A partir del año 1999, con la aprobación popular y posterior promulgación de la nueva Constitución Nacional, el Estado venezolano ha venido transformando sus estructuras políticas, jurídicas, sociales, económicas y culturales, lo que ha traído como consecuencia la construcción de una nueva relación entre los ciudadanos y las instituciones de gobierno, a través de una concepción democrática y protagónica de las organizaciones sociales, así como, la participación activa de distintos actores en los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas.
Ya pasado una década de aquel importante momento político, y el rol de la gestión pública debe pasar necesariamente por un proceso de cambios profundos. A pesar de los esfuerzos y lineamientos políticos establecidos, como por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, y en el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, la transformación institucional del Estado, no ha logrado generar una cultura de gestión eficiente, lo que ha generado algunos problemas en la coordinación y complementariedad interinstitucional, afectando los niveles de respuesta frente a las demandas sociales.
En este sentido, El Estado, la administración pública y el poder comunal, deben intervenir para reconstruir un orden social, político, económico, cultural, etc. De allí, que la formulación de las políticas y gestión pública en Venezuela deben presentarse a partir de una situación donde el Estado, contando con una riqueza natural, y el poder comunal, como expresión democrática de los intereses colectivos, decidirán a cuál de los sectores o áreas deben priorizarse la distribución los recursos, y todo ello debe hacerse por medio de una administración pública más flexible, organizada, preparada para asumir los cambios y nuevos retos, manteniendo los criterios de eficiencia, eficacia, calidad, corresponsabilidad y transparencia.
El Estado y el gobierno venezolano necesitan redefinir algunas políticas para cada sector estratégico, de forma que logre legitimar el modelo político, pero también debe existir la acción pública dirigida a la modernización económica, y ésta se debe expresar en el papel industrializador del Estado que contribuya a su propio crecimiento. El enfoque de administración pública adoptado desde el pacto de Punto Fijo hasta la actualidad, siguiendo la teoría científica taylorista (énfasis en las tareas, jerarquización extrema) y la burocrática-racional weberina (énfasis en la estructura, especialización de la administración), ha estado caracterizado por deficientes mecanismos técnicos, baja calidad de información en los decisores que evidencian un patrón más bien intuitivo, tentativo, el cual responde a definiciones interesadas y particulares, más que analíticas, racionales e incluyentes.
La nueva estructura de la administración pública, bajo el modelo de democracia socialista, requiere de respuestas a las necesidades humanas colectivas, y vincular las posibilidades de solución a problemas por la vía de las decisiones políticas con la participación activa de los ciudadanos, es decir, toda gestión pública exige una participación y planificación previa, y una serie de decisiones que finalmente se convierten acción política con lo que el gobierno podrá enfrentar cualquier problema social.
La administración pública, debe tener un nuevo enfoque de aplicación, que necesita del carácter multidisciplinario e incluyente, además tener una coherencia entre lo político y lo ideológico con el proyecto de desarrollo nacional, pretendiendo superar las limitaciones de los tradicionales sistemas administrativos, de finanzas, políticas públicas, etc., que asumen como incontestable el mito weberiano de una burocracia puramente ejecutiva y políticamente neutral, y se centran en la descripción de las estructuras político-administrativas y de los procedimientos.
La administración pública, dentro de un Estado socialista, debe tener una conexión de significado con lo político y la vida política, y la toma de decisiones debe basarse en el consenso y la participación de los ciudadanos y los administradores del poder público. Una gestión pública eficiente en este sentido, consiste claramente en una red de planificación, decisiones y acciones que distribuyen valores que busca influir en la conducta de otros para resolver problemas de acción colectiva. De allí, se desprende el hecho que las políticas públicas centren su atención en el enfoque sistémico y flexible de toma de decisiones del gobierno, a la luz del criterio imperativo que han de ser decisiones correctas u óptimas, causal y económicamente eficientes en la producción de beneficios públicos para la comunidad.
Por otra parte, el reto del nuevo modelo de administración pública pasa por construir un nuevo marco de responsabilidad en la gestión, legitimando los valores de participación, corresponsabilidad, transparencia, honestidad, eficiencia, eficacia y calidad. Para ello, también se hace importante, consolidar la cultura de la planificación y evaluación que garantice el verdadero compromiso en la gestión de lo público, en los términos más convenientes para que se haga efectivo el control social democrático.
De ahí, es necesario elaborar las herramientas para la planificación con participación activa de los ciudadanos, como los mecanismos de control técnico y social, y la evaluación posterior. Desde el punto de vista de los requisitos necesarios para ello, las herramientas de planificación y de control no deben ser instrumentos diferentes sino las dos caras de la una misma moneda.
(*) Politólogo
