Los Pueblos Indígenas de Perijá y Maduro como el nuevo Colón resucitado

Roberto López Sánchez

El territorio occidental y al sur del Lago de Maracaibo estuvo ocupado desde siglos antes de la invasión europea por diferentes etnias indígenas, las cuales hicieron una resistencia prolongada a los intentos de los españoles de ocupar sus territorios ancestrales. Aunque parece que los primeros contactos de los europeos con los Barí en el suroeste del Lago fueron pacíficos, la esclavización forzada contra los indígenas, ejecutada a comienzos del siglo XVII, originó su rebelión y resistencia prolongada durante dos siglos, hasta finales del siglo XVIII, cuando se produjo un período de paz a partir de 1772, que duró 40 años, mediante acuerdos logrados por intermedio de los misioneros capuchinos (se puede consultar: Lizarralde, Roberto. 2004. Sobre la Violencia entre los Barí y los Criollos en Perijá, Estado Zulia 1600-1960. Boletín Antropológico n° 60. Universidad de los Andes. http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/18504/articulo1.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Durante la guerra de independencia, las misiones Capuchinas fueron expulsadas del país, y los indígenas de Perijá se mantuvieron durante un siglo viviendo aislados de la sociedad criolla republicana. Pero a partir de 1890, con la construcción del ferrocarril desde La Fría hasta Encontrados, el posterior ingreso de las compañías petroleras extranjeras en la segunda década del siglo XX, y la expansión de las haciendas ganaderas desde Machiques hacia el sur, a partir de 1940, se desarrolló una campaña muy violenta para expulsar de sus tierras a los Barí y a los Yukpa. Para fines del siglo XIX, el territorio ocupado por los Barí en la Costa Occidental del Lago de Maracaibo ocupaba aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados, incluyendo las cuencas de los ríos Catatumbo, Tarra, Tibú, Sardinata, Río de Oro, Intermedio, Lora, Aricuaizá, Río Santa Rosa y Río Negro. El despojo del territorio Barí a lo largo del siglo XX llevó a que perdieran el 90 % de sus tierras, según calcula Lizarralde para 1983 (se puede consultar: Roberto Lizarralde y Stephen Beckerman. Historia Contemporánea de los Barí. Boletín Antropológico n° 10. Universidad de los Andes. 1983).

Lizarralde llama a este proceso ejecutado contra los indígenas de Perijá como de "limpieza étnica", organizado y financiado por las compañías petroleras y los hacendados terrófagos. El establecimiento y la expansión de las haciendas ganaderas en toda la región de Perijá se efectuó mediante la ejecución de horrendas masacres que grupos organizados y armados por estos mismos ganaderos realizaron contra varias comunidades Barí. Lizarralde relata de manera específica, con todo detalle, las masacres ocurridas contra las comunidades de Shisabai, el 16 de enero de 1941, y de Bahkuagyá, en 1958, en donde fueron asesinados varias decenas de indígenas Barí, hombres, mujeres y niños. Con anterioridad a estas fechas, en las primeras décadas del siglo XX, compañías petroleras como la SHELL también organizaron incursiones armadas contra los poblados Barí, tratando de matar la mayor cantidad posible de personas y destruyendo sus bohíos y conucos. Todas estas incursiones hicieron énfasis en asesinar mujeres y niños, con el objetivo de dificultar el crecimiento poblacional de ese grupo étnico.

El resultado de estas incursiones armadas contra los Barí significó la pérdida de la casi totalidad del territorio que ocuparon durante el siglo XIX, y la reducción al mínimo de su población. Para el momento del proceso de contacto pacífico con los Barí en 1960, en el cual participó inicialmente el antropólogo Roberto Lizarralde (luego del primer contacto, el gobierno nacional prohibió a los antropólogos seguir participando en ese proceso de contacto, y dejó la situación en manos de las misiones de sacerdotes Capuchinos, a los que posteriormente se incorporaron las monjas de la congregación de Madre Laura), este investigador testimonió que el pueblo Barí estaba reducido a unas pocas decenas de familias, y había perdido por lo menos el 85 % del territorio que ocupaban para 1900.

