El pasado 22 de febrero en la ciudad de Caracas, el Contralor General de la República, Dr. Clodosvaldo Russian, hacia una exposición magistral sobre el Sistema Nacional del Control Fiscal, el avance normativo y sustancial de la misma tanto en el ordenamiento jurídico como en la función contralora por parte de todos los entes de la administración pública. Señalaba que con la nueva Constitución Nacional, se pretendía crear una institucionalidad que asegurara al Estado, sus instituciones y la sociedad crear una nueva estructura social, más equitativa y justa. La función última de esta nueva estructura: resolver los problemas sociales.
En su interesante reflexión nos señalaba a los presentes, de la visión estratégica que la Contraloría tiene por desarrollar, indicando que no existe institución del Estado que no sea susceptible de ser controlada, y de la necesidad histórica de convertirnos los ciudadanos en contralores sociales.
Con tan importantes palabras y mensaje, me puse luego a reflexionar y sentí el vacio de contraponer dicho mensaje con la realidad. Y a pesar de estar de acuerdo con el Contralor de la República, me siento en la obligación y con el deber moral de señalar que estamos tan distantes y tan separados de dicha disertación.
El caso es que, cuando se emprende una lucha contra la corrupción, la desidia gubernamental, y se denuncia con pruebas, recorriendo cuanta institución de gobierno se puede, haciendo escritos y solicitando investigación, la injusticia de un “proyecto revolucionario que camina de espaldas a lo que se predica” es una constante.
El camarada Hugo José Cerrada, presidente desde septiembre del 2009 de una OCV (Educadores La Fortaleza) en la ciudad de Mérida, ha venido denunciando junto a la directiva que le acompaña y a las 128 familias que le componen en Asamblea, al IPASME y a una Constructora Privada (Desarrollos El Cobijo), por haberlos estafado y engañado con la construcción de sus residencias sociales en la ciudad de Ejido, que comenzaron a ser construidas en el 2005 y que debieron haber sido entregadas en el 2007. Estamos finalizando el mes de febrero de 2011 y el resultado, además que no se han entregados las viviendas, es que con la brillante actuación de los incompetentes Fiscales Auxiliares Cuarto y Decimonoveno de la Circunscripción del Estado Mérida, y con la anuencia de su “excelentísimo” Juez Penal de Control Nº 6, el denunciante ahora se encuentra privado de libertad.
En la audiencia de presentación, una de las denunciantes (miembros de la OCV) y por cierto, forma parte de los “elementos de convicción” usados por la Fiscalía, señalaba abiertamente que nunca había denunciado al presidente de su organización, que lo había hecho contra el IPASME y la Constructora, y cito textualmente lo señalado por una de ellas: “de cuando acá los pájaros le disparan a la escopetas”, señalando claramente que la Fiscalía uso sus denuncias para imputar a líder de dicha organización.
El caso, paradójico por cierto, es que “como se está investigado y se tienen órdenes desde Caracas que se deben meter preso a cualquiera por el caso de las estafas inmobiliarias”, pues se debe actuar sin mirar para los lados, es decir, sin respetar las garantías y derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional.
La falsa “política” y los personeros gubernamentales con el fin de entregarles “cifras y reportes” al Presidente, les importa nada cometer cualquier acto de injusticia, y este es un caso palpable. Pero además, ignoran por completo que se está afectando, no sólo la vida y reputación de un líder social, sino levantan las condiciones objetivas para desalentar a todo un colectivo de maestros y profesores compatriotas, muchos de ellos simpatizantes del proyecto bolivariano, que con esfuerzo y dedicación esperan la entrega de sus apartamentos.
De esta forma, contravenimos el mandato supremo de esta revolución, la de ofrecer “mayor suma de felicidad al pueblo”, y de paso cometemos los más viles actos de injusticia. Así, difícilmente, quienes sienten desde hace tiempo frustración y decaimiento por una gestión gubernamental que no camina, ni acompaña el discurso del Comandante – Presidente, puedan seguir acompañándolo, y mucho menos pensar en la posibilidad de sumar nuevas voluntades.
Seguiremos dando la batalla desde el punto de vista jurídico, con el equipo de abogados (y no porque tenga mucho dinero, quienes le acompañan lo hacen por dignidad y camaradería), demostrando que la Fiscalía del Ministerio Público en Mérida, y el Juzgado que lleva el caso han violentado el debido proceso, nunca han tenido elementos serios, convincentes que demuestren que una persona, denunciante de los abusos y corrupción de los entes del Estado, y que han perjudicado a 128 familias, sea culpable, como para imputarle estafa inmobiliaria. Y desde el punto de vista político, seguimos denunciando este acto de cobardía, injusticia y amedrentamiento que se está cometiendo contra Hugo José Cerrada.
Exigimos al Ministerio Público: 1. Que busque la denuncia de fecha 26-05-2010, ante el Instituto Nacional Para la Defensa de las Personas para el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS) de Mérida, Expediente N° 198/2010 interpuesta por Hugo José Cerrada en su carácter de Presidente de la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) Educadores de la Fortaleza, en relación a las presuntas irregularidades detectadas al asumir su gestión. 2. Que se sirva oficiar a la Contraloría General de la República y se recabe resultas de la denuncia interpuesta por Hugo José Cerrada, presidente de la Junta directiva de la OCV Educadores de la Fortaleza según oficio N° ACEF-020-10, de fecha 28-06-2010, que demuestra que el compañero Hugo desde el momento que asume su gestión y al detectar las irregularidades que hoy pretenden atribuirle las comunica a las autoridades correspondientes, a pesar de la falta de pronunciamiento por parte de estas. 3. Que busque los Antecedentes Penales de nuestro camarada y se sirva oficiar a la Superintendencia de Bancos, solicitando a su vez a las diferentes Instituciones Financieras, cualquier tipo de cuentas bancarias, tarjetas de créditos y cualquier otro instrumento, incluyendo sus respectivos estados de cuentas, que posea nuestro camarada, para demostrar, no sólo la persona honesta que es, sino también, su origen y condición humilde, profesor universitario, y que su modo de vida es tal cual como cualquier otro miembro de una comunidad de docentes universitario. Y 4. Exigimos una investigación seria y responsable. Exigimos que se presente la Audiencia preliminar y el compañero Hugo Cerrada sea puesto en Libertad.
Cuando el Contralor General de la República señalaba, que todos los ciudadanos debemos ser contralores sociales, me viene la pregunta a la cabeza, una y otra vez, reflexionando sobre el Caso de Hugo José Cerrada: ¿Para qué coño denunciar y emprender una lucha contra la corrupción, si vas a ser sacrificado por el mismo sistema corrupto, incompetente e ineficaz que aún no se desmonta y cada día se fortalece?
En fin, para reflexionar sobre este caso, y para demostrar que hay un tiempo venidero donde deberá lograrse y encontrarse la verdad, cierro esta nota citando al eterno compañero, presidente Salvador Allende: “Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas de la historia para que pase el hombre libre”
Querido Hugo José: Venceremos!!
(*) Politólogo
