ha hecho de manera pública y notoria el diputado Guaidó.

Cada vez estamos más convencidos que los psiquiatras en este país tienen una ardua tarea que cumplir, pues son muchos los pacientes que requieren de una debida atención, producto a los males que les han inoculado, al extremo de ponerse en contraposición de las leyes, opinamos, desde esta humilde trinchera.