Los Barí se replegaron hacia la cuenca del Río de Oro y río Intermedio, que constituyen límites entre Venezuela y Colombia en plena Sierra de Perijá. Algunas de las tierras bajas abandonadas por los Barí fueron ocupadas en las últimas décadas del siglo XX por la etnia Yukpa, que originalmente constituían un grupo indígena muy reducido tanto en población como en territorio.

En estos primeros años del siglo XXI, tanto los Barí como los Yukpa han reclamado territorios dentro de las haciendas existentes en la región de Perijá, pues las mismas constituyen sus territorios ancestrales. Los indígenas reclaman esos territorios, pues constituyen las tierras que les pueden permitir realizar las actividades agrícolas y pecuarias imprescindibles para la supervivencia de sus comunidades. La respuesta del gobierno nacional ha sido de muchas promesas, de nombrar numerosas comisiones presidenciales para abordar esa problemática, las cuales nunca han terminado en cuestiones concretas. No han pasado de las promesas.

Por el contrario, desde hace unos 15 años, el gobierno ejecuta de manera disimulada una política de represión contra las comunidades indígenas de Perijá, que ha conducido al asesinato del cacique Yukpa Sabino Romero, en 2013, y de otros diez dirigentes de dicha etnia. Estos asesinatos se produjeron luego de una campaña durante años en la cual se criminalizó la justa lucha de los indígenas por recuperar sus tierras ancestrales. El mismo cacique Sabino Romero estuvo año y medio encarcelado por estas acusaciones derivadas de su lucha por la tierra. En esta campaña de criminalización contra los Yukpa tuvo una destacada actuación el funcionario del gobierno William Castillo, quien en plena entrevista a Sabino Romero por VTV en noviembre de 2012, lo acusó de estar manipulado por supuestas organizaciones no gubernamentales "extranjeras" (la Sociedad Homo et Natura, integrada por sociólogos y antropólogos de la Universidad del Zulia), y de recibir supuestos financiamientos desde el extranjero, con el objetivo de "desestabilizar" al gobierno de Chávez. Esta campaña desatada desde la televisión oficial contra Sabino Romero desembocó en el asesinato del dirigente indígena en marzo de 2013, a manos de sicarios pagados por personajes que la justicia venezolana ha sido incapaz de identificar y someter a juicio luego de una década de dicho crimen.

Actualmente, la sociedad zuliana ha sido sacudida nuevamente por la protesta de las comunidades Yukpa y la represión que ejecuta el gobierno contra dichas protestas. Las comunidades indígenas de Perijá, al igual que todas las comunidades campesinas del país, afrontan problemas casi insalvables para comercializar sus productos agrícolas, debido a la falta de gasolina y el mal estado de las carreteras. Los Yukpa, tratando de sobrevivir mediante actividades productivas alternativas a sus tradicionales cultivos, han tratado de comercializar sus artesanías, tanto en Maracaibo como en Caracas. Pero se han encontrado con la prohibición de circulación por el país que les ha impuesto por vías de hecho el gobierno de Nicolás Maduro.

Las comunidades Yukpa que se trasladan en camiones hacia Maracaibo, trayendo sus artesanías para venderlas aquí, desde hace meses son detenidas en diferentes alcabalas a lo largo de la carretera que comunica a Machiques con Maracaibo, prohibiéndoles el paso y en algunos casos les han decomisado sus artesanías y sus productos agrícolas. Esta obstaculización del libre tránsito contra los Yukpa se ha extendido en las últimas semanas al Puente Rafael Urdaneta (puente sobre el Lago de Maracaibo). Las situaciones de violencia que se han presentado se originan en los intentos de las comunidades Yukpa por traspasar las barreras policiales y militares que Maduro ha ordenado imponerles a los indígenas para que no puedan llegar hasta Caracas.

