El gobierno venezolano por boca del presidente Chávez, afirmó categóricamente, que en cumplimiento de los acuerdos internacionales --entre Santos y el, así de sencillo, al carajo con los principios revolucionarios-- se estaba tramitando la expulsión de Guillermo Torres Cueter, también conocido como Julián Conrado hacia Colombia. Ya antes, había llegado a otro “Acuerdo Internacional telefónico”: la entrega de Joaquín Pérez Becerra.
Además agrego, que asumía la responsabilidad, e invitaba otros, incluido al ciudadano periodista sueco a asumir la suya, cuando fue él, el que apeló por el reconocimiento de un estatus de beligerancia a las FARC. Vale destacar que los pueblos están ausentes de tales decisiones. Se confirma que se trata de una línea política claramente definida del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la entrega de revolucionarios, siguiendo la “política de seguridad” de Colombia: "Son asuntos de Estado, y yo hago votos para que se mantenga las buenas relaciones políticas, económicas, sociales entre dos pueblos que somos hermanos”. Sentenció: “Estamos cumpliendo con nuestra obligación y seguiremos haciéndolo”. Una política revolucionaria se hace con los pueblos y no con los gángsteres del poder.
Cierto es que, en nuestra constitución la justicia debe ser expedita, sin dilaciones, y también debe respetar el debido proceso, la tutela legal efectiva, y otros principios. Pero la captura y entrega en tiempo record de uno y otro, por autoridades de uno y otro país, en un país que dice ser revolucionario, es aceptar el desigual y absurdo sistema de justicia mundial, que es el mejor instrumento para reducir la voz de los pueblos, en hombres y mujeres con conciencia de humanidad y libertad. Hacer el juego político con las reglas jurídicas de la dominación y la explotación, es legitimar la burla leguleya hacia los pueblos oprimidos. Qué hacer entonces?, hagamos cumplir nuestra constitución con Carmona, (asilado dando conferencias contra Venezuela) verían a Manuel Rosales (solicitado y con difusión roja) entrando a Colombia a entrevistarse con sus compinches, ni que decir del teniente Paolini, acusado acá de traición a la patria. Es difícil comprender como las instituciones y entes del Estado mantienen un silencio sepulcral ante estos hechos; el Psuv hace lo propio y de los medios de comunicación y sus 5% ni se diga. Solo las vagas y pálidas justificaciones dadas por Maduro e Izarra y por el híper liderazgo de la revolución bolivariana. Es el pueblo en su acción, profundizando organizadamente sus luchas, el único llamado a tomar en sus manos la corrección de tales desaciertos y cerrar el paso a quienes --en uso de los desatinos mesiánicos-- pretenden abonar el descontento popular para restaurar un pasado de oprobio.
Pongamos lo que dice la Constitución Nacional y la Democracia Participativa y Protagónica, en práctica. Sometamos esta política del Estado venezolano, a un referéndum, dándole vida artículo 71, y que sea la voluntad popular, quién dicte la línea a seguir.
“Desechar las ilusiones, prepararse para la lucha” (Mao Zedong)
Acompaña a las Organizaciones Sociales de base del proceso revolucionario a la marcha contra el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción y la criminalización de las luchas populares este martes 07 de junio, a partir de las 9 A.m., desde Plaza Venezuela pasando por el Paseo Colón, con parada en la Fiscalía y de ahí, hasta la Asamblea Nacional.
Bajo el lema ¡No, a la criminalización de las Luchas Populares!, La Coordinadora Simón Bolívar te invita a hacer parte de ésta importante actividad.
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