"Porque las palabras, si no lo sabe, se mueve mucho, cambian de un día a otro; son inestables como sombras, sombras ellas mismas, que tanto están como dejar de estar, pompas de jabón, caracolas que apenas dejan oír la respiración, troncos cortados". (José Saramago, Las intermitencias de la muerte).

Uno de los más conspicuos representantes de la tesis de Estado mínimo es el escritor estadounidense, Robert Nozick, quien en el texto: Anarquía, Estado y utopía, insistirá en que el Estado debe concentra sus accionar en la justicia (tribunales) y la seguridad (policías y ejercito) Todo lo demás (educación, salud, alimentación, etc.) se deja a la libre iniciativa privada de los individuos.

Sin embargo, en esta era del Covid-19 una verdad que retumba por todos los confines de la Tierra es que ese tesis de Estado mínimo ha entrado en franco cuestionamiento en tanto el mercado y sus leyes no aplican para nada en esta ocasión y los sistemas de salud de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y España y otros, se derrumban por su incompetencia.

El libre mercado ha demostrado su agotamiento prácticamente total. No es verdad que el mercado sea el "orden natural" de las cosas, motivo por el cual el Estado debe tener un rol mínimo, como sostienen los neoliberales. Es al revés, es el Estado quien, en conjunto, con los ciudadanos, en un régimen genuinamente democrático, debe establecer las leyes y las normas de convivencia que permiten un desarrollo económico y social parejo para todos y sin privilegios infundados.

La realidad de Venezuela

Mientras lo último es una realidad, en Venezuela ocurren las cosas más insólitas del universo. Como se sabe, la República Bolivariana de Venezuela levanta las banderas antineoliberales y en la Constitución Nacional se establece la conformación de un Estado democrático y social de derecho y justicia (art. 2). Pero, además, en los últimos tres planes de la nación (2007-2013, 2013-2019 y 2019-2025) se aboga por la construcción del socialismo donde el Estado vendría a jugar un papel no sólo de monopolizar la coacción física, como diría Max Weber, sino también sería la instancia llamada a generar una nueva hegemonía societal.

Ahora bien y por paradójico que parezca, aquí, en Venezuela, está en desarrollo el "Estado mínimo", aunque todo el entramado jurídico de la CRBV se base en una importancia capital de la participación del Estado en la vida societal. Diríamos con José Saramago que "las palabras, si no lo sabe, se mueve mucho" y "cambian de un día a otro".

Los rectores de las universidades nacionales autónomas, hacen lo que quieren y desean. Tienen vencidos los plazos en los cargos para los cuales fueron elegidos, ya incluso superando tres períodos, se resisten a realizar elecciones y no hay nadie que los enfrente y los convenza de que ellos no son un Estado dentro de otro Estado. Aquí el Estado democrático y social de derecho brilla por su ausencia.

Los comerciantes, chinos, portugueses, italianos, colombianos, isleños y hasta venezolanos hacen lo que sus bolsillos les indiquen. Ponen el precio diario que ellos desean y quieren. Lo hacen en comercios y los hacen en restaurantes. A su vez, los dueños del capital actúan a sus anchas, especulan y monopoliza lo poco que se producen el país e incrementan sus ganancias exponencialmente.

En ambos casos el Estado democrático y social y justicia hace poco al respecto y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) brilla pero por su ausencia. No existe autoridad oficial que le ponga un parao a esas groseras y abusivas practicas.

En materia de política monetaria y cambiaria el Estado actúa ciertamente a través del Banco Central de Venezuela (artículos 318 y 319 de la CRBV), pero lo hace a reacción, sin un propio "plan de ataque". Por un lado, sucumbiendo ante posturas neoliberales (en el terreno monetario el miedo a un supuesto exceso de liquidez que debe controlarse para evitar la hiperinflación) y por otro, prácticamente actuando "Boquiabierto" ante los marcadores, vía online, del precio de la moneda gringa.

Los motorizados, lo choferes de autobuses, los que conducen las camionetas de pasajeros y hasta el conductor común y corriente, no respetan las disposiciones del tránsito, tampoco a los semáforo (los que funcionan) y mucho menos a las autoridades encargadas de esa materia, quienes, para colmo, se hacen la "vista gorda" ante esas y otras infracciones.

Representantes del Estado como los policías nacionales, estatales y municipales, en compañía de la Guardia Nacional, en un porcentaje bien importante, incrementado en esta era del Covid-19, aplican la política del matraqueo a "cielo abierto" y con un descaro de proporciones monumentales, pero además, se ríen en la mismísima cara de quien amenace con denunciarlos.

Pero quienes en nuestro país hacen y deshacen son los que andas a sus anchas con motos de alta cilindradas y camionetas de costo inalcanzables para cualquier mortal de este país. Eso sí que mandan. Andan sin placas (pregunto: ¿por qué no cargan placa?, ¿Por qué impiden su identificación?), exhiben sus pistolas o revólveres y tienen el tupé de parar el tráfico cuando ellos quieren y donde sea y si encuentran en la vía lentitud o mucho tráfico, sin mayor tapujo, van en contravía o en reverso, como diría Juan Luis Guerra. Cada vez son más. El descaro no tiene límites. Se sienten poderosos y apoyados.

Ante esa odiosa práctica valen las siguientes preguntas: ¿En qué país del mundo, donde existe un Estados, que es real y se hace respetar, eso se permite? Digo, después de Venezuela.

¿Esos "agentes del poder" y/o "hijitos de papá" tendrán la remota idea de la indignación que eso produce en el pueblo venezolano, que se supone ser el sujeto de la revolución?

Sería recomendable que por algún momento, se pensara no sólo en el presente y en el gozo y narcisismo que sienten quienes hacen uso de esas prácticas absolutamente contrarrevolucionarias, sino también en las consecuencias que ello genera para el futuro mediato e inmediato de la revolución bolivariana. Pero lo peor de todo es que no aparece el Estado, con sus acciones sociales, para impedir esas tropelías y se haga respetar, anidándose en el "imaginario colectivo" la idea de que lo que existe es impunidad.

Sin acudir a Carlos Marx sino a un teórico del "pesimismo antropológico", Nicolás Maquiavelo, se podría recomendar: "Es necesario que quien dispone una república y ordena sus leyes presuponga que todos los hombres son malos y que pondrán en práctica sus ideas perversas siempre que se les presente la ocasión de hacerlo libremente".

El Estado democrático y social de derecho y justicia, para no sucumbir ante el Estado mínimo neoliberal, debe luchar denodadamente contra las impunidades, procurando ajustar mejor el funcionamiento de la ley. Que la ley se extienda, que la legalidad sea la base de las actuaciones de los gobernantes y de los gobernados.

Finalmente, se debe practicar la política del respeto al pueblo de a pie, al pueblo llano, al que en las peores dificultades ha sabido restearse con la revolución bolivariana y para ello es de suma importancia rescatar el papel de un Estado que se "ponga los pantalones y/o las faldas" y, sobre todo, no permitir que la sociedad se embochinche (Francisco de Miranda) e impere el caos, porque luego, cuando llegue la hora de cobrar con votos, las excusas y las visiones positivistas, negadoras de la fuerza de los pueblos, saldrán a la palestra a quejarse y lamentarse, y ya será demasiado tarde.

No permitamos que eso ocurra, por favor