Junto con esta prohibición de hecho, violatoria de la Constitución Nacional en su artículo n° 50, que garantiza el libre tránsito por todo el territorio nacional, el gobierno ha lanzado una campaña a través de las redes sociales en la cual criminaliza la justa lucha de los Yukpa. Esta campaña está dirigida desde el Ministerio de Pueblos Indígenas, que en realidad actúa como ministerio de colonias, al mismo estilo de los conquistadores españoles. En un video de la intervención de la viceministra Marianny Romero en una reunión en el cuartel principal de Machiques (https://twitter.com/JEvaristoX/status/1670127787875749889), se escucha claramente cómo acusa a la organización Homo et Natura (integrada por antropólogos y sociólogos de LUZ y de la UBV), y al profesor Lusbi Portillo, de ser los responsables de la lucha Yukpa. Junto con esto, el gobierno ha detenido a numerosos dirigentes Yukpa que fueron apresados en el Puente sobre el Lago, y en la alcabala del kilómetro 18 de la carretera a Perijá, y los criminaliza acusándolos de generar situaciones de violencia que impiden el libre tránsito, cuando la realidad es a la inversa, es el gobierno el que impide el libre tránsito porque no quiere protestas Yukpas en Caracas.

Tanto los cuerpos policiales y militares, como los funcionarios del ejecutivo que actúan contra las comunidades indígenas de Perijá, están repitiendo una política etnocida y genocida que tiene 500 años de desarrollo. Nicolás Maduro es el nuevo Cristóbal Colón del siglo XXI. Pero ya no les cambian a los indígenas espejitos por tierras. Ahora los han arrinconado en las alturas de la Sierra de Perijá, y les impiden el normal desarrollo de las escasas actividades productivas que logran ejecutar como mecanismo de simple supervivencia, violando también el artículo 112 de la CRBV que permite desarrollar a los ciudadanos venezolanos la actividad económica de su preferencia, y el 123, que garantiza a los pueblos indígenas el desarrollo de sus prácticas económicas tradicionales.

Hoy el gobierno de Maduro, a través del ministro del interior Ceballos, impone un nuevo "Plan Yukpa", con participación de diferentes ministerios, y de los activistas del PSUV en el movimiento indígena. Los dos anteriores planes yukpa, formulados en la última década, tuvieron millones de presupuesto aprobado incluso en la gaceta oficial, pero que nunca fueron ejecutados (fueron robados). El mismo Tarek El Aissami, cuando era ministro del interior, estuvo tres días en el Zulia recogiendo las propuestas de las comunidades indígenas de Perijá. Se fue para Caracas con esas propuestas y más nunca volvió. Por eso es que este nuevo "plan yukpa" no tiene mayores garantías de ser ejecutado.

Al igual que las promesas y cuentos de los conquistadores españoles, el gobierno de Nicolás Maduro repite en pleno siglo XXI las mismas promesas y cuentos, mientras al mismo tiempo reprime duramente a las comunidades indígenas que se movilizan y protestan por sus legítimos derechos.

No hay diferencia entre el etnocidio indígena cometido por la conquista española, con su continuación en el período republicano a través de las compañías petroleras extranjeras y los ganaderos terrófagos, y la actual política del gobierno de Nicolás Maduro, que ha asesinado a una docena de dirigentes indígenas yukpa, encabezados por el cacique Sabino Romero, y que intenta matar de hambre a los miles de indígenas que aún sobreviven en tierras de Perijá, impidiéndoles la comercialización de sus productos agrícolas y artesanales.

Nos unimos a las organizaciones e instituciones que le exigen de inmediato al gobierno nacional:

¡ Respeto al libre tránsito de las comunidades indígenas de Perijá por todo el país !

¡ Cese a la criminalización contra el pueblo Yukpa y libertad inmediata de sus dirigentes detenidos !

¡ Apoyo logístico para que las comunidades indígenas de Perijá puedan comerciar libremente sus productos agrícolas y artesanales !

¡ Cese a la persecución contra la organización Homo et Natura y contra el antropólogo Lusbi Portillo !

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 18 de junio de 2023.