Durante la primera fase de la crisis económica mundial (2007-2009), los gobiernos de los países más afectados por ésta, comenzando por el de los Estados Unidos, tomaron medidas enérgicas, aplicando las lecciones aprendidas de los primeros meses que siguieron a la quiebra de Wall Street en octubre de 1929.

En aquella época, la ausencia de una intervención del Estado para apoyar a la vez el sistema financiero y la demanda había llevado a consecuencias muy graves en términos de recesión y quiebras, que condujo luego a una radicalización política y social. En reacción al laisser-faire de 1929, ahora se adoptaron en el Norte una serie de medidas para amortiguar el impacto de la crisis financiera como ayudas masivas a los bancos, inyección de una masa enorme de liquidez para evitar un agotamiento completo del crédito y los intercambios, reducción del tipo de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos seguido por la del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo… Se adoptaron también algunas medidas para limitar la caída de la renta de la población y del consumo. Se establecieron algunos estabilizadores sociales, como varias disposiciones que garantizan los ingresos o procuran un ingreso de sustitución, independientemente de la actividad económica realizada. En varios países, estas disposiciones se prolongaron durante varios meses para aumentar su función de red de seguridad. Algunos planes de reactivación consistieron en aumentar el gasto público para atenuar la caída del gasto privado. En este contexto hubo gente que pensó que, ante la crisis, los gobiernos de Barack Obama, Gordon Brown, Nicolás Sarkozy, José Luis Rodríguez Zapatero, José Sócrates, e incluso los de Angela Merkel y Silvio Berlusconi, cambiarían sus políticas hacia un modelo keynesiano mediante un aumento estructural del gasto público, con concesiones a los asalariados, imponiendo normas estrictas a las sociedades financieras y  deteniendo la ola de privatizaciones, o incluso decidir nacionalizaciones duraderas[2]. Pero no se produjo nada de eso.

A posteriori, razonablemente se puede pensar que estos “amortiguadores sociales” se establecieron sólo temporalmente para reducir la recesión y limitar los riesgos de explosión social que hubiera podido causar esta crisis, provocada por el efecto combinado del apetito de beneficio máximo de los banqueros y de varias décadas de políticas neoliberales. En efecto, en 2008, los gobernadores y los editorialistas de los grandes medios de comunicación financieros tuvieron realmente miedo de que un despertar de la opinión pública a la crítica radical del capitalismo desembocase en una movilización popular, a favor de cambios revolucionarios. Esta angustia especialmente se sintió cuando el derechista gobierno griego de la Nueva democracia recurrió rápidamente a una serie de medidas de austeridad. Éstas originaron un mes de diciembre, en 2008, socialmente explosivo, y condujeron a su bochornoso fracaso electoral en las elecciones legislativas anticipadas de octubre de 2009. En cuanto a los países del ex bloque soviético que se integraron en la Unión Europea, y principalmente los que lo hicieron desde 2004, aplicaron la estrategia del shock a partir de 2008. La presencia en el lugar del FMI desde hacía de 10 a 15 años reforzó y facilitó esta orientación, no sin que eso causase, en algunos países, grandes movilizaciones sociales. En Islandia, que no forma parte de la Unión Europea, la estrategia del shock se aplicó con prontitud, lo que causó una enorme movilización popular y una crisis política importante que implicó la caída del gobierno, y el rechazo por referéndum de un plan de reembolso de la deuda externa.[3]

Para evitar sucesos similares, Estados Unidos, Alemania, España, Gran Bretaña y Francia realizaron, entre 2008 y 2009, algunos gastos para estimular la demanda. Al actuar de este modo, los gobiernos difirieron la puesta en práctica de la estrategia del shock:[4] el recurso a un shock psicológico importante (como el causado por una crisis de gran amplitud, un desastre natural o un ataque terrorista) para imponer una nueva ola de reformas neoliberales y draconianas medidas económicas que sería imposible aplicarlas en tiempos normales. Por lo tanto, los gobernantes de estos países (con el apoyo de la Comisión Europea en el viejo continente) combinaron el rescate de los bancos y las aseguradoras con la instauración de algunos amortiguadores sociales y, para conseguir calmar el descontento social contra los banqueros, los mismos gobernantes criticaron duramente a las ovejas negras que se encontraban a la cabeza de algunas instituciones financieras privadas. Criticaron incluso un determinado tipo de capitalismo desbocado y algunos de ellos llamaron a la refundación del capitalismo. Además, en ese momento, hicieron todo lo posible para que no se mencionara el peligro de un aumento masivo de la deuda pública, con el fin de no llamar la atención sobre la causa principal: el coste exorbitante del rescate de los bancos, sin que las sumas empleadas hubieran servido para imponer un control público al sector financiero y sin que las mismas pudieran recuperarse utilizando el patrimonio de los grandes accionistas de estos bancos.

La aplicación de la estrategia del shock en estos países se produjo más tarde, a partir de 2010, después de que se hubiera aplicado en los países más débiles de la cadena de endeudamiento y de la zona euro: Grecia, Irlanda, Portugal… Es fundamental, en la actualidad y mientras los gobiernos compiten para imponer tratamientos de austeridad cada vez más enérgicos y más dramáticos, que la opinión pública sepa exactamente por qué nos encontramos en esta situación: los gobiernos de los países más industrializados, lanzados en una fuga hacia adelante ante las exigencias de los mercados financieros, actúan en contra de los intereses de sus poblaciones. El rescate de bancos que habían realizado inversiones muy arriesgadas para obtener un beneficio inmediato, por una parte, y las políticas fiscales muy favorables a los más ricos, por la otra, hacen pagar a las clases modestas, en forma creciente,  las consecuencias de la crisis mundial y de un capitalismo congénitamente desigual. En otras palabras, se obliga a las víctimas de la crisis a pagar por los que son sus responsables. Esto explica por qué millones de personas viven esta situación como una profunda injusticia, que puede llegar a ser un detonador muy potente.